La sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que pusieron en marcha el “procés” no puede calificarse precisamente como blanda. Ser condenado a 13 años de prisión no es ningún regalo de cumpleaños. Pero tampoco ha sido el durísimo varapalo que se preveía contra el independentismo, a modo de venganza, y que muchos en Cataluña esperaban como respuesta de la pérfida y fascista Justicia española. De hecho, entre los magistrados del Alto Tribunal se han terminado imponiendo las tesis más moderadas, las contrarias a condenar a los políticos presos por rebelión, un delito que lleva aparejadas penas mucho más graves de hasta 25 años de cárcel.

De haberse producido tal escenario, es decir una condena por rebelión que dicho sea de paso todos daban por hecha (como si el guion estuviese escrito de antemano y los magistrados no tuviesen autonomía propia al encontrarse sometidos a unos extraños poderes fácticos en la sombra) sí se podría haber hablado de un correctivo humillante para los procesados, sobre todo porque en ningún momento existió la “violencia estructural” como requisito imprescindible para ese delito que siempre invocaron la Fiscalía, Vox como acusación particular y el Gobierno de Mariano Rajoy, gran impulsor de la caza de brujas ‘indepe’.

El rechazo por parte del tribunal a considerar los hechos que se juzgaban como constitutivos de un delito de rebelión no puede sino ser considerado una estrepitosa derrota del bloque duro, el búnker patriótico-unionista, que desde el minuto uno de iniciarse el juicio trató de sostener un relato fáctico imaginario, ficticio, inexistente. El referéndum de autodeterminación del 1-O y las posteriores movilizaciones ciudadanas fueron pacíficas en todo momento (salvo casos excepcionales y puntuales, como en toda protesta que mueve a decenas de miles de personas). Sin embargo, en su obcecación por retorcer la realidad, la Fiscalía (empujada por el poder Ejecutivo) y Vox se empeñaron en ver insurrecciones y barricadas donde no las había; conspiraciones para derrocar el régimen del 78 que no existían; y golpes de Estado que nunca se produjeron. Si el 1-O fue un pronunciamiento para subvertir el sistema político, ¿qué fue entonces el “tejerazo” del 23F del 81, cuando los tanques salieron a la calle y un comando de guardias civiles insurrectos entró en el Parlamento a tiro limpio para secuestrar a los representantes legítimos de la soberanía nacional?

Con la lógica en la mano, todos los argumentos mantenidos por los diferentes fiscales que tomaron parte en la vista oral del juicio al “procés” (y también por los abogados de Vox) fueron cayendo uno tras otro por su propio peso. Esa gran derrota del Ministerio Público y de los “sui generis” acusadores particulares, que como decimos fue confirmándose en las primeras pruebas del plenario (tras las declaraciones de los acusados, pruebas testificales, documentales, etcétera) no es en realidad sino la gran derrota de una serie de políticos incompetentes que queriéndose quitar la patata caliente de Cataluña de encima pasaron el “marrón” a la Justicia en una lavada de manos que ni Poncio Pilatos. En ese saco de torpes responsables políticos habría que incluir no solo a Mariano Rajoy sino a su entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y por supuesto al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Las bochornosas declaraciones ante el tribunal de esta esperpéntica terna, que atribuyó toda la culpa de las cargas policiales del 1-O a los mandos inferiores, dejaron al presidente del tribunal, Manuel Marchena, y a sus compañeros togados con caras de póker. El espectáculo ofrecido por los tres máximos responsables del embrollo en el que había caído el país ya presagiaba que el castillo de naipes de la rebelión se vendría abajo, como no podía ser de otra manera, a las primeras de cambio. Ese fue el principio del fin de los partidarios de la “mano dura” y de que los líderes del ‘procés’ quedaran entre rejas, sin ver la luz del sol, durante décadas, tal como exigía Vox.

Hoy la Sala del Tribunal Supremo ha puesto las cosas en su sitio de una manera no exenta de cierta elegancia e inteligencia jurídica. Al condenar por sedición y no por rebelión, el alto tribunal ha mandado a la sociedad española un mensaje entre líneas que no debe ser pasado por alto. Lo que en realidad están confirmando los magistrados es que la rebelión fue un montaje urdido por el Gobierno Rajoy y la Fiscalía (sustentado en el delirio de que hubo violencia) para no negociar nada con los independentistas y trasladar de una forma burda lo que era un problema político a la esfera judicial. Por eso el fallo supone de alguna manera una gran derrota de aquellos que han pretendido judicializar el “procés” eludiendo sus responsabilidades políticas. Una derrota de Rajoy, una derrota de Pablo Casado como continuador, todavía hoy, de aquel discurso falaz, y una derrota de una Fiscalía y de una acusación particular que en todo momento fueron teledirigidas desde el poder Ejecutivo.

Evidentemente las conductas enjuiciadas fueron delictivas, ya que si bien los procesados no atentaron contra el orden constitucional (la democracia en España en ningún momento del enloquecido “procés” se vio amenazada) sí se saltaron la ley, el Estatut, los reglamentos del Parlament, el Código Penal y la Constitución. Toda esa panoplia de disparates legales tenía que terminar con un reproche penal o de lo contrario el Estado de Derecho habría quedado anulado y pulverizado. Pero de alguna manera el Supremo ha sabido lidiar con el muerto que Rajoy dejó en sus manos. Se ha moderado en las penas, ha garantizado los derechos de los acusados de cara a un más que probable recurso ante el Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y ha dejado la puerta abierta a que los condenados puedan acogerse al “régimen de semilibertad” con permisos penitenciarios a corto plazo (incluso permitiendo que la decisión la tome el Govern de la Generalitat). Todo ello sin mencionar el enorme favor que le ha hecho a Pedro Sánchez, ya que una sentencia durísima hubiese colocado al PSOE en una difícil situación de cara al 10N. Sin duda, en esta ocasión la Justicia ha evitado la tentación de caer en la venganza, lo cual no era fácil. Y de paso, por obligación, ha hecho como ese cirujano que cuando interviene trata de causar el menor daño posible en el enfermo: en este caso la maltrecha democracia española.

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