Las coincidencias no existen y menos en el ámbito judicial. Por eso resulta un tanto sospechosa la última metedura de pata del juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, porque, curiosamente, tiene que ver con el Partido Popular.
La sección cuarta de sala de lo penal de la Audiencia Nacional, sus superiores, le obligan a que vuelva a imputar a la exconsejera de Educación, Lucía Figar, al exviceconsejero, Manuel Pérez, al director de comunicación de la consejería de educación, Pablo Balbín, y al empleado del gabinete de prensa, Luis Sánchez, en la llamada “pieza numero 10” del caso Púnica en la que se investigan los servicios contratados al experto informático, Alejandro de Pedro. Unos servicios pagados con dinero público pero cuyo fin era la mejora reputacional de los dirigentes del PP madrileño.
Al final, todo parece reducirse a malentendidos del juez y los fiscales que mezclan acusaciones de la pieza número 9, dedicada a investigar la caja B del Partido Popular en Madrid, y la 10, donde se valoran los hechos citados. El pasado mes de octubre, el instructor dictó auto de conversión en procedimiento abreviado la pieza número 9. Ni corto ni perezoso, García Castellón redujo los imputados, entre los que se encontraba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. De 79 imputados pasaron a 8. Y en ese “paquete” de desimputaciones se incluyeron a Figar y cuatro investigados más que no estaban incluidos en este proceso. Los citados y otro consejero, de presidencia, Salvador Victoria.
El escandalo que se montó fue mayúsculo. No ya por la reducción de imputados y las características especiales de algunos de ellos como Esperanza Aguirre e Ignacio González, sino porque las dos fiscales que llevaban el asunto, Carmen García Cerdá, y María Teresa Gálvez, se negaron a firmar un escrito de acusación bajo esas condiciones. El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, no lo dudó ni un minuto. Las apartó de la causa y designó a Alejandro Cabaleiro.
Este, no obstante, recurrió el auto de conversión del sumario en procedimiento abreviado haciendo ver que algunos de los desimputados no habían sido investigados por este asunto, sino por otro diferente: el de la pieza 10. Además, pedía la imputación del consejero Salvador Victoria. La sala de lo penal no le ha dado la razón en este último asunto. Cree que no hay indicios suficientes para imputar a Victoria. El mismo criterio mantiene para otra de las desimputadas, la empresaria, María Luisa de Madariaga.
Pero, independientemente de las consecuencias que tienen este tipo de recursos en los procesos judiciales, lo relevante de este asunto es que se haya intentado sacar de la causa a una personalidad tan relevante como es Lucía Figar de la manera que se ha hecho. Suena a chiste pero es la pura realidad del galimatías diario que existe en la Audiencia Nacional y que, sospechosamente, siempre tiene que ver con algún asunto del Partido Popular y con las instrucciones que lleva a cabo Manuel García Castellón.
Lucía Figar, consejera de Educación de la CAM en tiempos de Esperanza Aguirre, se la consideraba una firme candidata a suceder a la lideresa. Procedente de las Nuevas Generaciones, en esos momentos una verdadera factoría de lideres de la derecha, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y José Luis Martínez-Almeida, tenía objetivos políticos muy altos. Llegó a trabajar con personajes tan influyentes dentro del PP como Alejandro Agag, el yerno de Aznar, y Gabriel Elorriaga considerado en aquella época como uno de los cerebros grises que llevaría a Mariano Rajoy a La Moncloa, cosa que, en primera instancia, no llegó a pasar por las circunstancias que rodearon al 11-M de 2004
En 2004, Esperanza Aguirre la llamó para nombrarla jefa de la recientemente creada Agencia para la Inmigración de la Comunidad de Madrid con rango de consejera. En 2007 accedió al cargo de consejera de educación asumiendo, también. Las competencias en materia de empleo.
Pero en 2015, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, la llamó a declarar en calidad de imputada por el Caso Púnica. Se la acusa de delitos de malversación y prevaricación por contratar al empresario Alejandro de Pedro por 80 000 euros para financiar distintas campañas de apoyo a su acción de gobierno, por ejemplo, la gestión de su blog personal.
Ahora Figar vuelve a la Audiencia Nacional. La pieza número 10 está prácticamente concluida. Sólo está pendiente de que, esta vez sí, el juez García Castellón no cometa algún “error” y convierta la causa en procedimiento abreviado, el paso previo para la apertura de juicio oral. Con las nuevas penas en materia de malversación, Lucía Figar se enfrenta a varios años de cárcel y, lo mas relevante a una inhabilitación para ejercer cargo público de entre 8 y 18 años, por acumulación de acusaciones.
Esperemos que esta vez no haya una “mano negra” que sitúe a Figar en una pieza de la Gürtel o alguna barbaridad parecida.
