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La detención de Puigdemont es un torpedo de las derechas en la línea de flotación de la mesa de diálogo

PP, Vox, Ciudadanos y el búnker judicial ponen en marcha una operación para desactivar las conversaciones entre Gobierno y Generalitat

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La detención de Carles Puigdemont en Cerdeña abre un inquietante escenario para la Mesa de Diálogo en Cataluña. Pere Aragonès condena el arresto y se sitúa incondicionalmente al costado del líder independentista con un “a tu lado, presidente Puigdemont”. Además, habla de “persecución y represión judicial” del Estado español y expresa sus dudas acerca de la buena voluntad del Gobierno español a la hora de sentarse a negociar el futuro de Cataluña. Por su parte, Moncloa entiende que la detención del expresident “obedece a un procedimiento judicial en curso que se aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea” y muestra su máximo respeto por las decisiones judiciales.

La captura de Puigdemont, refugiado en Waterloo desde octubre de 2017, es un evento inesperado en el proceso negociador cuyas consecuencias están aún por calibrar. Los más pesimistas entienden que se trata de un torpedo en la línea misma de flotación de la mesa de diálogo. De hecho, Aragonès ya ha convocado una junta de gobierno extraordinaria y ha suspendido todos los actos institucionales previstos en su agenda de hoy. A su vez, la calle se mueve, los CDR protestan ante el consulado italiano y se convocan manifestaciones populares en apoyo al detenido. No hay que olvidar que Puigdemont es una especie de gran gurú para esa parte del mundo independentista que ve a Oriol Junqueras y sus compañeros como “botiflers”, o sea traidores a la patria catalana. La desconfianza es mutua, ya que la izquierda indepe no olvida que Puigdemont huyó escondido en un coche mientras otros pagaban el procés con penas de cárcel. Las tensiones son máximas y quizá ERC reconsidere su predisposición a apoyar los Presupuestos que Pedro Sánchez debe negociar en octubre.  

Por su parte, los más optimistas creen que la noticia de la detención del expresident no afectará para nada al futuro de las negociaciones entre el Estado y Cataluña. En las últimas semanas, Gobierno y Esquerra Republicana han fortalecido su relación política y es cierto que ese clima de confianza no debería enturbiarse por la reactivación de la euroorden de detención contra Puigdemont, que no deja de ser una decisión tomada por un juez en aplicación estricta de las leyes españolas y europeas. En ese punto llama la atención la extraña coincidencia de la detención y el comienzo de la Mesa de Diálogo. No deja de ser curioso que a Puigdemont le hayan echado el lazo precisamente ahora, cuando parecía que se abría una puerta a la esperanza para el conflicto en Cataluña. A la espera de que se aclaren las circunstancias que han rodeado el dispositivo policial en Cerdeña (parece claro que el expresident estaba siendo objeto de seguimiento por parte de policías españoles, quizá el CNI) no es descabellado pensar que el búnker judicial mediatizado por la extrema derecha ha puesto en marcha la operación en el momento más crítico, es decir, justo cuando la mesa de pacificación se encontraba en su fase más incipiente, inmadura y vulnerable ante un evento que sin duda puede hacerla descarrilar definitivamente.

De cualquier manera, el suceso va a ser inevitablemente rentabilizado por las derechas (PP/Vox/Ciudadanos), enfrascadas en sus intereses partidistas y electorales en lugar de colaborar en la resolución de un conflicto de la máxima gravedad, una cuestión de Estado como es la crisis territorial. El problema catalán no es un asunto local sino un desafío en el que toda la sociedad española se juega mucho. De que sepamos resolverlo con tino y acierto dependerá en buena medida el futuro inmediato de este país. No hay España sin Cataluña, aunque pueda haber Cataluña sin España. Pero Pablo Casado y Santiago Abascal (también Inés Arrimadas) se comportan como niños juegando con fuego y en lugar de echar agua a la hoguera catalana siguen avivándola y azuzándola tratando de captar el voto populista de la rabia y la indignación contra el procés.

La maniobra de la caverna política y judicial supone una grave irresponsabilidad que quedará en los libros de historia, cuyas páginas recogerán ese momento en el que un Gobierno trataba de solucionar un conflicto secular mientras otros se dedicaban a torpedear la paz. Ni un minuto ha tardado el estromboliano Casado en publicar un tuit en el que exige a Pedro Sánchez que cumpla la futura sentencia contra Puigdemont y no caiga en el indulto al prófugo (una exigencia que el bloque independentista pone como condición sine qua non para seguir negociando). El PSOE ha reaccionado acusando al PP de buscar el fracaso de las conversaciones, mientras Unidas Podemos recuerda los tiempos en que el ex presidente del Gobierno José María Aznar se sentaba a negociar con los terroristas de ETA.

En ese clima de alto voltaje, el Pleno del Congreso rechazaba ayer la ofensiva de las derechas para boicotear cualquier tipo de diálogo. El arco parlamentario rechazó por amplia mayoría una iniciativa de los populares, apoyada por Vox y Ciudadanos, que pretendía reventar la mesa de negociación y cerrar la puerta a cualquier propuesta de consulta ciudadana o referéndum. En concreto, el PP reclamó que lo que se acuerde entre Sánchez y Aragonès “no tenga ningún efecto jurídico” e instó al Gobierno a no reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña. En su moción, los de Casado aspiraban, además, a que el Gobierno declarase un “compromiso inquebrantable” con la Constitución y la igualdad de los españoles y a aplicar lo previsto en la Carta Magna y el Estatuto de Autonomía. Finalmente, la iniciativa de las derechas fue derrotada por 194 votos en contra, los de PSOE, Unidas Podemos y el resto de grupos políticos. La ofensiva ha resultado un rotundo fracaso, pero no deja de ser llamativo que el ataque político a la mesa de diálogo se produjera solo unas horas antes del operativo judicial para la detención de Puigdemont. ¿Simple casualidad?

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