El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho público el Índice de Precio de la Vivienda (IPV) en el que se comprueba que en tasa interanual se ha incrementado un 7,2% a nivel nacional, pero ha superado el 10% en las grandes capitales.

La situación social de España, con una precariedad sistémica en el mercado laboral, con los salarios congelados, con un sueldo medio que no supera los 23.156,3 euros anuales, no explica esta subida del precio de la vivienda salvo que haya factores exógenos que lo justifiquen.

Esos factores externos son, por un lado, la entrada en el mercado inmobiliario de los grandes fondos buitre internacionales y, en segundo término, la compra masiva de vivienda por parte de personas o entramados de corruptos internacionales que se han instalado en nuestro país, sobre todo de Venezuela.

El precio de la vivienda siempre se ha movido en base al criterio de la oferta y la demanda. La crisis económica hizo que la primera se incrementara y que la segunda se redujera y, por tanto, el precio bajó. Sin embargo, no ha habido elementos nuevos que propiciaran un aumento de la demanda, más bien al contrario. Para comprar un piso, un chalet o una casa la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país necesitan financiarlo a través del mercado hipotecario. No obstante, los salarios y la precariedad del empleo impiden que la clase trabajadora pueda acceder a este tipo de productos, al contrario de lo que ocurría durante la burbuja. Ahí sí que podría estar justificado el incremento en base a los criterios del mercado. Ahora no.

Los grandes fondos se están haciendo con el ladrillo de la banca, sobre todo después de la macro operación firmada entre Blackstone y Banco Santander para la venta del patrimonio inmobiliario del Banco Popular que ha arrastrado al resto de entidades a realizar movimientos similares. Además, estos fondos buitre, de los que se ha beneficiado principalmente el que está representado por el hijo de José María Aznar, se han hecho, incluso, con vivienda pública, no para sacar esos pisos al mercado, sino para mantenerlos cerrados y esperar a que el precio de la vivienda suba. La estrategia está clara: baja la oferta y, aunque la demanda sea baja, la horquilla entre una y otra se cierra y propicia el incremento del precio.

Por otro lado, las grandes fortunas internacionales forjadas gracias al dinero de la corrupción se han instalado en España y están comprando vivienda a discreción. Destaca sobre todo lo ocurrido con ciudadanos venezolanos, que se hicieron multimillonarios con la corrupción de la petrolera PDVSA, y que están haciéndose con propiedades inmobiliarias en los barrios más exclusivos de las grandes capitales. Es un hecho que el número de venezolanos que se están instalando, por ejemplo, en el barrio de Salamanca de Madrid está creciendo de manera exponencial. La inversión en ladrillo es un buen sistema para blanquear el dinero de esa corrupción. En muchos casos, ni siquiera visitan las propiedades que compran. Pregunta el precio y compran.

Por tanto, sólo la especulación y el blanqueo de capitales justifica el incremento del precio de la vivienda. Con el problema habitacional que existe en España por la burbuja del alquiler el gobierno tiene la obligación de frenar algo que provoca una situación que es contraria a lo dictado por la Constitución. Mientras unos compran para especular y cierran las viviendas, en España siguen produciéndose desahucios, algo que es intolerable.

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