Quiso el destino que fuese Manuela Carmena, en calidad de titular del Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid, quien el 19 de mayo de 1984 declarara la quiebra del consejo de administración de Waimer S.A., hasta ese momento una boyante empresa con la que los Franco habían mantenido relaciones comerciales con la pérfida y archienemiga Unión Soviética. Aquello sirvió para que la opinión pública se enterara de que el feroz discurso del dictador contra el “enemigo rojo y ateo bolchevique” había sido un cuento chino más de los muchos que el dictador había contado a los españoles en sus 40 años de siniestra dictadura, ya que a la hora de la verdad, cuando se trataba de hacer dinero, poco importaba la ideología del cliente en cuestión sino el éxito del negocio.

Tras la Segunda Guerra Mundial, las relaciones de España con los soviéticos fueron descritas como “el peor de los casos, aunque no de los más problemáticos”. Al discurso de Nikita Jruschov contra el régimen de Franco ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de octubre de 1960, el dictador español respondió con la prohibición del partido de fútbol entre España y la URSS de la Eurocopa de ese año. Sin embargo, todo era un paripé, ya que mientras las relaciones diplomáticas entre ambos países tocaban fondo la empresa familiar de los Franco trabajaba a pleno rendimiento con los rusos. Poco después de la crisis de Guerra Fría, el Caudillo y Jruschov comenzaron el restablecimiento gradual de los contactos. En abril de 1963 ambos líderes intercambiaron cartas sobre desarme y sobre el destino de Julián Grimau, el comunista español condenado a muerte. Ya en 1972 llegaría por fin el acuerdo sobre comercio exterior que establecía misiones comerciales permanentes al año siguiente. Un mero trámite, ya que los Franco llevaban años comerciando con la URSS a título privado. De hecho, una información del diario El País aseguró en su edición de 24 de mayo de 1984 que “Waimer fue la primera empresa que inició en 1965 el intercambio comercial con la Unión Soviética”, y que entre los miembros de su consejo de administración había hombres fuertes del régimen.

El nombre de la misteriosa compañía sale a relucir en el magnífico libro La familia Franco S.A., de Mariano Sánchez Soler, que ha puesto al descubierto los negocios del clan de El Pardo desde el golpe de Estado de 1936 hasta nuestros días. Waimer S.A. fue legalmente constituida en Madrid el 24 de mayo de 1961 con un capital escriturado de 1.600.000 pesetas y se dedicaba a “la importación y exportación de todo tipo de artículos; fabricación, elaboración, distribución, publicidad y compraventa al por mayor y menor de toda clase de productos”. En cualquier caso, según Sánchez Soler, en vida de Franco la compañía se especializó en la venta de material quirúrgico a la Unión Soviética, aprovechando la iniciativa y privilegios de personajes como Cristóbal Martínez-Bordiú, el “Yernísimo” del dictador y marqués de Villaverde.

Cabe recordar que Martínez-Bordiú era médico y tomó parte en numerosos consejos de administración de grandes empresas relacionadas con el sector sanitario durante el franquismo. Según Sánchez Soler, entre 1950 y 1979 el marqués “fundó, presidió y/o formó parte de los consejos de administración de 17 empresas cuyos capitales sociales, según las escrituras, sumaban más de cuatro mil millones de pesetas. Todas las sociedades anónimas que contaron con la presencia de Martínez-Bordiú vieron crecer sus capitales y sus ganancias”: Comercial Flores S.A., que logró escriturar fincas en Madrid y Guadalajara por 95 millones de pesetas; Chequeos por Computadora (Checomp), creada con un capital social de 15 millones; Instituto Técnico de Seguros y Reaseguros S.A. (un millón cien mil pesetas); Clínicas Médicas S.A. (Cimesa, 6,5 millones de pesetas); Instituto Técnico de la Costa del Sol S.A. (300 millones de pesetas); Urgencias Sanitarias S.A. (4,5 millones de pesetas); Sanitas S.A. (fundada en 1956 con un capital social de 3 millones); y MKT Plasco S.A, entre otras.

Las cosas marcharon bien para Waimer mientras hubo exportación de material quirúrgico al “enemigo rojo”, pero la llegada de la democracia hizo que sus socios “abandonaran un negocio que había sido muy rentable”, según cuenta el escritor. De este modo, el último consejo de administración designado el 29 de junio de 1979, y del que el marqués de Villaverde seguía siendo vocal, se topó con “aquel alud de denuncias por impago que comenzaron a llegar hasta los tribunales civiles de Madrid”. Bancos, agencias de viajes, empresas diversas y particulares promovieron reclamaciones de cantidades que, en algunos casos, no superaban las 100.000 pesetas, pero que en total sumaban 100 millones.

Tal como consta en el libro de Sánchez Soler, cuando llegaron las vacas flacas la entonces jueza Carmena requirió “inmediatamente” al último consejo de administración de la compañía para que liquidara la empresa: “Francisco Castiella Pérez, industrial; Jesús Santiveri Capdevilla, industrial; José Luis de Salas Cardenal; Excelentísimo Señor don Gregorio Marañón Moya; Carlos Zurita González, cuñado de Juan Carlos de Borbón; Manuel Santiveri Capdevilla; Excelentísimo señor don Cristóbal Martínez-Bordiú; Demetrio Ullastres Astudillo; Excelentísimo señor don Francisco García Escámez y Jaime Arteaga y Martín”.

“En conjunto, la empresa llegó a tener cuarenta y cinco demandas de reclamaciones, incluyendo dos juicios ejecutivos y veinticinco acreedores. Dos procedimientos ejecutivos instados por el Banco Simeón sirvieron para descubrir que la maquinaria hipotecada (una prensa, una plegadora y una cargadora importadas de la URSS) estaba incautada en la zona franca del puerto de Barcelona por no pagar los derechos de Aduana, y que Waimer, al suscribir los créditos, había firmado una declaración en la que aseguraba que se hallaba libre de gravámenes y cargas”. De alguna manera, los odiados soviéticos habían dejado de ser buenos clientes.

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