Quien haya tenido una causa judicial contra Banco Santander sabe que una de las estrategias de la entidad presidida por Ana Patricia Botín es la de alargar los procesos judiciales de manera, en muchos casos, innecesaria o la de no llegar a acuerdos extrajudiciales con sus clientes para evitar litigios, obligando a esos consumidores a acudir de manera recurrente a la Justicia. Se trata, en consecuencia, de una estratagema que tiene como único fin evitar que sus clientes afectados por cláusulas o productos tóxicos recuperen su dinero.
Uno de los casos más claros de esto lo encontramos en la promotora Inversión Hogar, que lleva litigando casi 30 años con el Santander y en el que se ha dado, entre otras cosas, que el banco cántabro afirme una cosa y la contraria, lo que va en contra de la doctrina y la jurisprudencia de los actos propios.
Sin embargo, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Girona decidió en octubre de 2020 poner fin a esta estrategia. que, más bien, podría ser definida como estratagema.
«La postura mantenida por la demandada [Banco Santander] merece que sea declarada su expresa temeridad. En efecto, i) la demandada mantiene una postura de oposición frontal sin estar debidamente justificada; ii) se verifica y mantiene tanto en la previa reclamación como en vía judicial abocando a la prestataria consumidora a acudir al Juzgado, con el colapso que supone; iii) y teniendo muy presente que la STS de fecha 23/12/2015 declara la nulidad de cláusula semejante y por lo tanto la demandada ya debería haberla suprimido y devuelto cantidades conforme jurisprudencia imperante; y iv) es más, conforme a la STS de fecha 23/1/2019 la cuestión relativa a la nulidad de gastos y restitución de cantidades ha quedado plenamente zanjada, y pese a ello la entidad sigue mostrando oposición», afirma la sentencia.
Sin embargo, a pesar de esta sentencia, el Santander sigue haciendo lo mismo, no sólo en España, sino en todos los países en los que el Grupo tiene filiales. En Brasil, por ejemplo, tiene un litigio con sus trabajadores que se inició a finales de la década de los 90 del siglo XX y que aún sigue activo. Esto sólo es posible por los constantes recursos presentados por el banco para evitar tener que pagar a esos trabajadores.
Según la memoria de litigios publicada por el Santander en el reporte anual entregado a los accionistas de cara a la Junta General del próximo 31 de marzo, se indica que en el año 1998 antiguos empleados de Banco do Estado de São Paulo, Santander Banespa, Cia. de Arrendamiento Mercantil reclamaron el pago de una gratificación semestral contemplada en los estatutos de la entidad, para el caso en que esta obtuviese beneficios y su reparto fuese aprobado por su consejo de administración.
Según lo indicado por Banco Santander, la gratificación no fue abonada en 1994 y 1995 por falta de beneficios del banco y a partir de 1996 y hasta el año 2000 se abonó parcialmente, según se acordó por el consejo de administración. Esta cláusula fue eliminada en 2001.
El Tribunal Regional do Trabalho (Tribunal Regional de Trabajo) y el Tribunal Superior de Trabajo (TST) condenaron a Santander Brasil al pago de esta gratificación semestral desde 1996 hasta la actualidad. El 20 de marzo de 2019, el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó el recurso extraordinario de apelación presentado por Santander Brasil.
A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, el banco presidido por Ana Patricia Botín siguió con la lucha judicial e interpuso un recurso de rescisión ante el TST para dejar sin efecto las resoluciones del procedimiento principal y suspender la ejecución de la sentencia. Esta acción fue desestimada y se interpuso un nuevo recurso de revisión, al no haberse pronunciado el TST sobre los argumentos de Santander Brasil. También fue desestimado.
Como Paco Martínez Soria en Don Erre que Erre, Santander Brasil presentó una apelación extraordinaria frente a la desestimación de la acción rescisoria que también fue desestimada por el TST en junio de 2021. Santander Brasil entiende que existe una contradicción entre la decisión del TST y la doctrina del STF, por lo que esta decisión fue apelada. Esta apelación se encuentra pendiente.
Además, en agosto de 2021, un tribunal de primera instancia decidió que la ejecución de la sentencia deberá ser realizada individualmente, en la jurisdicción que corresponda a cada individuo. La Asociación de Jubilados de Banespa apeló esta decisión ante el Tribunal Regional de Trabajo que la desestimó en diciembre 2021. Esta decisión es firme.
Sin embargo, el Santander no tiene claro que, tras tantos recursos, tras gastar tantos recursos en este litigio vaya a salir victorioso. En Brasil los jueces no son como en España, y eso lo saben. Por esa razón, según indica el propio banco, «los asesores legales externos de Santander Brasil han calificado el riesgo como probable».
Lo peor de todo este proceso es que muchos de esos jubilados ya habrán muerto y no han cobrado ni un centavo de real.
