La derecha judicial despeja el camino de Núñez Feijóo a Moncloa

Más de una botella de champán se descorchó la noche del 28M en las residencias de los fiscales y jueces que, cada vez está más claro, conforman lo que se llama, ya, “el bloque conservador” que, aunque oficialmente no pueden reconocerlo, sí que está clara la coordinación existente entre ellos. No estamos hablando de ninguna teoría conspiranoica.

Y si alguien duda de esa coordinación no hace falta más que comprobar los resultados electorales en lo que es un emblema de lo sucia que ha sido esta campaña electoral: la localidad granadina de Maracena. La candidata del PSOE, Berta Linares, que gobernaba con mayoría absoluta, ha perdido cuatro concejales y ahora deberá pactar, no se sabe bien con quién y de qué manera, para volver a gobernar en el municipio. Dos días antes de las elecciones, el juzgado nº 5 de Granada levantaba el secreto del sumario de una causa en la que a Linares y el que es el número dos del PSOE de Andalucía, Noel López, se les señala como inductores del secuestro de una concejala que, al parecer, iba a destapar casos de corrupción urbanística en el consistorio en el que implicaba a la alcaldesa y al parlamentario autonómico.

Es extraño que, a dos días de la celebración de unos comicios, un juez, eso sí, con la normativa en mano, levante el secreto de un sumario con consecuencias directas en los resultados. En otras ocasiones, y en Andalucía también, se dejaron de tomar decisiones.  En casos como el de los Eres, debido a la cercanía de unos comicios autonómicos, para evitar que esas decisiones influyeran en los votantes. Y, sin ir más lejos, el Tribunal Constitucional decidió aplazar sus resoluciones hasta que terminase el proceso electoral.

Pero el juzgado número 5 de Granada no ha podido esperar dos días hábiles para hacer públicas unas investigaciones que no sólo han afectado al municipio de Maracena sino, se puede decir que por efecto dominó, a toda Andalucía. La imagen del que es la mano derecha del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha quedado en entredicho y en un territorio donde todavía resuenan los ecos de los casos de corrupción de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, esa pérdida de imagen, sin ser determinante, puede haber influido.

La derecha judicial está muy crecida. Nunca habían tenido tan cerca el poder. Ni con Aznar ni con Rajoy. Alberto Núñez Feijóo les ha prometido restablecer todos sus privilegios. No habrá nuevo Consejo General del Poder Judicial hasta que se aclare el panorama político tras las elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio. Si gana el gallego monopolizarán el órgano de gobierno de los jueces y por lo tanto la gestión de la judicatura. Se acabarán los casos de corrupción todavía pendientes de resolver porque se archivarán o se guardarán en los cajones de los despachos. Y no sólo los que afectan al PP sino también los de los poderosos como el Santander, Iberdrola, BBVA, cajas de ahorro y similares.

Y mientras tanto, pues a seguir manejando los hilos como lo están haciendo ahora. Hace unos días, una conocida periodista con excelentes contactos en la judicatura denunció un fraude de ley cometido por la sala de gobierno de la Audiencia Nacional, de mayoría conservadora, con el visto bueno de la comisión permanente del CGPJ, también de mayoría conservadora.

Comoquiera que el decreto de marzo de 2021 prohíbe al CGPJ el nombramiento de cargos en las instancias judiciales superiores, la AN se ha inventado una práctica, que viene de lejos, pero que ahora se está multiplicando como consecuencia del bloqueo al que se ven sometidos por dicha prohibición: nombramientos de jueces de refuerzo en comisión de servicio. Lo curioso es que esos jueces se están haciendo cargo de asuntos “sensibles” políticamente hablando como son los que afectan al PP.

Según el artículo 350.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial un juez de refuerzo en la Audiencia Nacional sólo puede estar dos años. Algunos, según un magistrado que ha presentado un recurso ante el Supremo contra las renovaciones, llevan cinco, seis y hasta siete años. “La forma de llevarlo a cabo. Transcurridos los dos años se vuelven a sacar a concurso las comisiones, adjudicándoselas a los mismos invocando como mérito preferencial el tener experiencia por haber estado ya en ellas”, dice el juez en el recuso.

Y así, de esta manera, encontramos en las salas de lo penal, lo contencioso administrativo, y civil varios magistrados que llevan más de dos años en comisión de servicio en la Audiencia Nacional. Alguno, como Joaquín Delgado, fue alto cargo con el PP. Por tal motivo fue recusado por el PSOE en los juicios del caso Gürtel. Ricardo Rodríguez, candidato a ocupar una vacante de refuerzo también en comisión de servicio mantiene una estrecha relación con Concepción Espejel, considerada una de las más activas magistradas de la derecha judicial. Del Tribunal Constitucional, cuando estuvo en la Audiencia Nacional fue recusada por su vinculación al Partido Popular. Se habla de ella para el Ministerio de Justicia si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa.

Hay más jueces que han sobrepasado el límite de dos años para permanecer en comisión de servicio. Y lo peor del asunto no es eso. Es que la sala de gobierno de la AN se salta no sólo la normativa en materia de plazos sino también en lo que se refiere a los escalafones.

La ministra Pilar Llop ha decidido cortar por lo sano. Se acabaron los coladeros haciendo lo único que puede hacer el gobierno. Dejando de dotar económicamente la provisión de estas plazas. Si no hay dinero, no hay refuerzos.

Pero los jueces conservadores son inasequibles al desaliento. Saben que ya les queda poco. Y, mientras tanto, seguirán desgastando de la manera que sea posible, a la coalición de progreso. Eso, y metiendo “por la puerta de atrás” a su gente. Porque cuando “lleguen los suyos” hay mucha tarea que hacer para desmontar lo que Núñez Feijóo llama “sanchismo”. Derogar el sanchismo va a costar trabajo y para ello se requieren muchas manos en todo tipo de puestos.