Hoy ha comenzado el juicio que, aparentemente, es contra lo líderes del soberanismo catalán. Pero lo cierto es que a quien se está sometiendo a juicio es al sistema democrático y de Derecho español. Esta afirmación seguramente le resulte asombrosa si usted ha estado durante todo este proceso siguiendo los principales canales de comunicación españoles. Esos que le han venido contando mentira tras mentira durante casi dos años.
Ahora comienza una fase en la que podrá usted conocer algo que hasta ahora no le habían querido mostrar: una parte de la realidad que ha sido manipulada, manoseada y pisoteada de manera constante por los distintos líderes políticos, autodenominados «constitucionalistas», por los medios de «información» al servicio de la causa (la unidad de España que mantiene a los dueños de las cadenas donde están) y por todo un sistema que ha pasado más de cuarenta años viviendo cómodamente siempre y cuando sus privilegios no se pusieran en duda.
Hoy ha empezado un proceso que, si se sigue con rigor, sorprenderá. Porque hasta ahora no se ha conocido la vulneración sistemática que han sufrido las personas acusadas de delitos inexistentes. Porque hasta ahora no ha habido lugar para escuchar en tertulias, ni leer en editoriales qué es lo que se ha estado forzando continuamente: la letra del derecho no da más de sí, y aún así, a pesar de que muchísimos expertos en la materia se hayan pronunciado señalando que aquí no hay delito de rebelión, ni de sedición ni de pertenencia a organización criminal, nadie ha querido prestarles atención. Nadie salvo instancias internacionales, claro está. Y precisamente, como las vulneraciones están resultando tan obscenas, se han tenido que invertir cientos de miles de euros de dinero público para financiar campañas oficiales que persiguen limpiar la imagen de España. Y para justificarlo, una mentira más: contarnos que los independentistas catalanes se han pasado la vida mintiendo por el mundo. Como si el mundo fuese idiota.
Se ha negado sistemáticamente el uso de violencia para reprimir a los votantes el 1 de octubre. Se ha llegado a decir que las imágenes que hemos visto eran falsas. Incluso se ha llegado a decir esto a periodistas internacionales que habían sido quienes habían grabado directamente lo sucedido. Se ha mentido sin sonrojarse. Ministros del gobierno lo han hecho y continúan haciéndolo.
Jueces que han accedido a juzgar y a conocer de este asunto sin cumplir los requisitos ni los criterios de reparto. Jueces manchados por sistemas de clientelismo para colocar a sus hijas en carrera judicial. Miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad utilizando y amparándose en el anonimato de las redes sociales para insultar, amenazar y amedrentar a líderes políticos y generadores de opinión defensores del soberanismo. Incluso algún fiscal, encargado precisamente de delitos informáticos ha sido pillado en semejante actitud.
Y sigue sin pasar nada.
Informes policiales falsos. Como ese que hablaba de pueblos imaginarios donde los vecinos agredían violentamente a los policías. Todo falso.
Tan falso como las campañas que se han realizado contra maestros, alcaldes, vecinos y ciudadanos pacíficos que solamente han acudido a meter una papeleta en una urna.
Ya es hora de que todo esto se demuestre, se ventile y se conozca. Tristemente TVE, a pesar de emitir la señal, no está facilitando a sus espectadores el seguimiento en directo del juicio. Y eso que es el más importante, probablemente, en toda la historia de la democracia española reciente. Nada. Ya están para eso los tertulianos que acaparan los mensajes desde las cadenas, públicas o privadas, al servicio de la unidad de España: esos mismos que el pasado domingo acudieron a leer manifiestos llenos de mentiras ante un pequeño puñado de personas desinformadas, alimentadas de odio e ignorancia. Esos son los que aplauden a la acusación popular que ejerce Vox contra los independentistas.
Este juicio no va solamente contra Junqueras, Turull, Rull, Forn, Forcadell, Bassa, Los Jordis, Mundó, Vila… este juicio, en realidad, va contra toda persona demócrata que considere que en una sociedad moderna se puede y se debe hablar de todo. Que cree firmemente en los cauces democráticos para tomar decisiones. En las instituciones legitimadas por los votos de la ciudadanía. Que confía en el cumplimiento del contrato social que se establece entre votantes y votados. Y eso es lo que aquí se está condenando: ni más ni menos.
Un país donde un partido político es legal, y es independentista. Donde un programa político para concurrir a las elecciones lleva marcada una hoja de ruta hacia la independencia, reconocida en la Constitución. Que no ha sido impugnado por ninguna junta electoral. Unas ideas, un proyecto, que consiguen la mayoría suficiente para gobernar una región. Y que, obtenido el apoyo en las urnas, se pone en marcha para cumplir su mandato. ¿Qué se encuentra después de haber intentado dialogar en todas las ocasiones posibles con el gobierno central? La criminalización.
Ya lo habían avisado magistrados anteriormente. Incluso alguno, que siendo de la Sala segunda del Tribunal Supremo, había realizado un informe para FAES en el cual, explicaba detalladamente que el ordenamiento jurídico español, a día de hoy (lo decía en 2008 pero sigue teniendo vigencia en lo que al código penal se refiere), no daría cabida a la criminalización por la declaración de independencia por parte de un Parlamento autonómico. Sí. Así lo dice. Y en ese sentido es sorprendente cómo todos los expertos en derecho secundan este posicionamiento.
Sin embargo, vemos cómo los magistrados están acelerados en esta especie de huída hacia delante. Llevándose todo lo que encuentran por el medio hacia un callejón sin salida.
Será probablemente la justicia europea quien deberá decir, dentro de cinco o seis años que todo esto ha sido un despropósito. Será entonces, a toro pasado, cuando alguien se pare a señalar a este país como perseguidor de libertades fundamentales. Será cuando el daño esté ya hecho. Cuando no se pueda devolver el tiempo en libertad robado a personas inocentes. Y será cuando los que han estado promoviendo esta ignominia se encuentren ya con sus posaderas en algún consejo de administración desde el cual, sus gigantes beneficios no dejen de aumentar.
Y mientras tanto, los derechos de la ciudadanía habrán disminuido tanto que ya no sabremos si decir en voz alta lo que pensamos. Porque a nosotros también nos están juzgando, y de hecho, estamos aplicándonos ya la sentencia de la autocensura antes de que termine el juicio. El miedo y la represión son la insignia de este modus operandi, donde es un peligro tener razón.
Es cómico el argumento utilizado por las defensas acerca del viciado de la instrucción por ser LLarena víctima pues bastaría que cualquier sinmpatizante de un reo acosase al juez instructor de la causa para apartarlo de ella. Por otro lado muchísimos jueces que administran en Cataluña no podrían juzgar tampoco los hechos pues fueron víctimas del intento de los encausados de hacerlos extranjeros en su propio pais como así fue al declarar Cataluña república independiente de España.