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México no puede hacer frente al gigantesco problema de los desaparecidos. El Gobierno del país, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ha reconocido una cifra estremecedora: más de 40.000 mexicanos cuyo paradero se desconoce y 36.000 muertos sin identificar. Narcotráfico, secuestros, trata de seres humanos, crímenes sexuales, violencia machista, guerras entre bandas, redes mafiosas organizadas, culto a la Santa Muerte, sectas y violencia política están detrás de tan horrible paisaje. Y en el marco de esa inmensa tragedia nacional otro dato resulta escalofriante, el que se refiere a las niñas, adolescentes y jóvenes que ven cómo la violencia se ceba especialmente con ellas: 25.510 mujeres entre los 12 y los 20 años figuran a fecha de hoy como desaparecidas. Ese es el segmento femenino por edad que más está sufriendo el drama mexicano. Sigue siendo todo un símbolo el caso de Ciudad Juárez, donde en 2012 se habían registrado más de 700 feminicidios y asesinatos de mujeres. Solo en 2017 se reportaron 28 crímenes en esa ciudad fronteriza, un 42 por ciento más respecto a 2016.

Los informes judiciales señalan que aquellos estados en los que hay más mujeres desaparecidas que hombres (Chiapas, Campeche, Cancún) el fenómeno obedece sobre todo a un problema de trata de seres humanos, narcotráfico o violencia familiar. El inmenso problema al que se enfrentan los territorios donde la violencia contra la mujer es especialmente cruda requiere, según los expertos, de políticas diferentes a aquellos lugares donde la violencia se ceba más con la población masculina. Los datos revelan que el perfil de hombre desaparecido tiene entre 20 y 30 años y pertenece sobre todo a los estados de Tamaulipas, Sonora y Sinaloa. En los casos de desaparecidos en estados como Guanajuato, las causas pueden obedecer a una combinación de factores, pero llama la atención la cantidad de expedientes policiales y judiciales concluidos en muy corto plazo, sin que se pueda dar con los culpables para ponerlos ante la Justicia.

Del total de casos analizados, la mayor cantidad de desaparecidos se encuentra en el rango de entre los 12 y los 26 años. Esto quiere decir que las autoridades mexicanas deberían atender a ese segmento y analizar qué está pasando, pero sin duda el Gobierno está perdiendo la batalla. Las autoridades están desbordadas, no pueden hacer frente al fenómeno porque no lo entiende, ya que no cuenta con la información suficiente. O lo que es lo mismo: sin información ni diagnóstico no puede haber políticas públicas eficientes para resolver la lacra de la violencia en México.

Sin una base de datos y un sistema centralizado tampoco se puede integrar una política pública eficaz, mucho menos con expedientes policiales y judiciales incompletos (en muchos casos faltan hasta las fotografías de las víctimas desaparecidas). A día de hoy no existen protocolos de búsqueda y actuación que sean eficaces, si es necesario, como información básica y útil sobre personas desaparecidas.

Pero hay mucho más en la dantesca situación que vive el país. La corrupción generalizada, tanto política como policial, judicial y militar está detrás de cientos de casos de desaparecidos en todo el Estado mexicano. Según el informe Human Rights Watch, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo en diciembre de 2018, heredó una catástrofe de derechos humanos originada por la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público. Durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) no se avanzó prácticamente nada y en el último período de gobernación de Amlo tampoco ha habido demasiado éxito en la persecución de los delitos y en el respeto a los derechos humanos. Miembros de las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, según Human Rights Watch. La impunidad de los poderes del Estado ante estos delitos continúa siendo la regla y las leyes promulgadas en 2017 para abordar el problema de las desapariciones se han implantado de una forma lenta e ineficaz.

Solamente en la provincia de Jalisco se encontró un trailer o camión congelador con 157 cadáveres. son las «morgues ambulantes» que el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) ha reconocido que es abrumadora la cantidad de grandes trailers que funcionan como morgues por todo México. Además, ha confirmado que él mismo detectó al menos 12 de estos vehículos circulando por el país con cuerpos no reconocidos, mientras las madres buscadoras de fosas, excavan pueblos de todo México.

Es habitual que las víctimas de delitos violentos y de violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema de justicia penal mexicano. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y abogados de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.

En 2013, México promulgó a nivel federal una Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos. En enero de 2017, se aprobaron reformas que pretendían reducir aspectos burocráticos y mejorar el acceso de las víctimas a la reparación. Sin embargo, la burocracia sigue siendo un obstáculo insalvable.

Mujeres y violencia infantil

Según los expertos de Human Rights Watch, el derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas de la violencia doméstica y sexual. Algunas normas y disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales y sitúan a México a la altura de países árabes donde las mujeres siguen estando discriminadas.

De los 32 estados de México, 18 han establecido en su Constitución que el derecho a la vida existe desde el momento de la concepción. Si bien la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación, numerosas mujeres y niñas se enfrentan a graves obstáculos –incluida la intimidación por parte de las autoridades− cuando intentan interrumpir el embarazo tras haber sido violadas. Según un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2016, México condenó a 98 mujeres por abortos supuestamente ilegales.

En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a México a adoptar medidas para combatir la discriminación de la mujer −incluso en el lugar de trabajo− así como a prevenir la violencia machista y la trata de mujeres y niñas. Las cifras demuestran que la recomendación de la comunidad internacional parece haber caído en saco roto.

Por otro lado, la Red por los Derechos de la Infancia en México ha hecho públicos una serie de datos verdaderamente escalofriantes, cifras extraídas de las bases del Servicio Nacional de Seguridad Pública que indican que entre enero 2015 y julio de 2019, el SESNSP registra 3.297 feminicidios en todo el país, 317 han ocurrido entre la población de 0 a 17 años, es decir, uno de cada diez feminicidios en el país afecta a niñas y adolescentes. La cifra se vuelve más alarmante, puesto que desde enero hasta julio de 2019 se registraron 59 feminicidios, lo que representaría el periodo más violento por el delito de feminicidio en contra de niñas y adolescentes, con un crecimiento de 13.5% respecto al mismo periodo de 2018.

En el mismo rango temporal se registraron en México, según las cifras del SESNSP, 4.664 víctimas de homicidio doloso de niñas, niños y adolescentes que representan cerca del 4% respecto al total de víctimas de este delito a nivel nacional.

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