La falta de neutralidad política en el sindicalismo policial

La vigente Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado refiere que entre los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encuentra, dentro de la Adecuación al ordenamiento jurídico, el “Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.”

Este principio nos obliga a todos los policías nacionales en el desempeño de nuestras funciones a la neutralidad política e independencia de los partidos políticos que permita que las ideas propias no afecten al buen desarrollo profesional que requiere el trato con la ciudadanía.

Dicho principio esencial es costumbre que sea trasladado a los estatutos de los sindicatos policiales tradicionales y también por algunas de las organizaciones emergentes para que, lejos de ser de obligado cumplimiento, forme más bien parte de las argucias que decoran el escenario del teatro de sus funciones sindicales y sabiendo que, con dicha confusión, deterioran el clima democrático necesario.

Hace varios años que llevamos viviendo de manera aguda una politización de la Policía a través del uso partidista de determinados políticos a quienes se les encomienda dirigir nuestra función policial, quienes además potencian dicha situación por el despreciable apoyo de los sindicatos policiales que, prostituyendo su importante función, se pliegan a los intereses de las distintas administraciones mal gestionadas, con el simple ánimo de sus cúpulas directivas y determinados de sus subordinados de perdurar en sus puestos, ambos ávidos de privilegios que no disfrutan sus representados.

Desde ARP ya denunciamos la innecesaria pero interesada intervención de los “sindisaurios” tradicionales de manera activa, en conflictos políticos como el suscitado en Cataluña, atribuyéndose dichas organizaciones un protagonismo impostado e ilegítimo, nacido de la necesidad de conseguir adhesiones y afiliación, jugando con las emociones y preferencias políticas de una gran parte del colectivo policial que es eminentemente conservador. En esta estrategia, entristece comprobar que organizaciones y sus terminales, han utilizado las mismas tretas para llegar a nuestro colectivo, ávido de igualdad retributiva, a través del bolsillo y de la exacerbada exaltación del patriotismo, alejados de la neutral defensa del ordenamiento que se nos exige y supone.

En esa espiral de falta de autocontrol se llegó a difundir hipócritas mensajes desde la unidad de acción de los sindicatos representativos SUP, UFP, CEP y SPP, incluso anunciando que dejarían sus liberaciones para ir a Cataluña a defender los intereses de España. O como desde cuentas oficiales de Twitter de algunos sindicatos, que están siendo investigado por distintos delitos de corrupción, amenazaban o difundían mensajes eminentemente políticos, para así desviar los problemas muy serios que tienen que resolver ante la justicia.

Las últimas manifestaciones en Cataluña, en momentos delicados por el ambiente existente, fueron utilizadas para buscar una interesada repercusión, teniendo en cuenta los problemas que podrían suscitar a los manifestantes, y que el mejor lugar para pedir derechos y logros es donde reside la capacidad de decisión política al respecto, que es en la capital de España. Sin embargo parece ser que Madrid sólo ha servido a algunos/as líderes sindicales y miembros destacados, para tratar en su Plaza de Colon de definirse políticamente ante la el colectivo policial y ante la sociedad, expresando el color y el espacio al cual quieren llevar la Policía Nacional y sus trabajadores públicos.

Los escraches ante la sede de los partidos políticos en el poder, en un claro ejemplo de falta de responsabilidad y peligrosa forma de presentarse como ejemplo para cualesquiera otros colectivos, teniendo en cuenta que somos policías, degrada al conjunto de funcionarios ante la opinión pública en general, tratando de asestar un golpe bajo, al gobierno de turno.

En este estado de cosas, a costa de la neutralidad y obligada independencia política, a lomos de la visceralidad y falta de serenidad y análisis necesario, llegamos a la última de las actuaciones más irresponsables y decisiones más perjudiciales, que en este sentido que hablamos, se han producido. Y que afecta de manera grave a los logros del sindicalismo policial desde la Transición, hasta nuestros días.

Cabe decir que desde el punto de vista de la libertad política y los derechos constitucionales de los españoles era absolutamente legítima y legalmente respetable la manifestación celebrada el pasado día 10 de Febrero, una manifestación en la que cualquiera de manera particular en defensa de sus ideas pudo asistir. Sin embargo, en una decisión desafortunada y sin precedentes, Mónica Gracia, la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), sindicato mayoritario en el colectivo y representante hasta hace unos años de lo que fue la desmilitarización y modernización de la Policía, al que antes de convertirse en la herramienta servil del “Sistema caduco y retrógrado” actual, le debemos gran parte de los avances en el colectivo, hizo añicos la neutralidad e independencia de la organización que está llevando a la deriva por su incompetencia, participando en nombre del sindicato junto a cuatro compañeros más, en dicha manifestación eminentemente partidista.

Decenas de años de trabajo de buenos sindicalistas, se marcharon al traste en unos minutos, vendiendo la imagen de una organización que representa pero no le pertenece, y a espaldas y sin la consulta seguramente de sus afiliados, apoyando al partido con el cual tiene magníficas relaciones, no basadas en la independencia requerida en su gestión, sino en actuaciones tan criticadas y deleznables como haber firmado un acuerdo de falsa equiparación de manera precipitada y al objeto de poder aprobar unos presupuestos en los que en aquel momento les iba la vida al Gobierno. Sin olvidar que la consulta a su afiliación quedó en una suerte de artificio, excusado en mentiras y basado en la única verdad verdadera, que dicho acuerdo “ful” iba a ser tirado por los suelos por la mayoría aplastante a favor del NO. En cualquier organización sana una actuación tan demoledora contra sus propios estatutos hubiese acabado con una movilización de sus bases que desembocara con el nombramiento de otra persona que al frente del sindicato lo condujera a la senda de su verdadera misión.

En contrapartida se encuentra la Agrupación Reformista de Policías, nacida del hartazgo de sus miembros fundadores, de sus representantes y de su afiliación, con el sistema corrupto existente en el sindicalismo policial actual que ha prostituido sus funciones y se ha vendido a la Administración. En ARP tratamos de abrirnos camino y poder representar a miles de funcionarios ante los responsables policiales de cada centro policial, y ante los distintos cargos de la Administración central y autonómica, en una acción decidida de exponer trabajo, propuestas y denuncias que entendemos son necesarias, para mejorar el mundo laboral en el CPN y el trato dispensado a la sociedad.

Se hace difícil la desinteresada reivindicación de ARP de los derechos de los y las policías en clara sintonía con toda su ciudadanía, a través del políticamente neutral e independiente desarrollo de su actividad sindical. Todo ello encontrándose los obstáculos e inconvenientes que suponen no adscribirse a nadie ni nada en un sistema que exige servidumbres para ser partícipe de él.

El hecho de buscar a través del reformismo y el progresismo real, el cambio de modelo policial y de representación sindical que auspicia ARP, desde antes que algunos nuevos actores o plataformas sindicales se quisieran atribuir la “exclusiva” de una equiparación salarial, provoca que se nos tilde de “podemitas” o “rojos”, para tratar de confundir al colectivo policial. En todo caso reconocemos que se nos puede tildar de “incomodos ante la Administración”.

Y eso es porque desde nuestros inicios hemos demostrado el máximo respeto a cualquier opción política dentro del arco parlamentario, que tenga el respaldo de las urnas, que respete el ordenamiento jurídico y siempre entendiendo que el veto a la opción política que sea, sí que es politizar una acción sindical, y que desde el punto de vista de la consecución de objetivos para el interés general es una posición que adolece de inteligencia y espíritu democrático.

Dicho lo cual, deberíamos desde el sindicalismo policial reflexionar de la peligrosa deriva a la que lleva la politización de nuestra actividad, teniendo en cuenta que, como organizaciones con proyección pública fuera de la encorsetada imagen que se ve obligada la DGP a ofrecer de la Policía, provocamos en la sociedad un efecto negativo. Porque más allá de la ideología de cada uno, la ciudadanía nos exige que en nuestro desempeño seamos neutrales, y así de esa manera ganarnos su confianza, no porque pensemos igual que algunos de ellos, o incluso de la mayoría, sino porque nuestra actuación, aunque no sea del agrado en determinado momento, esté legitimada por un escrupuloso cumplimiento de nuestros principios básicos de actuación.