La rebelión de la Real Federación Andaluza de Fútbol contra el decreto del Gobierno se ha terminado tras la orden dada desde el Consejo Superior de Deportes de que todos los procesos electorales en las federaciones deportivas deben suspenderse en base a lo indicado en el Real Decreto del Gobierno que estableció el estado de alarma. Ya no hay excusas, las elecciones a la presidencia de la RFAF deben suspenderse hasta que pase la crisis sanitaria.
En concreto, el CSD remitió un informe a todas las federaciones en el que les comunicaba que, en base al Real Decreto del estado de alarma, todas las elecciones previstas para este año quedaban suspendidas si ya se habían convocado, como es el caso de las de la RFAF, o, como ya hizo la Federación Española de Fútbol, aplazar su convocatoria. Este Real Decreto constituyó las cuatro autoridades competentes para gestionar esta crisis. Por tanto, si la RFAF mantuviera su rebelión contra el gobierno tras la resolución del CSD, sería el Ministerio del Interior el que interviniera.
Hay que recordar cómo el candidato no oficialista, César Vera, ya presentó ante la comisión electoral de la RFAF y a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía una solicitud para que se suspendieran o aplazaran los comicios federativos, en base a lo indicado por el decreto que estableció el estado de alarma en todo el territorio nacional por la crisis del coronavirus.
Otras federaciones territoriales ya habían decidido suspender sus elecciones en base a los criterios y la lealtad institucional que despreciaba la Andaluza. Un ejemplo de buena gestión, de responsabilidad para con la ciudadanía y de obediencia a lo indicado por el Gobierno lo dio el Instituto del Deporte de Navarra, quien en una resolución fechada el 16 de marzo decidió la suspensión de todos los procesos electorales de las federaciones deportivas.
Por tanto, ¿cuál era la razón oculta por la que no se suspendían las elecciones a la RFAF? Del mismo modo que el Instituto de Deportes de Navarra o las federaciones de Extremadura o Ceuta (por citar algunas) decidieron que la celebración de los comicios federativos iba en contra de lo indicado en el Real Decreto del estado de alarma, la actitud que mantuvieron tanto el Instituto Andaluz del Deporte como la RFAF podría ser interpretada como una rebelión contra el Gobierno que, al fin y al cabo, es la máxima autoridad a nivel nacional en esta crisis del coronavirus.
Estos comportamientos eran incomprensibles, sobre todo porque las prioridades ahora son otras y porque lo primero que los organismos deben tener en cuenta es mantener a salvo la salud de la ciudadanía y mantener abierto un proceso electoral, desde luego, no lo hace.
La cerrazón de los dirigentes del fútbol andaluces, con su presidente Pablo Lozano a la cabeza, ¿qué intereses ocultaban en semejante desafío a la ley? ¿Tendrá, tal vez, que ver la rentabilidad de ciertos negocios y de ciertas contrataciones de empresas externas? ¿Tendrá, tal vez, que ver con algún compromiso adquirido con Luis Rubiales por el contrato de las finales de la Copa del Rey en La Cartuja? ¿Qué se esconde detrás de la gestión de la Mutualidad de Futbolistas, tanto en la RFEF como en las territoriales, sobre todo en la andaluza?
Por otro lado, el ex presidente de la RFAF, Eduardo Herrera, también debió salir al paso y dar explicaciones sobre el asunto, máxime cuando no las dio en el momento de su dimisión, y muchas tenía que dar, sobre todo si es cierto que dejó el cargo porque alguien le mostró un dosier con determinados asuntos de su gestión supuestamente turbios. Algún día, alguien las dará por él.
Fuentes jurídicas consultadas por Diario16, indican que la actitud mantenida tanto por el Instituto Andaluz del Deporte como por la RFAF podría ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación por incumplir lo indicado en el decreto del Gobierno, sobre todo si continúan incumpliendo las órdenes dadas por el Consejo Superior de Deportes.
