Los alcaldes del Partido Popular se han quedado sin excusas para mantener los nombres de las calles dedicadas a personajes del franquismo. La sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que puede considerarse histórica. Es la primera, pero esa misma sala deberá resolver, en un plazo muy breve, otro medio centenar de demandas en el mismo sentido. El Supremo dice que “dar a una calle el nombre de una persona que participó activamente y de manera relevante en la sublevación militar de 1936 y en la Guerra Civil y ocupó cargos de máxima importancia en el régimen político surgido de ella es un acto de exaltación contrario a la norma”.
El Supremo resuelve de esta manera una demanda presentada contra el cambio del nombre de la calle dedicada al militar franquista Asensio Cabanillas por el de la poeta Ángela Figuera, en Madrid. El cambio se llevó a cabo en 2015, cuando Manuela Carmena era alcaldesa. Y se basó en la Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Partido Popular, entonces liderado en el Ayuntamiento por Esperanza Aguirre, votó en contra argumentando revanchismo y que “no había que abrir viejas heridas superadas”.
El gobierno municipal de Carmena, apoyado por Unidas Podemos, Más Madrid y el PSOE recogió la petición de la Asociación para la Memoria Histórica que denunció, entonces, la existencia de más de un centenar de calles con nombres dedicados a personajes o acontecimientos que exaltan el franquismo. Entonces se modificó el nombre de treinta de esas calles con la oposición del Partido Popular. Una vez se alzó con la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida se acabó con el proceso de cambio. Es verdad que no se recurrieron las sentencias favorables a la iniciativa llevada a cabo durante el mandato de Carmena, salvo la excepción de la de Asensio Cabanillas. El consistorio de Martínez -Almeida preguntó al Supremo si confirma el cambio de nombre de esa calle. Cosa que ha hecho al Alto Tribunal por lo que su resolución no cabe recurso.
La sala de Lo Contencioso Administrativo va más lejos y destaca la necesidad de analizar el papel que llevó a cabo, en ese periodo histórico que se menciona, el franquismo, la persona cuyo nombre se quiere quitar. Y, según los jueces, “no es necesario que tuviera presencia en el golpe, la guerra o la dictadura, con haber participado en uno de los tres estadios de la imposición del régimen autoritario de Francisco Franco, es suficiente”. Este argumento abre la puerta a una interpretación más rigurosa de la Ley de Rodríguez Zapatero. Una Ley que ha reformado el gobierno progresista aclarando todos aquellos aspectos en los que se habían basado los ediles del PP y de Vox para no proceder a la retirada de símbolos y calles.
La sentencia, no obstante, todavía no ha generado jurisprudencia. Pero poco le falta para ello ya que la Sala está pendiente de resolver otro recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, una entidad que desaparecerá cuando se aplique la nueva ley. Dicho recurso pone en tela de juicio el cambio de nombre de medio centenar de calles. Esta vez no solo de Madrid sino de otras grandes y pequeñas ciudades de España.
El caso, sin duda, más polémico es el de la madrileña calle de Caídos de la División Azul. El Ayuntamiento de Carmena cambió su nombre. Pero el Tribunal Superior de Justicia, ante un recurso de apelación presentado por PP, Vox y Ciudadanos, anuló la decisión por considerar que “no se advierte exaltación de la represión”. Ahora, con la sentencia del Supremo en la mano, las cosas pueden cambiar ya que la misma deja sentado que no es necesaria la participación de colectivo, hecho o persona, en el golpe, la guerra, la dictadura y su represión. Deberán ser los jueces los que ponderen si los “caídos de la división azul” entran dentro de la norma. Los expertos juristas creen que sí y que, ahora, con la jurisprudencia y la nueva Ley de Memoria Histórica, la derecha se verá obligada a cumplir.
Ya no hay excusa alguna.
