Foto: Omnium Cultural.

Pocos años han sido tan nefastos para la imagen exterior de la Justicia española como el 2018 que ahora se cierra. Estrasburgo ha condenado a nuestro país por varios asuntos delicados en los que ha quedado en entredicho la imparcialidad de todo el sistema. No hace falta recordar que recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio un severo tirón de orejas a los jueces españoles por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron una foto de los Reyes en Girona. Poco antes, el mismo TEDH sentenció que los dos terroristas que colocaron una bomba en la T-4 de  Barajas en el año 2006 sufrieron tratos inhumanos y degradantes tras su arresto por la Guardia Civil. El fallo obligó al Estado español a indemnizar a los dos etarras por daños morales.

Aunque parezca extraño, la democracia tiene estas cosas: los derechos humanos deben ser escrupulosamente respetados y hasta el peor de los criminales los tiene garantizados. Son las reglas del juego. Lo contrario, aplicar la ley del talión por encima de la ley, supondría volver a caer en los peores tiempos de los GAL, en el terrorismo de Estado y en prácticas sórdidas como la tortura propias de países totalitarios.

Viene esto a cuento del régimen de prisión provisional que se viene imponiendo de forma implacable, desde hace más de un año, a los políticos encarcelados por el procés en Cataluña. Cuatro de ellos han iniciado una huelga de hambre para protestar contra una situación carcelaria que empieza a ser cuestionada no solo por prestigiosos expertos en Derecho penal, sino por diversas oenegés y organizaciones internacionales.

La prisión preventiva fue masivamente utilizada durante el franquismo. Con la llegada de la democracia su aplicación fue restringiéndose de forma notable y hoy solo el 14% de la población reclusa la soporta (muy por debajo de la media europea, que es del 25 por ciento). En la actualidad, esta medida cautelar suele aplicarse en supuestos muy graves, como casos de bandas organizadas, terrorismo y a asesinos muy peligrosos. No hace falta recordar que no pocos políticos implicados en recientes casos de corrupción han esperado en sus casas que llegara el día del juicio, sin pisar la cárcel hasta el momento de la sentencia. Solo aquellos acusados que presentan un elevado riesgo de fuga o de destrucción de pruebas son enviados a prisión de forma preventiva. No parece el caso de los políticos catalanes.

De ahí que la Justicia debiera plantearse la idoneidad de seguir aplicando una medida tan severa contra unos políticos que a fin de cuentas no han matado a nadie. Si cometieron delitos graves contra la seguridad del Estado será algo que deberá determinar el Tribunal Supremo en el juicio que comenzará en las próximas semanas. Pero hasta ese momento, que Oriol Junqueras y los suyos sigan entre rejas solo parece obedecer a una razón que no debería operar con el Derecho penal en la mano: dar un escarmiento a unos políticos que son considerados por un sector conservador de la Justicia española como auténticos golpistas.

Ya se ha visto que la tesis de que los secesionistas presos tomaron parte en una especie de golpe de Estado por lo civil no es comprada por la Justicia europea, que en algunas resoluciones ha advertido de que no ve el delito de rebelión por ningún lado. Que Carles Puigdemont siga viviendo tranquilamente en una casa de Waterloo es el mejor ejemplo de que los jueces belgas no lo consideran un hombre peligroso para la seguridad de Europa ni para la estabilidad de uno de los Estado miembros.

Por tanto, si no hubo violencia en el referéndum del 1-O, si Junqueras y los demás no son sanguinarios terroristas y si no existe un riesgo de daño real para el juicio que se debe celebrar en el Supremo a corto plazo, los políticos presos deberían estar en sus casas a más tardar por Navidad. Esta medida no solo sería aconsejable desde el punto de vista legal (ahorraría a España un nuevo y más que previsible varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) sino también desde la perspectiva humana, ya que serviría como una muestra de magnanimidad de la judicatura. ¿Qué mejor forma de demostrarle al mundo que la Justicia española no está formada por unos señores duros, siniestros e implacables con toga y bigote recortado más propios del régimen anterior que hacer esa demostración de humanidad y de sentido común?

Pero es que además, si existe una solución política al problema catalán pasa necesariamente por la puesta en libertad de todos los encarcelados hasta que llegue la hora del juicio. La auténtica distensión por la que apuesta el Gobierno de Pedro Sánchez no se conseguirá sin esa medida penitenciaria, justa por otra parte, que ayudará al deshielo de las relaciones entre Madrid y Barcelona.

La sola imagen de alguno de los políticos independentistas en huelga de hambre ingresando en un hospital, enflaquecido y enfermo, debería espeluznar a la Justicia. Esa fotografía solo contribuiría a agravar aún más un conflicto que ha entrado ya en una fase peligrosa donde cualquier cosa, y nada buena, puede ocurrir.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

2 Comentarios

  1. Impactmedia deja Cataluña y se va a Madrid.La firma tiene 15 años de vida y es especialista en lapublicidad de centros comerciales.Tecnopol, líder en impermeabilización, mueve la sedefuera de Cataluña.La empresa traslada su domicilio social a Madrid, destino predilecto de las empresas que se marchan de Cataluña.Centro deCálculo de Sabadell y otras 10 firmas salen de Cataluña.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here