Tal y como adelantamos ayer en Diario16, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Según la denuncia, a la que Diario16 ha tenido acceso en las últimas horas, desde el año 2004 se han producido una serie de hechos en el país caribeño que han derivado en presuntos delitos de lesa humanidad y que, además de afectar al pueblo dominicano, han perjudicado a los miles de ciudadanas y ciudadanos españoles que residen en República Dominicana. Este hecho es clave, puesto que se encuentra entre los delitos que están comprendidos en la competencia de la Audiencia Nacional, según se recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial española, presuntos delitos recogidos en el Código Penal.

Tal y como publicamos en el día de ayer, en la denuncia que ya está siendo estudiada por la Fiscalía se ha realizado un estudio de las decenas de miles de millones de pesos (miles de millones de dólares) de las que se han beneficiado empresas privadas, por ejemplo, en el caso Odebrecht, en la financiación de la Fundación FUNGLODE, en la OISOE, en CORDE, en la OMSA o todo lo relacionado con las empresas del actual candidato del PLD, Gonzalo Castillo.

La denuncia indica los siguiente:

Por ejemplo, el trabajo infantil está penado y perseguido por las legislaciones internacionales y, la situación en que la corrupción de los últimos 16 años provocado, con una pérdida de recursos que eran propiedad del pueblo dominicano por varios miles de millones de dólares, ha provocado que en las plantaciones de azúcar se está utilizando mano de obra infantil para que los niños y niñas lleven dinero a sus familias.

En el artículo 3 del Convenio No. 182 de la OIT, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, se propone eliminar todas las formas de esclavitud como la venta de niños, el trabajo forzoso u obligatorio; oferta de niños y niñas para la prostitución, producción y actuación de pornografía; reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas; y cualquier trabajo que afecte su salud.

El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño exige el reconocimiento del “derecho del niño a estar protegido contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

Una de las consecuencias de la corrupción sistémica durante los gobiernos del PLD es, también, la pérdida de recursos en educación, lo que genera que los niños abandonen sus estudios para tener que ir a trabajar. En muchos casos, esos menores caen en manos de las redes criminales ya que, una vez que alcanzan una edad en la que no pueden trabajar y como no tuvieron formación, se les hace muy difícil incorporarse a un mundo laboral cada vez más competitivo y en el que se exige currículo completo hasta para los empleos menos cualificados.

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