El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, “Este Plan de Choque viene a dar cumplimiento a los compromisos del Acuerdo de Gobierno, y se enmarca en uno de los principales objetivos que es el desarrollo del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar y el refuerzo de las políticas de cuidados”.
También ha destacado que “reforzará la atención a los dependientes y mejorará las condiciones laborales terribles que padecen buena parte de los profesionales, casi todas, mujeres”.
«Hace poco más de un año, pocos imaginaban los ministerios donde gobierna Unidas Podemos fueran capaces de llegar a acuerdos entre sindicatos y patronales, eso se ha normalizado. Este acuerdo es una magnífica noticia para toda la sociedad. Este plan viene reparar una injusticia y da la vuelta a una manera de gestionar la crisis que hizo mucho daño a nuestra patria«, ha indicado Iglesias este jueves tras la firma del acuerdo.
La ley de dependencia supuso un hito y “hoy más de un millón de personas se benefician de las prestaciones, pero su desarrollo partir de 2012 sufrió las consecuencias gravísimas de los recortes de la administración general que dejó de apostar más de 400 millones cada año a financiar estas prestaciones”, ha destaco.
Del Plan de Choque supone un incremento en 600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con el compromiso de aumentos similares en los próximos años 2022 y 2023.
Incremento de 600 millones de euros
A su juicio, esto es una «demostración clara de cómo pueden reforzarse los servicios. «Desde la vicepresidencia social estamos muy orgullosos de haberlo impulsado. Este consenso es la segunda de las razones por las que este acuerdo es una gran noticia para la sociedad», ha destacado, poniendo en valor las aportaciones «sustanciales» de los interlocutores sociales para mejorar el texto, y el trabajo realizado por el secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez.
A él y a la que será nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, les ha dado las gracias por su «excelente labor en este año tan duro», y ha asegurado que seguirán trabajando para cumplir los compromisos adquiridos.
Precisamente, Nacho Álvarez ha destacado que ha sido una «negociación costosa» pero que este jueves «el barco llega a buen puerto, con el esfuerzo de todos». «Gracias a las organizaciones sindicales y empresariales por estos meses trabajados no solo para refrendar la propuesta que traíamos sino para cambiarla, aportar modificaciones y mejorarla», ha subrayado, añadiendo que este acuerdo se puede definir como «política con mayúsculas».
También han firmado el Plan de choque CEPYME, CCOO y UGT. Por parte de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), ha rubricado el acuerdo su presidente Gerardo Cuerva quien también se ha mostrado «orgulloso» por esta firma, más aún tras un año de pandemia «tan desgraciado».
«Quizá en los momentos más complicados es donde se ven las carencias más evidentes», ha precisado, al tiempo que agradecido a todos los que están detrás de las pequeñas y medianas empresas donde ha habido «muchos profesionales dándolo todo».
También ha defendido la «colaboración público-privada» y ha mostrado su deseo de que España se parezca a los países del norte donde «se potencia el Estado del Bienestar creyendo en las empresas». «No me gustaría sentirme como ese árbol frutal en el que con una mano recogemos fruta y con la otra lo taladramos», ha matizado.
En su intervención, Unai Sordo secretario general de CCOO ha asegurado que “esta cuantía debe permitir optimizar la calidad del servicio, reduciendo drásticamente las listas de espera y los tiempos de la tramitación de solicitudes; avanzar en el establecimiento de derechos subjetivos, como la teleasistencia; y mejorar la calidad de la prestación y la calidad del empleo, apostando por servicios profesionales de calidad que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes”.
Además, el secretario general de CCOO ha incidido en “el insuficiente desarrollo de las políticas de atención a la dependencia en España impacta de una forma muy intensa en las trayectorias y carreras profesionales de las mujeres, que siguen siendo las que de facto se siguen ocupando de los cuidados de las personas dependientes”. “La feminización de los cuidados influye en sus carreras salariales y aumenta la brecha salarial y de pensiones”. Por ello, ha insistido en la necesidad de “reforzar las políticas públicas para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres de nuestro país”.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha participado junto a la secretaria confederal del sindicato, Adela Carrió, en el acto de firma del Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia, para la plena implementación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), donde ha subrayado la importancia de este acuerdo “amplio y ambicioso que pone de nuevo las bases de un acuerdo político en el marco del diálogo social”.
Pepe Álvarez ha recordado el primer acuerdo, fruto de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y ha manifestado que entonces “éramos conscientes que esa ley tenía que modificarse porque tenía ciertas lagunas, lo que no esperábamos era el retroceso económico y en derechos que vivimos con la reducción en la cobertura e intensidad de las prestaciones, el retraso en la aplicación de la ley e incluso, la paralización de la misma debido a las medidas de reducción del déficit público puestas en marcha desde 2012”.
Precariedad indigna de las trabajadoras
Además de terminar con las listas de espera de la dependencia y mejorar las prestaciones, Álvarez también ha subrayado la importancia de acabar con las «bolsas de precariedad absolutamente indignas» que hay en el sector. «Quiero agradecer a esas mujeres que todo este tiempo, especialmente en la pandemia, han ido a trabajar por 950 euros, aun sabiendo que se iban a contaminar y lo han hecho porque creían en su profesión», ha zanjado.
Asimismo, ha denunciado que durante la pandemia se ha visto que «no hay control público» sobre los servicios privados y ha pedido que «después de esta lección terrible en las residencias, se garantice que, aunque se preste un servicio por una empresa privada, ese servicio se dé en condiciones».
Mejorar en prestaciones y acabar con las listas de espera
En este sentido, Pepe Álvarez ha apostado por dignificar el sector con “un sistema igualitario y equitativo, con prestaciones suficientes y compatibles para garantizar una protección eficaz de las personas dependientes, una atención pública con profesionales del sector y donde exista un empleo de calidad, con salarios dignos”.
Para ello, Álvarez ha recalcado que es imprescindible asegurar una financiación suficiente y estable y ha dejado claro que, “aunque valoramos positivamente la inyección económica en más de 600 millones de euros para este año y las disposiciones presupuestarias en cantidades análogas para los años 2022 y 2023, sabemos que será necesario un mayor incremento presupuestario y una revisión del sistema de financiación”.
“Es evidente que tenemos que mejorar en prestaciones y acabar con las listas de espera, pero también es necesario atajar las bolsas de precariedad que sufren los trabajadores, sobre todo mujeres, del sector de la dependencia. Unas personas que, durante todo este tiempo, pero especialmente durante la pandemia, han ido a trabajar por 950 euros porque creen en su profesión y en el servicio público. Toda la ciudadanía tiene una deuda con ellas y el Estado debe poner solución a las situaciones de precariedad laboral que genera”.
