Soy funcionario del Estado, mi sueldo está publicado en leyes; y no se crean, soy del grupo A, vamos: que paso de los dosmiles de euros. Para ganar 1.000.000, ya quitados los impuestos y esas cosas, tendría que trabajar 435 meses, esto es: 36 años. Pero, como el kilo estaría repartido mes a mes, mi economía seguiría igual: mi hipoteca, mi coche, mis hijas estudiando fuera de casa, mis libros, mis músicas, una cenilla esporádica con mi amadérrima compañera y… la muerte.

Veo por algunos medios que 18.000.000 de Ignacio González para acá, que si la Gürtel 863.000.000 para allá, que si la Andalucía imparable de la señora Díaz 1.000.000.000, la familia Pujol podría estar ocultando en torno a unos 3.300.000.000 de euros… esto serían unos 120.000 años trabajando yo.

Leo también que casi la mitad de la España que tiene trabajo no llega a 1.000 euros de salario. Para ser un presunto Pujol nos iríamos a un cuarto de millón de años currando. Esto tendría implicaciones evolutivas, quién sabe.

Tengo un lector conocido que me reclama más soluciones y menos critiqueo. Voy a decir algo de Pedrogrullo: si éstos que nos han traído hasta aquí siguen en el poder, saquemos dos conclusiones: o somos lelos o nos han lavado el cerebro para parecerlo.

Aquí va una aportación nada genial, que se habló mucho en el apogeo de la crisis pero que se ha olvidado: hay que reformar estructuralmente el acceso a los cargos públicos. Limitar el tiempo y las condiciones para acceder al dinero público. Para cualquier cargo dos legislaturas y una de descanso, mínimo y sin puertas giratorias, contemplando excepciones sólo para altos cargos con una prórroga de otra legislatura y sólo para Ministerios y Presidencias otros cuatro años más. Vincular el sueldo en la actividad pública a la remuneración de los salarios de los funcionarios, si se viene del paro; y en otros casos establecer una compensación que duplique las ganancias declaradas públicamente antes de acceder a una candidatura para ser votado. Ni dietas, ni viajes… nada, una buena remuneración que no permita en ocho años cambiar de estatus social. Y después otros ocho en tu trabajo. A descansar y probar la vida real.

Otra propuesta más, querido lector: regular la jornada laboral de los políticos. Horario de oficina con las guardias pertinentes por las responsabilidades correspondientes, como muchos funcionarios tienen. Penalizaciones económicas y posibilidad de despido por incumplimiento de los horarios. Cualquiera que haya trabajado en una Administración pública es consciente de las psicopatías que evitaríamos con esto, en cualquier partido se sabe que el más cámara chupa o más tiempo pasa en la sede mejor acaba. Hay que hacer el vacío a la morralla.

Otra: queda terminantemente prohibido cualquier tipo de publicidad o propaganda de la gestión pública, salvo interés informativo para el contribuyente. Apliquemos el evangelio: por sus actos los conoceréis. Esto incluye una minimización del protocolo, que se mantendría exclusivamente para armonizar relaciones con otros Estados pero reducido a la mínima expresión. Debemos separar todo boato e institucionalidad de la política, porque eso es jerarquía y poder y una tentación casi inevitable para percibir de qué clase viene una y a cuál podría pertenecer con leve ascenso.

Habría que reforzar, paralelamente, el papel fiscalizador de un cuerpo de funcionarios creado ad hominem y muy bien pagado y sometido a unas penas anticorrupción brutales.

Y esto es todo por hoy. No hay opción, o sacamos la zorra o a la esclavitud. Nada más.

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