La Corte Suprema de EEUU determinó el viernes que la entrada en vigor de las restricciones de los medicamentos destinados a la interrupción del embarazo quedaba detenida.
En una orden breve, sin firma, lanzada a petición del Departamento de Justicia y de un fabricante de mifepristona, el Tribunal Supremo ha suspendido los fallos que, tribunales de rango inferior, habían emitido previamente. Mientras se desarrolla el proceso de apelación, alto tribunal ha decidido mantener el acceso a la píldora abortiva como medida cautelar.
Con la medida, el tribunal ha respaldado a quienes defienden el acceso a las píldoras abortivas, poniendo así en suspenso los fallos de tribunales de rango inferior que estaban tomando decisiones para interrumpir la administración de estos fármacos. El origen del proceso se encuentra en médicos antiabortistas que apelaron a la justicia para que se eliminase la aprobación que la FDA (Aministración de Medicamentos y Alimentos de EEUU) dio hace veinte años a la mifepristona.
Con la orden dada por el Tribunal Supremo, por el momento se mantiene la regulación de la FDA al respecto de este medicamento, lo que garantiza el acceso a la píldora en los Estados donde es legal la interrupción del embarazo por esta vía. Por lo menos, se podrá acceder a ella durante las próximas dos semanas, como mínimo, hasta que se dicte una sentencia firme. Pero se han establecido algunas restricciones por parte de tribunales inferiores que deberán ser analizadas.
La orden dictada este viernes mantiene, de momento, la situación vigente hasta ahora, hasta que los jueces acuerden una sentencia que ponga fin a esta disputa. Se trata del segundo caso más importante que ha llegado hasta la Corte Suprema desde que los jueces anularon la protección al derecho al aborto de Roe vs Wade en 2022, lo que hizo que los estados conservadores prohibieran, o restringieran, el uso de la píldora abortiva.
El objeto de la batalla judicial versa sobre la autoridad de la FDA para regular la mifepristona, el medicamento que ha sido empleado para la interrupción de los embarazos. El debate generado versa sobre la capacidad de los tribunales para analizar las decisiones de la FDA de cara a regular los medicamentos.
Uno de los jueces ha discrepado sobre la decisión tomada, y en este sentido, el juez Alito señala que «el Gobierno no ha disipado las dudas legítimas de que incluso obedecería una orden desfavorable en estos casos, y mucho menos de que optaría por tomar medidas coercitivas a las que tiene fuertes objeciones».
Este caso comenzó en noviembre cuando un grupo de médicos, contrarios al aborto, presentaron una demanda argumentando que la FDA no había hecho lo suficiente para garantizar la seguridad del medicamento dos décadas atrás.
El juez del Tribunal de Distrito de EEUU Matthew Kacsmaryk emitió un fallo el 7 de abril que bloqueaba la aprobación del medicamento por parte de la FDA, así como los cambios que se habían realizado en los años posteriores. En su fallo, dio un margen de 7 días para poder presentar apelación. El juez sostuvo que los médicos tenían derecho legal a comparecer ante el tribunal para exponer su demanda, ya que consideraban que el uso de este medicamento podría llegar a saturar el sistema de salud.
Ante la decisión del juez, desde el gobierno de Biden, de la mano con Danco, fabricante del medicamento, presentaron una demanda ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EEUU. Este tribunal de apelaciones mantuvo la aprobación del fármaco por parte de la FDA, pero coincidió en que el acceso a la píldora abortiva debía limitarse y controlarse.
De esta manera, tres jueces del tribunal consideraron que se debía retornar al régimen previo a 2016, siendo más restrictivo. Por ejemplo, basándose en esta normativa, se impide enviar la píldora a las pacientes por correo (para aquellas a quien se recetó por consulta telemática). Se revocaba también la aprobación de 2019 de la FDA, mediante la cual se ponía en circulación la versión genérica del medicamento.
También se restringía la píldora para ser usada más allá de la séptima semana de gestación.
El tribunal acusó entonces a la FDA de tener un «enfoque que ignoraba la realidad» respecto al fármaco, y que resultaba «profundamente preocupante». Una decisión, la de los tribunales, que fue criticada por el presidente Biden: «Creo que es indignante lo que ha hecho el tribunal, en relación con la conclusión de que va a anular la decisión de la FDA sobre si algo es seguro o no. Creo que está fuera de su dominio», dijo el presidente.
Fue entonces cuando el gobierno de Biden solicitó que la Corte Suprema interviniera.
«La implementación de los cambios sobre las reglas para utilizar la mifepristona, ordenados por tribunales inferiores, negaría a las mujeres el acceso legal a un medicamento que la FDA considera una alternativa segura y eficaz al aborto quirúrgico invasivo» apuntaban desde el ejecutivo de Biden.
Por su parte, Laboratorios Darco también apeló al Tribunal Supremo.
