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La decisión de la Fiscalía que insta a que las víctimas sean escuchadas en las investigaciones sobre residencias «llega tarde» para las familias

La Plataforma Estatal de Familiares de Residencias insiste en que los protocolos de no derivación impidieron que las personas que vivían en residencias fueran atendidas un hospital cuando enfermaron de COVID-19 masivamente. Denuncia, a su vez, que, en las olas sucesivas, hubo también muchas muertes "que se podían haber evitado porque siguió habiendo una inacción muy grande por parte de las Comunidades Autónomas"

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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Lo que parecía casi imposible para las familias de personas mayores fallecidas en residencias durante la pandemia, como consecuencia del COVID-19 y la activación del protocolo de no derivación a hospitales, se ha hecho realidad. La Fiscalía General del Estado ha remitido un oficio a los Fiscales Superiores en el que les insta a adoptar las medidas oportunas para que las víctimas o sus familiares sean oídos en las diligencias de investigación y procedimientos judiciales seguidos por fallecimientos en residencias y centros de mayores.

Asimismo, pide en su escrito que los y las fiscales tengan una actuación particularmente proactiva en estos casos e interesen la toma de declaración de las víctimas o sus familiares -en especial cuando no estén personados en el procedimiento-, si no ha sido acordada de oficio por el órgano judicial.

También deberán asistir en todo caso a la toma de declaración de los familiares y de las personas investigadas, así como a todas las declaraciones de los testigos que sean de relevancia para el proceso.

En el oficio, la Fiscalía General pide también a los Fiscales Superiores que actualicen trimestralmente los datos relativos al número de diligencias de investigación en tramitación en todas las fiscalías de cada Comunidad Autónoma y el número procedimientos judiciales en curso.

Según la Fiscalía General del Estado, refuerza así «su papel de protección y tutela de los colectivos más vulnerables e impulsa el seguimiento que viene realizando desde marzo de 2020 de las circunstancias que puedan haber determinado especiales riesgos sanitarios, en ocasiones con resultados de muerte, de personas que habitan en centros residenciales».

Un medida que llega tarde

Pero la decisión, si bien ha sido recibida como una buena noticia entre las plataformas de familiares de residentes, llega con retraso, como manifiesta Ana Redondo, portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias y presidenta de la Plataforma de Afectados por la Gestión de Residencias en Castilla-León.

«Llega bastante tarde. Llega muy tarde porque nosotros ya en la Plataforma Estatal tuvimos una reunión el verano pasado con la fiscala general de Derechos de Personas Mayores, María José Segarra, y entonces le expresamos lo que nosotros sentíamos. Y es que la Justicia no había actuado y no había entrado dentro de las residencias. Siempre hemos sido partidarios de que hubiera comisiones de investigación en los distintos parlamentos autonómicos, en el parlamento del Estado, en la Unión Europea, porque somos consientes y creemos que hay pruebas suficientes para pensar que lo que ocurrió en las residencias, en España, durante la pandemia fue una vulneración de derechos, que está creemos suficientemente probada, ya que por una parte hubo, en muchas comunidades, protocolos de no derivación a los hospitales. Hablamos de comunidades como Castilla y León, Madrid, Cataluña. Esos protocolos impidieron que las personas que vivían en residencias fueran derivadas a un hospital cuando enfermaron de COVID-19 masivamente. Y esos protocolos discriminaron a las personas por su edad y su lugar de residencia. Esto es gravísimo. Posteriormente, en las olas sucesivas, hubo también muchas muertes que pensamos que se podían haber evitado porque siguió habiendo una inacción muy grande por parte de las Comunidades Autónomas, que eran las que tenían las competencias en cuanto a las medidas de protección, de formación a los trabajadores, a la sectorización…».

Redondo piensa que «la Fiscalía debe ser la promotora de la acción de la Justicia y que tiene que defender los derechos de toda la ciudadanía, pero de toda, no solo de una parte. Entonces, aquí se tendrán que estudiar las responsabilidades que haya en cada caso, ya sean penales, civiles, administrativas o del tipo que sean».

Duelo y proceso judicial

Pone el acento en que se ha de tener en cuenta que cuando una familia, de manera individual, busca la ayuda de la Justicia, tiene un camino complicado por delante. «Primero hay que ponerse de acuerdo dentro de la propia familia, porque no todo el mundo opina lo mismo. Hay que hacer frente a un desembolso. Cuando uno contrata a un abogado para que le represente, que muchas veces también hace falta un procurador, pues hablamos de un dinero que no todo el mundo está en disposición de poder dedicar a esto».

A esto hay que sumar que se trata de procesos muy dolorosos, porque se han de revivir aquellos meses y aquellos días, «que fueron verdaderamente muy traumáticos para mucha gente, cuando estaban intentado por todos los medios que derivaran a su familiar y no lo consiguieron. Es todo bastante dramático, porque son situaciones en las que no se puede llevar a cabo luego un duelo de una manera normal».

Muchas veces no encuentran la colaboración de los propios profesionales, «bien porque a algunos abogados les parecen juicios difíciles de ganar o porque tienen miedo de enfrentarse a las administraciones o los poderes públicos».

Fiscalía, derechos y mayores

Explica que la Fiscalía especializada en los derechos de las personas mayores debería desarrollarse convenientemente y estar dotada de los medios suficientes para poder ejercer su labor. «Esto no está desarrollado en la mayoría de las fiscalías provinciales. Y creemos que tenemos que terminar con este maltrato institucional al que se sometió a muchas personas, no solo durante las primeras olas de la pandemia, sino que hay que recordar que luego se han seguido vulnerando los derechos fundamentales de las personas que vivían en residencias en cuanto a las salidas, las visitas. Cuando todos estábamos ya haciendo una vida completamente normal, entrando, saliendo, trabajando, viajando, yendo al cine y a tomarte algo a una terraza en muchas de estas residencias seguían teniendo un régimen carcelario, arbitrario además, sin razones aparentes, para abrir, para cerrar, para no permitir visitas. Hubo un aislamiento tremendo de estas personas de sus familiares, de sus personas queridas, con lo que todo eso conlleva a edades determinadas y en algunos casos con patologías graves».

Responsabilidades políticas

Respecto a las responsabilidades políticas, consideran que «hay que asumirlas de una vez», y apuntan a las personas «que hubo en los despachos que decidieron quien iba a poder tener asistencia sanitaria y quien no. Así de claro. Aquí, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, el protocolo de no derivación llegó a las residencias el 20 de marzo. Ese día en Castilla y León había poquísimos casos. Y aún así, a muchas personas se las dejó morir».

Afirma tajante Ana Redondo que «como sociedad no deberíamos permitir que estas personas salgan sin consecuencias después de haber tomado decisiones tan graves y que ocasionaron tantas muertes. Sobre todo para que esto no se pueda volver a repetir. Porque, si al que decidió eso en un momento dado, no le pasa nada, continúa con su vida, con su carrera política estupendamente, pues claro nadie nos dice que en futuras pandemias u ocasiones que podamos tener similares, pues el que en ese momento esté pueda pensar, bueno, yo decido lo que me da la gana y hago lo que me parezca porque esto no va a tener ninguna consecuencia».

La incontinencia verbal de Ossorio

Por último, define las palabras del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio como inaceptables. «¿Quién es él para decir si las familias han superado o no el duelo por las personas que fallecieron? Y no se piden responsabilidades, ni disculpas, ni se hace absolutamente nada. Yo no creo que nadie, y hablo de cualquier comunidad con independencia del color político de sus dirigentes, pueda intentar sacar un rédito político del dolor de muchísimas familias. No creo que haya alguien tan miserable como para hacer eso. Cuando ha habido partidos políticos que han luchado para que haya comisiones de investigación, yo creo que lo que están haciendo es ponerse en la piel de muchísimos ciudadanos, ya no solo porque hayan tenido víctimas en sus propias familias, sino porque es la sensibilidad de muchas personas. No creo que nadie sea tan miserable. Y acusar al que lo hace de intentar sacar rédito político, pues igual resulta que el miserable eres tú, porque tú lo harías».

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