Tras las grandes palabras, los aplausos y los abrazos por el pacto suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la formación de un Gobierno de coalición llega el momento de lo más complicado: limar asperezas, hacer las paces y recuperar el clima de confianza entre PSOE y Unidas Podemos, muy deteriorado a causa de la negociación fallida del pasado verano. Y entre esos escollos que ambas partes deberán sortear no solo figuran asuntos como la diferencia radical de criterio a la hora de encarar el problema de Cataluña o la reforma laboral, sino cuestiones más personales, cuitas que afectan directamente a los personajes que han participado directamente en la firma del pacto. Uno de esos obstáculos por allanar será sin duda qué va a ocurrir con las denuncias que en su día interpuso Unidas Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción contra José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, y Josep Borrell, titular de Exteriores, por la Operación Chamartín, un gigantesco plan de ordenamiento municipal y de regeneración de la zona norte de Madrid que para la formación morada fue un gran “pelotazo urbanístico”.
Ábalos ya calificó en su día de “indignante” que Unidas Podemos le incluyera en la denuncia, en la que también figuran otros 28 responsables de la operación a los que el partido de Iglesias acusa de supuesta malversación por la venta de terrenos a mitad de precio. El ministro de Fomento en funciones aseguró en el mes de julio que no ha participado en ese proyecto y se mostró muy crítico con UP. “Mi intervención ha sido solo declaraciones políticas en favor de un proyecto que defendía la alcaldesa anterior” (en referencia a Manuela Carmena, impulsora de Madrid Chamartín). “Me lo tomo con mucha tranquilidad pero también con indignación”, alegó, ya que a su juicio la denuncia fue un “gesto de hipocresía tremendo” del que se enteró “por la prensa”. “Yo en este caso tengo que ver porque soy el titular de Fomento, pero no he participado en ningún órgano donde se haya resuelto nada al respecto, ni he autorizado ni firmado nada”, dijo el exministro en su descargo.
En concreto, la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, la portavoz adjunta, Sol Sánchez, y el responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, solicitaron el pasado verano que se investigue a los ministros que se han ocupado de la cartera de Fomento desde 1991 hasta ahora y a los presidentes de la Comunidad de Madrid y alcaldes de la capital que han firmado convenios urbanísticos sobre la operación considerados lesivos, además de responsables de Renfe y Adif y de las empresas adjudicatarias. La denuncia pide además que se investigue la actuación de los ex alcaldes de Madrid Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón y de los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González. También incluye a la ex concejala del Ayuntamiento de Madrid Concepción Dancausa y al ex consejero autonómico y ex presidente del Canal de Isabel II Salvador Victoria.
Pero la nómina de denunciados va aún más allá: los ministros Josep Borrell, Rafael Arias Salgado, Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor e Íñigo de la Serna, además del ya citado José Luis Ábalos, que sin lugar a dudas será uno de los hombres fuertes del gabinete que se constituya a partir de diciembre en el caso de que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez. La denuncia se formuló ante “la enorme cantidad de suelo que transmitirá Adif a Distrito Castellana Norte (DCN), formada por la constructora San José y BBVA, que se venderá a 769 euros por cada metro cuadrado”, una operación que “supondrá un ingreso de 984 millones de euros para el gestor público de infraestructuras ferroviarias por los 1,27 millones metros cuadrados enajenados”, lo que, “según los expertos del sector inmobiliario, es la mitad del precio de mercado por el que se han vendido otros solares en el mismo ámbito”.
Según fuentes socialistas consultadas por Diario16, esta denuncia supone un “importante obstáculo” en las nuevas negociaciones que se abren entre PSOE y Unidas Podemos y formará parte a buen seguro de las conversaciones que se están llevando a cabo para la formación de un Gobierno de coalición. Son muchas las preguntas que se plantean en este espinoso asunto: ¿Qué va a pasar con la denuncia por la Operación Chamartín? ¿La retirará Unidas Podemos? ¿Seguirá adelante con ella contra los mismos actores, en este caso Ábalos y Borrell, o sacará a los exministros socialistas de la amplia lista de personas a investigar para no poner en riesgo la formación del nuevo Gobierno en el que Pablo Iglesias previsiblemente tendrá un papel fundamental como vicepresidente? Cuestiones no menores que con toda seguridad estarán encima de la mesa de negociación, junto a otros grandes asuntos de Estado aún por discutir.
se pondran de acuerdo jajajajajaja, pero gobierno no habra , es mas , en julio nuevamente elecciones generales.