Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. ​ Más concretamente, ese sector privado, conformado principalmente por consumidores y empresarios serían, en el caso de estos últimos, quienes podrían pasar a desempeñar roles que en determinados países asume y financia el Estado con impuestos del contribuyente. Es decir, que los neoliberales pretenden, para favorecer al sector privado, debilitar al máximo la capacidad del Estado como elemento de defensa del pueblo ante los abusos de los poderosos o frente a crisis como la que estamos viviendo en la actualidad.

En España, tradicionalmente, los defensores del neoliberalismo han sido el Partido Popular, Ciudadanos y una parte del presunto progresismo que, en realidad, están más cerca del pensamiento de Ronald Reagan o Margaret Thatcher que de lo que, teóricamente, debían defender.

Debilitar al Estado para ceder la gestión de los países al sector privado es un error y la crisis del coronavirus lo está demostrando. Diario16 ya publicó cómo el sistema sanitario quedó muy herido tras los recortes del Partido Popular, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. En la Comunidad de Madrid, la mejor muestra de implantación de políticas privatización de un servicio básico como es la sanidad, por ejemplo, estamos viendo cómo se están habilitando hoteles o un pabellón de IFEMA para cubrir las necesidades de los hospitales mientras mantiene cerradas 3.000 camas de hospital.

Sin embargo, resulta cuanto menos incoherente que los neoliberales los que más ayuda están pidiendo del Estado a la hora de afrontar las consecuencias del coronavirus. Esta es la mejor muestra de que el sector privado jamás podrá dar la protección a la ciudadanía que proporcionan los servicios públicos.

Por otro lado, el comportamiento de ciertas grandes empresas hacia sus trabajadores en esta crisis es absolutamente lamentable. Mientras el Gobierno no ceja de buscar soluciones y proteger al pueblo, encontramos casos como el de Ferrovial que, por un lado, desprotege a sus empleados. Uno de ellos, que trabaja para el servicio en los trenes, ha afirmado a Diario16 lo siguiente: «No entendemos que nos sigan obligando a tener que viajar por todo el territorio nacional cuando Renfe ha suspendido todos los servicios de a bordo (ni cafetería, ni servicio en preferente, ni auriculares ni nada) con el correspondiente riesgo que conlleva el pasearse por varias ciudades en un mismo día y teniendo contacto con viajeros de diferentes lugares. El único medio de protección que nos han facilitado, después de unos días, han sido guantes sin mascarillas. Somos un grupo de riesgo, según el ministerio».

Ferrovial, según el testimonio del trabajador, mandó una carta a los compañeros de servicios de tierra advirtiéndoles de que podían tomar medidas disciplinarias contra ellos por hacer uso de guantes o mascarillas ya que estos no pertenecían a la uniformidad de la empresa y que quedaba prohibido. Los sindicatos, por su parte, solicitaron a la empresa el poder hacer uso de estos medios de protección para el servicio de a bordo que aún se ve obligado a viajar y pernoctar en hoteles fuera de sus casas y de almacén. La empresa respondió a esta petición que el uso de estas prendas no mejoraba ni garantizaba una mayor protección contra los contagios.

Esta actitud de Ferrovial, quien ya tuvo problemas hace dos años para renovar el contrato con Renfe por no alcanzar un acuerdo con los trabajadores para renovar el convenio colectivo, contrasta claramente con la actitud del Ministerio de Transportes que está orientada claramente hacia la protección tanto de los empleados como de la ciudadanía. Es lo que tiene la anteposición de los intereses económicos al interés general y esta es una consecuencia de la privatización o la externalización de servicios preconizada por los neoliberales.

Por otro lado, según ha denunciado el sindicato CCOO, Ferrovial está aprovechando la situación de alarma para despedir a trabajadores y trabajadoras de la contrata de limpieza de la Universidad de les Illes Balears (UIB), antes de la fecha de finalización del contrato de dichos trabajadores; máxime cuando Ferrovial no ha visto reducido su contrato con la Universidad. Según el sindicato, estos despidos son totalmente injustificables puesto que la empresa no ha visto mermado su contrato con la UIB para contemplar tal decisión, lo cual da a entender que Ferrovial cobrará un servicio ahorrándose los sueldos de los trabajadores despedidos. El propio sindicato confirmó al día siguiente que Ferrovial había dado marcha atrás a esta decisión y había readmitido a los trabajadores.

Esta es la situación que se genera en una crisis con los servicios externalizados o privatizados. Además, los contratos por los que el Estado cede su responsabilidad a empresas privadas suelen estar blindados para que, en caso de que el servicio u obra no genere el beneficio previsto inicialmente para la empresa en cuestión, sea el Estado quien se haga cargo de las pérdidas. Así ocurrió con el Proyecto Castor de Florentino Pérez o con las autopistas de peaje de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos y Esperanza Aguirre que tuvieron que ser rescatadas con 6.000 millones y a las que José Blanco, como ministro de Fomento, dio ayudas por valor de 480 millones de euros.

El capital pretende hacerse con el control del Estado, pero, en momentos de crisis, recurren a él para que les salve. Así es como actúan las dictaduras y, ni el pueblo ni los dirigentes responsable, lo pueden permitir. Esta crisis del coronavirus ha demostrado hasta dónde son capaces de llegar. Hay tiempo para revertir la situación.

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