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La crispación política acaba con el Pacto de Toledo por las pensiones

Se abría el camino para que las empresas que utilicen robots para sustituir la mano de obra humana terminen cotizando a la Seguridad Social

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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El acuerdo previsto en la comisión del Pacto de Toledo ha saltado por los aires. Los portavoces de los partidos políticos en la comisión han confirmado que esta legislatura no saldrá adelante el anhelado paquete de recomendaciones “sobre la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones”, que recogía algunas medidas importantes, entre ellas la revalorización de las pensiones al IPC.

En el documento si llega a ver la luz, se iba a incluir una recomendación sobre la nueva economía, el cambio tecnológico y las nuevas realidades que se plantean. Aunque la recomendación no dice define claramente que los robots coticen, sí señala que de algún sitio deben salir los recursos para que el sistema siga siendo sostenible, se abre el camino para que las empresas que utilicen máquinas para sustituir la mano de obra humana terminen cotizando a la Seguridad Social, como viene reclamando UGT desde hace varios años.

Según varias diputadas, Podemos ha planteado varios votos particulares sobre las recomendaciones, pero lo que realmente ha sucedido es que se le ha dado una excusa al partido de la crispación a levantarse de la mesa del Pacto de Toledo y no seguir con la negociación. Ambos partidos han dado por rotas las negociaciones y no volverán a reunirse antes del fin de las negociaciones. El resto de los grupos políticos, entre los que se cuentan PSOE, PDECat o PNV, proponían cerrar las últimas recomendaciones y remitir un documento al Gobierno con medidas como ligar las subidas al IPC.

Mercè Perea, “es factible llegar a un acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo, ya que las recomendaciones están casi cerradas

Después de dos años de búsqueda de consenso entre los grupos políticos, los últimos flecos de las recomendaciones para la reforma de las pensiones, no se sabe si llegaran a cerrarse antes de la disolución de las Cortes Generales el próximo 5 de marzo.

Fuentes próximas a las negociaciones confirman que la posibilidad de llegar a un acuerdo es muy pequeña y de salir un documento de recomendaciones, éste estaría plagado de votos particulares contrarios en cuestiones fundamentales, como el de la futura reforma de la Seguridad Social.

Algunas de las recomendaciones serán incluidas un Real Decreto Ley como solicitaron UGT y CCOO en el acto de la Caja Mágica, como ha confirmado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Modificará algunos aspectos concretos como la separación de fuentes de financiación en prestaciones contributivas y no contributivas, o la revalorización de las pensiones al IPC, dos de los consensos alcanzados en estos dos años.

Unidas Podemos advertía recientemente al Gobierno, que “no tenía intención de vender humo sobre el sistema de pensiones”, a raíz de los desacuerdos existentes con el PSOE en algunos aspectos, como la separación de fuentes de financiación en prestaciones contributivas y no contributivas, el refuerzo de la contributividad y el establecimiento de un factor de suficiencia.

La portavoz de la Comisión del PSOE, Mercè Perea, ha afirmado que todavía “es factible llegar a un acuerdo, ya que las recomendaciones están casi cerradas. Es la mejor noticia que podría tener este país”, en referencia a que el Pleno del Congreso apruebe la vuelta a revalorizar las pensiones al IPC, después de que la recomendación número dos que garantizaba esta subida anual, fuera apoyada por todos los partidos políticos.

Quedan pendientes otras medidas como el fin del déficit de la Seguridad Social para 2025; la separación de fuentes de financiación en prestaciones contributivas y no contributivas; la ampliación de los años que se toman como base para el cálculo de la pensión; o elevar la edad efectiva de jubilación a una más cercana a la legal.

A lo que hay que sumar el impuesto que se podía fijar sobre los avances tecnológicos que se apliquen en las empresas, el llamado ‘impuesto a los robots’, que exigió reiteradamente el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

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