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La Directiva Europea de denunciantes de corrupción también afecta a los trabajadores interinos

La puesta en marcha de procedimientos, utilizando un buzón de denuncias externo, basado en "Whistleblowers", no es algo nuevo , donde realmente está la innovación y la apertura de una nueva vía jurídica, para un colectivo en fraude de ley que puede superar con creces los 800.000 trabajadores, es su aplicación bajo la directica 2019/1937, trabajadores públicos en abuso de temporalidad, interinos o laborales , donde sus administraciones incumplen sistemáticamente el derecho de la unión europea, directiva 1999/70 , sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con cuestiones prejudiciales de afectación directa al colectivo en un estado pendiente. Denunciar esta situación, bajo un buzón de denuncias, abre un camino de protección al alertador contra ceses y despidos e inicia un nuevo procedimiento legal

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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Hoy, a las 18 horas, tendrá lugar en Zaragoza (Paseo Echegaray 170) en el salón de actos de la Confederación general del Trabajo (CGT) una conferencia destinada a todas aquellas personas que quieran conocer qué es un “Buzón externo de denunciantes” soportado por la Directiva Comunitaria 2019/1937, la cual venció el plazo de transposición el pasado 17 de diciembre de 2021, donde España, a día de hoy, tiene pendiente su inclusión al ordenamiento jurídico nacional.

La conferencia contará como ponentes con el abogado especializado en derecho informático, José Muelas Cerezuela, con el trabajador de la Diputación de Barcelona, Josep García Vázquez, y con el abogado especializado en propiedad intelectual y derechos de autor, Josep Jover, uno de los mayores especialistas de España en Derecho Comunitario y en funcionamiento de los organismos europeos.

Esta directiva también conocida por su traducción al inglés, como Directiva «Whistleblowers», denunciantes de irregularidades, está diseñada para blindar las denuncias mediante canales especiales, buzones internos obligatorios en empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores, que permiten además de la  formal, la anónima, así como proteger de represalias a los denunciantes y a sus familias, cuando realicen denuncias de corrupción, fraudes y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea.

La prohibición de represalias para los denunciantes viene expresamente dispuesta en el artículo 19 de la directiva, donde, por poner unos breves ejemplos, se impide el despido, sustitución, destitución o medidas equivalentes de los trabajadores denunciantes o discriminación o trato desfavorable o injusto.

No todo está bajo el ámbito de aplicación de esta directiva. Existen temáticas de protección dispares, desde la contratación pública, pasando por salud pública y finalizando por la protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear.

Destaca muy positivamente la búsqueda activa por esta directiva de la transparencia, y combatir la corrupción tanto en el ámbito público como privado, donde no solo abarca a trabajadores independientemente de su relación contractual (temporal o fija), sino también a inversores, proveedores, personal subcontratado o accionistas.

No solo se protege activamente al denunciante de corrupción, sino que aparece como novedad la “inversión de la carga de la prueba”, es decir, bajo este procedimiento el denunciante no tiene que demostrar la comisión de un delito contrario a la legislación europea, sino que el demandado tendrá que defenderse de la acusación.

Otra de las peculiaridades de la aplicación de la directiva, es la posibilidad de continuar el procedimiento de denuncia en un sistema judicial diferente a donde se inició la misma, siendo los juzgados ordinarios de otro país miembro de la UE los que podrían conocer y tomar ciertas decisiones en el procedimiento.

¿Cómo encajan los trabajadores públicos en abuso de temporalidad en la Directiva Comunitaria 2019/1937?

La puesta en marcha de procedimientos utilizando un  buzón de denuncias externo basado la directiva no es algo nuevo. Donde realmente está la innovación y la apertura de una nueva vía jurídica, para un colectivo en fraude de ley que puede superar con creces los 800.000 trabajadores públicos en abuso de temporalidad, interinos o laborales. Hay suficiente jurisprudencia europea donde se que demuestra que las administraciones españolas incumplen sistemáticamente el derecho de la Unión Europea. Denunciar esta situación, bajo un buzón de denuncias, abre un camino de protección al alertador contra ceses y despidos e inicia un nuevo procedimiento legal.

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