Pasan los días y el paradero del rey emérito sigue siendo un misterio que Zarzuela se niega a desvelar. Diario16 ya ha adelantado en exclusiva que Juan Carlos I se ha refugiado del escándalo mundial en República Dominicana, concretamente en una urbanización de lujo propiedad de los Fanjul, el clan de los magnates azucareros y lobistas del Gobierno de Estados Unidos. Pero los españoles tienen derecho a que la Jefatura del Estado, en este caso la Casa Real, emita un comunicado confirmando lo ya publicado y aclarando los detalles y causas del exilio, fuga, retiro espiritual o viaje de placer que el patriarca de la Transición española ha emprendido apresuradamente en los últimos días. A estas alturas, el pueblo español aún no sabe qué ha ocurrido con su anterior jefe del Estado, algo sorprendente e inédito que no ocurre en ninguna democracia seria del mundo. ¿Se ha instalado el primero de los Borbones en el Caribe? ¿Sigue regateando a bordo del yate en las aguas gallegas de Sanxenxo? ¿Se oculta en una jaima del desierto, junto a sus amigos los jeques árabes del petrodólar y una manada de camellos? ¿O quizás se lo ha tragado la historia para siempre y ya nunca más volveremos a saber de él? Demasiadas preguntas sin resolver mientras la opinión pública asiste estupefacta al culebrón dinástico.
La situación empieza a ser esperpéntica y roza el ridículo internacional, con el consiguiente daño a la imagen de la Marca España. En medio de la negociación con Bruselas que supondrá una inyección de 140.000 millones de euros en ayudas y préstamos para la lucha contra el coronavirus en nuestro país, la peor noticia que podía llegar es que un inmenso fango de corrupción alcanza hasta la cúpula misma del Estado. A los antipáticos holandeses y países “frugales” del norte no les hará demasiada gracia el espectáculo que están dando los vecinos españoles del sur, que por un lado piden la limosna de los rescates europeos para poder sobrevivir mientras su jefe de Estado maneja negocios suculentos, provechosas comisiones y cuentas astronómicas sin declarar en Suiza y otros paraísos fiscales. Solo con los 2.000 millones de euros que la Revista Forbes atribuye como patrimonio oculto al emérito se podrían construir unos cuantos hospitales y relanzar la maltrecha investigación científica, ahora que España se ha embarcado en una carrera a la desesperada por encontrar una vacuna contra la pandemia.
De ahí que hoy, más que nunca, los españoles tengan derecho a saber las circunstancias que rodean el imprevisto desplazamiento al extranjero de Juan Carlos I. Sin embargo, en Zarzuela se da la callada por respuesta, todo es silencio y oscurantismo, una estrategia que no hace sino empeorar la situación. A estas alturas del escándalo, lo único cierto es que Casa Real no está gestionando con habilidad y acierto la crisis institucional más grave de los últimos cuarenta años. La falta de transparencia es un cáncer que termina corroyendo los pilares fundamentales del sistema. Habría que preguntarse quién es el responsable de este fiasco comunicativo en palacio, incomprensible teniendo en cuenta que la propia reina Letizia es una veterana periodista y debería saber cómo se manejan estas cosas. Los ciudadanos tienen muchas preguntas, dudas, cuestiones no aclaradas sobre el paradero del hombre que ha regido los destinos del país durante cuatro décadas. No basta con decir que el rey emérito es una persona privada que puede entrar y salir de España cuando le venga en gana y sin dar explicaciones a nadie, como ha afirmado, un tanto imprudentemente, el exministro Margallo. Don Juan Carlos es una figura de dimensiones históricas, no un turista accidental que paseaba por los jardines de Zarzuela. Es alguien que según el decreto de abdicación todavía ostenta el título nobiliario de monarca. Rey emérito, pero rey a fin de cuentas. Es decir, sigue formando parte de la Jefatura del Estado, aunque sea a título honorífico y aunque Felipe VI le haya retirado la asignación anual como castigo por sus correrías financieras. Representa a España allá donde va y consume una serie de recursos económicos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como son los gastos en seguridad, desplazamiento y manutención. Este capítulo resulta especialmente sangrante y bochornoso para la imagen de España. La gran paradoja es que, a partir de ahora, el Ministerio del Interior protegerá con sus escoltas a un personaje que está siendo investigado por los fiscales suizos y españoles por los supuestos delitos de fraude fiscal, cobro de comisiones y blanqueo de capitales. Si los guardaespaldas que acompañan al emérito provienen de la empresa privada y son costeados por la propia Casa Real es algo que también tendría que aclarar el gabinete de comunicación de Zarzuela. Pero aquí no se dice nada, todo se deja correr, y el manto de silencio empieza a ser inaceptable.
La Monarquía española debe dar, a partir de ahora, todas las explicaciones que no se han dado desde 1975. Luz y taquígrafos en cada despacho y en cada salón de la residencia real. Ya no vale desestimar cada pregunta que los ciudadanos interponen en el Portal de Transparencia bajo el argumento de que se trata de información reservada que afecta a la seguridad nacional. La mayoría de las solicitudes de información de los españoles sobre, por ejemplo, “coste de seguridad de la Familia Real” son sistemáticamente rechazadas. En todos esos casos la respuesta es muy similar. Interior zanja el asunto alegando que los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos tiene la calificación de materia reservada por la Ley de Secretos Oficiales. Por esa razón ahora no podemos saber si los escoltas del rey emérito están siendo costeados por los bolsillos de los contribuyentes españoles.
Y por último también convendría que el Gobierno empezara a plantearse en serio llevar a las Cortes un Estatuto Orgánico del Rey y su Familia para regular una institución que ha funcionado autónomamente, a su libre albedrío, durante demasiado tiempo. Ningún otro poder del Estado establecido en la Constitución Española ha gozado de tanta libertad y margen de funcionamiento en este país. Sin duda, la falta de regulación ha favorecido la impunidad y los negocios opacos. Es hora de poner al día tanto descontrol. Si la Monarquía tiene futuro en España o está abocada a su extinción es algo que solo el destino lo dirá (referéndum mediante). Pero mientras llega ese momento, el reinado de Felipe VI debe ser el que ponga orden en tanta alegría, tanto despilfarro y tanto desfase en la Jefatura del Estado.
