“Donde las dan, las toman”. Este dicho se puede trasladar a lo que van a hacer los socialistas con el PP. “Tradicionalmente”, este partido debería designar a un candidato para sustituir al magistrado del Tribunal Constitucional, Alfredo Montoya, quien renunció en julio pasado por enfermedad.
Su plaza corresponde al llamado “tercio parlamentario”. Y es el Senado el que la debe cubrir con los votos de tres quintos de sus miembros. Por lo cual se necesita el acuerdo entre el PP y el PSOE. Pero los socialistas se niegan si no se llega a un acuerdo para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que llevan cuatro años “en funciones”. Así pues, el TC no va a funcionar al completo. La mayoría es de 7 “progresistas” frente a 4 “conservadores” cuando la correlación debería ser 7 a 5.
Hay otra inquietante circunstancia. Una de las vocales progresistas, María Luisa Balaguer, se postula a la presidencia del Tribunal que queda vacante por el cese de González Trevijano. En Moncloa no se oculta el contratiempo que supondrá el que esta magistrada se enfrente a su candidato, el ex fiscal general del Estado en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y “excomulgado” por la derecha mediática, Cándido Conde Pumpido.
A Conde Pumpido se le califica de “disruptivo”, persona problemática y alteradora, mientras que a Balaguer se la considera más “sumisa”. Hay un hecho sintomático que se ha producido en los últimos días. El auto en el que la mayoría conservadora justifica las medidas cautelarísimas que paralizaron la votación de la reforma de las leyes orgánicas del poder judicial y del tribunal constitucional va acompañado de dos votos particulares. Uno, el de tres de los magistrados progresistas. Y el cuarto, en solitario al margen de sus compañeros, el de María Luisa Balaguer.
Y esto se ha interpretado como un gesto por parte de la magistrada en el sentido de que va a ir por libre y no se dejará influenciar por lo que decidan el resto de sus compañeros. La derecha se muestra muy optimista al ver esta actitud. Incluso hasta el punto de que está buscando todos los apoyos posibles para que sea elegida como nueva presidenta. Para ello se ha hablado con los magistrados designados por el Consejo General del Poder Judicial. Cuentan con el voto, casi seguro, del ex presidente de la sala de Lo Contencioso Administrativo, César Tolosa, e intentan convencer a María Luisa Segoviano, considerada progresista pero poco proclive a una “ruptura radical” tal y como se creen que ocurrirá si se designa a Conde Pumpido.
El conflicto está servido y, por supuesto, las injerencias de uno y otro signo. Pero ahí no termina la cosa. El Congreso y el Senado preparan las alegaciones al auto del Tribunal Constitucional que ha sido considerado en amplios sectores judiciales como “el intento de acabar con la supremacía del Parlamento en materia legislativa”.
“Un ejercicio miserable de jurisdicción constitucional”, afirma el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, quien señala, además, que “la práctica constitucional que se ha impuesto ha sido espantosa. No debe caer en el olvido. Habrá que hacer las reformas necesarias para que no pueda volver a ocurrir”.
Y no le falta razón al jurista. Según el controvertido auto, el Tribunal Constitucional está legitimado para controlar al Parlamento lo que contradice a la propia Constitución de la que dice ser “guardián” que señala al Congreso y el Senado como depositarios de la soberanía popular. Es, como alguien muy bien ha dicho, dejar que unos funcionarios, que los jueces y magistrados no son mas que eso, simples funcionarios que cobran de nuestros bolsillos decidan lo que es bueno y lo que es malo para la sociedad española. Algo que sólo debe ponderar la sociedad premiando o sancionando con lo que decida la mayoría en las urnas.
El conflicto va a estar servido porque, muy probablemente, las presidencias del Congreso y el Senado presentarán unas alegaciones contundentes que deberá examinar el nuevo Tribunal Constitucional con una mayoría diferente a la que sentenció hace unos días. ¿Qué van a hacer los nuevos magistrados? ¿Van a ratificarse en las ideas de sus predecesores, de los Trevijano y compañía?
La crisis institucional no ha concluido. El Consejo General del Poder Judicial sigue “en funciones” o, como se ha dicho por ahí, “en rebeldía”. Hay 72 plazas vacantes de jueces y magistrados en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional que hay que cubrir urgentemente. Un trámite que no se puede llevar a cabo mientras el GGPJ no se renueve.
Y el Tribunal Constitucional no está al completo. Un organismo desprestigiado después de lo que ha sucedido, y que, encima, se va a mostrar muy polarizado. Y donde los partidos políticos seguirán “metiendo la cuchara”. Sobre todo, la derecha que cree que la Justicia sigue siendo su patrimonio exclusivo.
