Esperanza Aguirre, con su hombre de confianza, Francisco Granados, hoy acusado de corrupción.

Ni una semana ha tardado el PP en pedir responsabilidades políticas y dimisiones a diestro y siniestro por el primer caso de corrupción del PSOE tras su llegada al poder. Atrás quedan los años en que los cargos públicos del Partido Popular implicados en voluminosas causas judiciales se eternizaban en el poder como si nada, sin que nadie en la dirección del partido les exigiera un ápice de coherencia y dignidad. Ni Rajoy, ni la Junta directiva nacional, ni la comisión ética ni nadie hacía nada por sacar del cesto a las manzanas podridas. La consigna era resistir, aguantar, capear el chaparrón de juicios que iban cayendo uno tras otro. Eran los tiempos en que los investigados (más de 500 en algunos momentos) se excusaban con las manidas frases de siempre, el “no me consta”, el “soy inocente”, el “apelo a mi presunción de inocencia” o el siempre socorrido “eso lo llevaba mi marido”. Nadie en la cúpula del PP pedía cuentas a nadie, nadie reprochaba nada a nadie ni pedía dimisiones, nadie quería saber nada de nadie. Casos que avalan esta tesis no faltan en las hemerotecas. Así, el expresidente balear Jaume Matas, implicado en múltiples causas, no dimitió hasta 2007, y solo lo hizo por su fracaso electoral, a pesar de que de repente empezaron a brotarle asuntos judiciales como setas. Carlos Fabra, el en otro tiempo poderosísimo presidente de la Diputación de Castellón, se mantuvo firme en su puesto, durante diez largos años, mientras la jueza de Nules acumulaba cargos contra él y sin que recibiera el más mínimo tirón de orejas ni de Aznar ni de Rajoy. Hasta ocho jueces y cuatro fiscales fueron pasando por el caso mientras desde Génova 13 se decía aquello de que Fabra era un “ciudadano ejemplar”. Esperanza Aguirre, por su parte, jamás tiró la toalla ni asumió responsabilidad política alguna, ni siquiera “in vigilando”, pese a que todos sus hombres de confianza, uno tras otro, le iban saliendo ranas en el estanque fangoso de la Comunidad de Madrid.

Jaume Matas y Carlos Fabra, entre otros muchos, se mantuvieron en sus cargos durante años sin que Rajoy les pidiera explicaciones por la corrupción en el partido

La lista de los políticos salpicados por el PP en asuntos turbios que continuaron ejerciendo la política como si nada después de que les estallara un grave escándalo en la cara no es precisamente corta. Al tesorero Bárcenas los responsables del partido le mantuvieron el despacho y el coche oficial durante una buena temporada a pesar de que ya había explotado la caja B del partido, las cuentas en Suiza y la financiación ilegal sistémica de la formación política; Francisco Camps nunca asumió ninguna culpa, ni nadie en el partido le pidió que dimitiera por no haber atajado la trama Gurtel, que corroyó la Generalitat Valenciana hasta los cimientos (es más, aún se recuerdan aquellas célebres palabras de Rajoy quien, dirigiéndose al honorable, le dijo: “Paco, siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado”).

Hoy, contrariamente al rasero que han practicado consigo mismos en el pasado, los populares se lanzan a degüello contra el presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a quien acusan de haber financiado ilegalmente el partido. Puig se ha defendido alegando que un auto judicial del pasado mes de abril descarta esa posibilidad, aunque acto seguido ha asegurado que “siempre apoyará lo que diga la Justicia”. Las declaraciones de Puig se producen días después de que la Policía detuviera al presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, en el transcurso de la Operación Alquería, que investiga la supuesta contratación de personal en la sociedad pública Divalterra. Pese a la rápida respuesta de Puig (muy diferente de aquellos silencios tan elocuentes de los populares cuando todos metían la cabeza debajo del ala, daban la espantada o pasaban palabra) el PP valenciano ha salido con el machete en la boca dispuesto a cortar cabezas impuras y a convertirse en el adalid de la limpieza democrática. En un comunicado oficial, el Grupo Popular en el Senado asegura que estudia “citar al presidente de la Comunidad Valenciana en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos, así como al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por la financiación ilegal del PSPV”. Consejos vendo que para mí no tengo, como solía decir Mariano.

De modo que lo que antes eran retrasos y omisiones a la hora de purgar a los corruptos hoy son prisas y urgencias. Lo que antaño era un dejarlo correr, un esquivar el asunto, un ponerse de perfil, hoy es una cruzada sin cuartel contra la corrupción. Es la diferente vara de medir que emplea el partido conservador. Laxo y tibio contra las corruptelas de los suyos cuando está en el poder; implacable, duro y ágil con el partido de Gobierno cuando está en la oposición. Se podría hablar de cinismo político, de doble vara de medir, de hipocresía y hasta de tomadura de pelo a los ciudadanos, algo que ya se ha dicho muchas veces. Pero lo dejaremos en que quizá estemos ante un rasgo más de la forma de hacer política de los chicos del PP en los tiempos de la posverdad.

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