Foto de la ‘Marea Blanca’ el 29 de noviembre de 2012, foto Agustín Millán

La Cumbre Social Estatal celebró el 18 de febrero una jornada virtual a la que asistieron unas ochenta personas, y en la que conocidas figuras del ámbito sanitario y social analizaron la situación de la sanidad pública en España tras casi un año de la declaración de la pandemia por parte de la OMS.

Resulta difícil encontrar nuevos calificativos para describir las cifras de la pandemia con 110 millones de casos en el mundo a 19 de febrero y un número de muertos de 2.441.917 personas, alcanzando en España la cifra de 64.217 muertes.

La sanidad pública española ya estaba debilitada antes de la pandemia como consecuencia de los recortes que situaron el gasto público sanitario en mínimos históricos, y tiene que seguir afrontando grandes retos.

El primero consiste en recuperar los recursos perdidos durante estos años y equiparar el gasto público sanitario a la media europea, que se sitúa en 2.292 euros por habitante y año, frente a los 1.568 de España. Existen, además, grandes diferencias territoriales que dificultan el acceso a las mismas prestaciones en cantidad y calidad.

Deben abordarse también, de forma urgente, otros retos como la escasa dotación de personal, los contagios de profesionales (más de 118.000, que suponen el 20%), la falta de prevención, la coordinación sociosanitaria, la extensión de la vacunación, o la provisión pública directa de los servicios frente a un modelo privatizador muy extendido. Además, deben incrementarse las camas hospitalarias, reducirse las listas de espera, crear un fondo de reserva de material sanitario, favorecer la investigación, contener la emergencia climática o establecer un sistema mundial de gobernanza de la salud.

Por su parte, la atención primaria ha estado especialmente castigada con un peso cada vez menor en los presupuestos sanitarios. Durante la pandemia se han agravado las demoras en las citas, cerrado centros y apenas hay atención presencial. Resulta urgente reforzarla para que pueda llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento de personas con COVID, sin dejar de atender a pacientes con otras patologías.

Para hacer frente a la campaña de vacunación, la atención primaria se debe dotar con los recursos suficientes para administrar 300.000 dosis al día.

También ha confirmado la falta de profesionales y la excesiva temporalidad de sus contratos. Es necesario incrementar las plantillas en 62.045 efectivos y reducir una tasa de temporalidad que afecta al 36%.

Durante la jornada también se habló del derecho a la vacunación y las dificultades que presenta un proceso marcado por el excesivo poder de la industria farmacéutica, que aprovecha su posición a la hora de fijar los precios de fármacos y vacunas.

Además, en el caso de la vacuna del COVID-19, las tecnologías que se han aplicado en su desarrollo han sido financiadas con dinero público. En los últimos 11 meses los gobiernos han puesto más de 20.000 millones de euros en todo el mundo para acelerar la investigación.

En tanto se avanza en un cambio de modelo global, en el momento presente de la pandemia, la UE y sus Estados miembros deben obligar a las empresas a liberar las patentes y transferir/compartir la tecnología para que las vacunas se puedan fabricar en todas las plantas acreditadas y vender a precio de coste. Es necesaria una movilización social fuerte para presionar en este sentido, tal como se está haciendo a través de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Cure, a la que se suscribirá la Cumbre Social Estatal.

Durante la jornada tampoco ha pasado desapercibido el hecho de que la pandemia no afecta a todos los grupos por igual. Es el caso de las mujeres, que realizan mayoritariamente el trabajo sanitario, los servicios esenciales, los cuidados, el empleo doméstico, y que además han sufrido el incremento de las situaciones de violencia de género.

Las personas migrantes, refugiadas y desplazadas que han visto agravadas sus situaciones de precariedad laboral, desempleo y extrema pobreza, como así también las personas jóvenes. Las personas mayores, por su parte, están padeciendo el distanciamiento social, el aislamiento, la soledad y la muerte (han fallecido durante la pandemia 27.654).

La dependencia y las enfermedades crónicas suponen mayor vulnerabilidad con la actual política de patentes y la insuficiencia de recursos: 700 personas mueren al año de VIH-SIDA, que se podrían salvar con diagnóstico precoz y acceso a tratamientos.  Durante la pandemia, el 20% de las personas enfermas de cáncer no han sido diagnosticadas y el 25% de los pacientes con diálisis han muerto.

Finalmente se ha señalado que revertir esta situación requiere de la participación ciudadana, y en este sentido la Cumbre Social Estatal, reclama el papel de los órganos de participación del sistema de salud, que durante la pandemia no han sido convocados.

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre