El Jefe del Estado dispone de inviolabilidad ante la ley. Sin embargo, hasta ahora parece que no era el único. Se ha dicho que apellidarse Botín era una patente de corso, una especie de salvoconducto para evitar la cárcel por más que hubiese acusaciones tanto a nivel personal como en lo referente a la actividad del Santander que ya hubieran merecido alguna condena por parte de los tribunales. La condena impuesta a Jaime Botín por intentar sacar de España un cuadro de Picasso, a pesar de que no tenía autorización para ello, era ridícula en lo que se refiere a los años de privación de libertad. Recordemos, sólo 18 meses.

La comisión de este delito a Jaime Botín le salió barato, como suele salirle siempre a cualquier miembro de su familia o al Santander, e impedía que el tío de Ana Patricia Botín ingresara en la cárcel. Hay que recordar que la Fiscalía, en su escrito de acusación, solicitó una pena de cárcel de 6 años y una multa de 100 millones de euros. Por otro lado, la petición de la Abogacía del Estado incluía, además, el embargo de la goleta en la que intentó llevarse el cuadro.

Sin embargo, apellidarse Botín en este país es suficiente como para que algunos miembros de la Justicia busquen la manera de no dañar mucho el prestigio de la familia cántabra y, si es posible, hallar cualquier resquicio para absolver de los presuntos delitos cometidos, ya sea de manera personal, ya sea el propio Santander. Jamás hay que olvidar que para salvar a un Botín de la cárcel se llegó a crear una doctrina legal ad hoc retorciendo la propia ley.

La titular del Juzgado de lo Penal 27 de Madrid se ha dado cuenta del error que cometió con la primera sentencia y ha rectificado modificando tanto la condena a cárcel, que pasa de 18 meses a 3 años, como la multa, que pasa de 54,6 a 91,7 millones de euros.

La nueva condena podría implicar que, por primera vez en la historia, un miembro de la familia Botín pudiera verse obligado a ingresar en prisión. La rectificación de la Justicia puede suponer, además, que sea el principio del fin de la impunidad de los Botín ante los tribunales. Fuentes conocedoras de la familia cántabra han afirmado a Diario16 que, sin embargo, la rama Botín liderada por Jaime nada tiene que ver con la de Ana Patricia Botín y que, al estar fuera del Santander, son aún más vulnerables. No obstante, es un comienzo.

La actitud que hasta ahora han tenido algunos miembros del Poder Judicial con la familia Botín provocaba un daño que durante años ha sido irreparable, no sólo a la Administración de Justicia, sino a todo el sistema democrático. A lo largo de los años hemos visto, como se decía anteriormente, cómo el actual abogado de Jaime Botín, el ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez fue el ponente que consagró la «doctrina Botín» que absolvió a Emilio Botín de la acusación de las cesiones de crédito.

Recordemos que gracias a la «doctrina Botín» Emilio Botín, Rodrigo Echenique Gordillo e Ignacio Uclés Romero, presidente, consejero delegado y jefe de asesoría jurídica del Santander respectivamente, fueron absueltos por fraude fiscal y falsedad documental por motivos puramente procesales gracias a una discutida interpretación de la institución de la acusación popular, instituida en el artículo 125 de la Constitución.

También en relación con el Santander y Emilio Botín, Gómez Bermúdez se auto nombró presidente de la sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que iba a juzgar el caso de las “jubilaciones multimillonarias” en el que estaba acusado el entonces presidente de la entidad cántabra por haber pagado a José María Amusátegui 50 millones de euros más una pensión vitalicia de 7 millones anuales y a Ángel Corcóstegui 108 millones de euros por su jubilación anticipada para no entorpecer la carrera de Emilio Botín como presidente en solitario del Santander, entonces BSCH. La Sala de la Audiencia Nacional estimó la recusación de la acusación de don Rafael Pérez Escolar y apartó a Gómez Bermúdez de la causa. El cuestionado autonombramiento de Gómez Bermúdez como presidente y ponente de la causa, no tenía explicación, desconociéndose con que propósito realizó el mismo, aunque la posterior «doctrina Botín» podría ser un indicativo.

Tampoco se puede olvidar cómo tres generaciones de la familia botín ocultaron al Estado español durante más de 70 años parte de su patrimonio de 2.000 millones de euros en Suiza con la utilización de entramados societarios de paraísos fiscales.

Estos hechos fueron reconocidos por la familia Botín en comunicaciones a la Agencia Tributaria recogidas en un auto de 15-6-2011 del Juzgado Central de Instrucción nº 4 (Fernando Andreu) de la Audiencia Nacional tras la aparición de la Lista Falciani resultan el gran escándalo de la oligarquía española.

Que tres generaciones de la familia Botín, desde don Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López, pasando por Emilio Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos y terminando en Ana Patricia Botín O’Shea, en 70 años no tuviesen tiempo de regularizar su patrimonio oculto al fisco español, no fue muy creíble. Como tampoco fue muy beneficioso para la democracia el archivo por parte de Andreu con el argumento de que se había pagado la multa.

En consecuencia, la condena y la posible entrada en prisión de Jaime Botín, ¿es el comienzo de una nueva era para España en la que la familia Botín no es impune a la Justicia? El tiempo y la Justicia lo dirán.

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1 Comentario

  1. A la sobrina deberían de llamarla para que declare en la causa del robo de banco popular. Quizás iría como testigo y conocedora y saldría como imputada por la conspiración con guindos en su rancio y putrefacto club bilderberg.

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