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La exministra Valerio tendrá el difícil reto de nivelar el acuerdo del Pacto de Toledo por las pensiones

La exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, será la presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública en el Congreso de los Diputados, encargada de lidiar con la negociación entre las comunidades autónomas

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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La exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio será la nueva presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, que se constituirá el próximo jueves. Afronta la difícil tarea de buscar un consenso entre las distintas fuerzas políticas para reformar el sistema público de pensiones. María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, será la presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

“la voluntad conciliadora de Magdalena Valerio es un hecho constatado”

La diputada y portavoz del Pacto de Toledo por el PSOE, Mercè Perea ha valorado para Diario16.com, el nombramiento de Magdalena Valerio como “muy positivo y esperanzador”. “Si hay alguna diputada que tiene entre sus manos el mayor reto colectivo, esa es Valerio”, ha señalado.

Mercè Perea ha destacado su capacidad técnica y su solvencia política. “Además de una sensibilidad con la columna vertebral del Estado del Bienestar, que es el sistema de pensiones”. Desde el Grupo socialista en el Congreso, “van a apoyar a la presidencia de la Comisión del Pacto de Toledo para resolver, más pronto que tarde, sus recomendaciones sobre el futuro de las pensiones”. Mercè Perea ha señalado a este diario que “esperamos ponernos pronto a trabajar para llegar a acuerdos, en un tema tan importante como es el mantenimiento del sistema público de pensiones”,

Para la diputada socialista, “la voluntad conciliadora de Magdalena Valerio es un hecho constatado, esperamos una voluntad constructiva de todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos. Si bien, la derecha española está más preocupada en competir que en construir”, ha señalado Mercè Perea.

Tanto Valerio como Carcedo, se quedaron sin ministerio en la configuración del actual Gobierno de coalición entre el PSOE con Unidas Podemos.

La anterior secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, destituida del cargo por el ministro Marlaska en esta legislatura, que presidirá la Comisión de Interior.

El anterior alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, el sociólogo Pau Marí-Klose, encabezará la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores.

El PSOE se hará con la presidencia de diecisiete comisiones en el Congreso según el acuerdo parlamentario. Pretenden dejar fuera de esos puestos, que otorgan visibilidad institucional y retribuciones, a la extrema derecha de Vox.

Omar Anguita, secretario general de juventudes socialistas, será el portavoz del PSOE en la Comisión de Infancia y Adolescencia.

El Pacto de Toledo

La Comisión del Pacto de Toledo tiene esta legislatura que alcanzar un acuerdo político para una reforma de consenso del sistema público de pensiones, que no fue posible en las anteriores legislaturas. El año pasado el pacto estuvo cerca, pero no se llevó a buen puerto.

Magdalena Valerio formó parte del Pacto de Toledo entre 2012 y 2014 cuando fue diputada en el Congreso. El representante del partido ultra en el Parto de Toledo apuesta por destruirlo desde su base, ya que apuesta por privatizar el sistema de pensiones parcialmente.

En el último documento se iba a incluir una recomendación sobre la nueva economía, el cambio tecnológico y las nuevas realidades que se plantean. Aunque la recomendación no definía claramente que los robots cotizasen, sí señalaba que de algún sitio debían salir los recursos para que el sistema siga siendo sostenible, se abría el camino para que las empresas que utilicen máquinas para sustituir la mano de obra humana terminen cotizando a la Seguridad Social, como viene reclamando UGT desde hace varios años.

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