El Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de negociar con la familia Franco para la exhumación de los restos de Francisco Frasco hasta que los nietos del dictador rompieron las conversaciones y anunciaron su intención de recurrir a los tribunales.

El Gobierno estaba dispuesto a abrir una vía de negociación si la familia aceptaba la exhumación  dónde se volvía a enterrar a Franco y cómo iba a ser la exhumación. La reunión entre el enviado del Gobierno y el representante de la familia Franco se celebró a finales de la semana pasada.

Revés judicial

Así, dicho y hecho. Un revés judicial para el Gobierno que ve como un juzgado de Madrid paraliza, por el momento, la exhumación de los restos de Franco.

En un auto con fecha 25 de febrero al que ha tenido acceso Efe, el tribunal acepta paralizar cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular. El Consistorio madrileño tiene tres días para presentar alegaciones al texto judicial.

La semana pasada un auto judicial paralizó la exhumación

El texto de la querella impugna el informe del consistorio con fecha 26 de noviembre de 2019 por el que se declaraba “admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco” y su “traslado a otro lugar”.

el demandante argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 implica la “inminencia de la citada exhumación” con las obras y subraya que en el “caso de autos no se aprecia especial urgencia” para exhumar a Franco que lleva en el Valle de los Caídos 44 años. enviado gubernamental trasladó al representante de los Franco que sacar al dictador del Valle de los Caídos es una decisión política de un Gobierno y un Parlamento democráticos y que, por lo tanto, «no se discute», según informa RTVE.

Finalmente esta semana, los nietos del dictador han afirmado que no quieren seguir hablando y que recurrirán a los tribunales. La

última semana de febrero todos los nietos del dictador se encontraban en España, por lo que pudieron celebrar un cónclave familiar presencial para decidir su respuesta al Gobierno.

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