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La democracia se defiende en el Reino Unido

Óscar Iglesias Fernández
Profesor de Sociología de la UNED
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análisis

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La Asamblea General de Nacionales Unidas ha servido para retratar aún más a algunos presidentes ya señalados a nivel mundial. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Trump que sin ningún rubor decía entre otras cosas: «hay una clase política que es abiertamente despectiva hacia la voluntad del pueblo»; “los activistas que promueven una política de fronteras abiertas tienen intereses por encima de las personas inocentes y socavan los derechos humanos”; el futuro no pertenece a los globalistas, sino a los patriotas”.

O Bolsonaro, presidente de Brasil, que afirmaba que “la Amazonia es nuestra; los datos de deforestación son falsos”; «la Amazonia no está siendo devastada ni consumida por el fuego como dice mentirosamente la prensa». Para continuar con la frase: «es una falacia decir que la Amazonia es un patrimonio de la humanidad» y no representa «los pulmones de la Tierra».

Y en esas estábamos, cuando desde el Reino Unido, se puso en práctica una de las máximas más importantes de la democracia. ¿Cuál? Nadie está por encima de la ley y la democracia debe ser defendida activamente frente a los que quieren acabar con ella desde dentro de las propias instituciones democráticas.

Me refiero a la decisión por unanimidad del Tribunal Supremo del Reino Unido de declarar ilegal, nula y sin efecto la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento. Exactamente, el Tribunal dice que “El consejo del primer ministro [a la reina, para que ordenara la suspensión del Parlamento] fue ilegal y ajeno a los poderes del cargo”. Y, por tanto, la orden misma, basada en un consejo ilegal, fue ella misma ilegal, nula y sin efecto, y debe ser suprimida”

El Parlamento ya está abierto, lo que supone una gran victoria de la democracia y un duro golpe para el populista Johnson. Y está abierto porque el propio tribunal corrobora que corresponde al Parlamento decidir qué hacer a continuación: “a menos que exista alguna norma parlamentaria de la que no tengamos conocimiento, pueden tomar medidas inmediatas para permitir que cada Cámara se reúna lo antes posible.” Y lo antes posible, ha sido ya.

A parte de los titulares de la noticia, es interesante destacar, por su trascendencia, el camino que recorre el tribunal hasta llegar a su conclusión final:

  • Al emitir el fallo, la presidenta del tribunal acota el proceso, señalando que lo que están juzgando no se refiere a cuándo y en qué términos el Reino Unido debe abandonar la Unión Europea. Solo se trata de si el consejo dado por el Primer Ministro a Su Majestad la Reina el 27 o 28 de agosto, de que el Parlamento debe suspenderse, era legal y las consecuencias legales si no fuera así.
  • El tribunal sostiene que este caso trata de los límites del poder de aconsejar a Su Majestad que suspenda el Parlamento. ¿Cuáles son los límites de ese poder? Para decidir esta cuestión señala dos principios fundamentales de su Constitución. El primero, es la soberanía parlamentaria y, el segundo, la responsabilidad parlamentaria. Y llega a la conclusión de que ese poder está limitado por estos principios constitucionales con los que de lo contrario entraría en conflicto.
  • El tribunal establece el límite sobre el poder de suspender el Parlamento: será ilegal si tiene el efecto de frustrar o impedir, sin justificación razonable, la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales como legislativo y como el organismo responsable de la supervisión del ejecutivo.
  • Llegados a este punto, se plantea la cuestión clave: ¿Esta decisión tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable? Y aquí, tras analizar los hechos, y afirmar que esta suspensión impidió que el Parlamento desempeñara su papel constitucional y tuvo lugar en circunstancias bastante excepcionales, el tribunal determina que la decisión fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable.
  • Finalmente, el tribunal se pregunta ¿Cuál es efecto legal de esa conclusión? Pues declarar que el consejo fue ilegal y cualquier suspensión es nula y sin efecto.

La democracia se defiende en el Reino Unido. Pero el trabajo debe continuar por parte de todos los demócratas. Mientras tanto, sería bueno que el primer ministro asumiera sus responsabilidades ante el burdo intento de cerrar la democracia en el Reino Unido con el fin de lograr, el 31 de octubre, un Brexit duro y sin acuerdo que castigará gravemente a sus ciudadanos.

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