Solicitar la condición de aforado para blindarse de estar imputado en el caso Lezo no va a ser suficiente para evitar la justicia: Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP en Castilla y León, y en la mira de la justicia por el caso Enredadera, tiene nuevas evidencias contra él en el caso ‘Aceinsa’. Según ha presentado la agrupación Ganemos Salamanca, el alcalde de la ciudad llevó a cabo pagos de hasta 800.000 euros a una “empresa amiga” con contrato caducado.
Los pagos en cuestión a una empresa de señalización, Aceinsa (de ahí el nombre del caso), se deberían a que en el tiempo en el mantuvo un periodo de prórroga de contrato ilegal de 3 años y medio, las bajas presentadas por la empresa no se corresponden a las marcadas por la ley. Es decir, si la licitación actual se hubiera realizado cuando marcaba la ley, en 2015, la baja más beneficiosa habría podido ser una realidad, con el consecuente ahorro para las arcas municipales. Pero en lugar de la baja del 10% que le corresponde a Aceinsa, ésta marca en 2018 un 27,28%, lo que asciende la suma a pagar a 820.654 euros.
Pero “se ha estado pagando de más por los mismos trabajos, algo totalmente innecesario”, asegura el concejal de Ganemos Gabriel Risco. Una situación sobre la que Diario16 no ha podido obtener respuesta por parte del Ayuntamiento de Salamanca, o por parte de ningún miembro del equipo de Mañueco.
Para Ganemos, esto supone que hay indicios “claros” de posible prevaricación y malversación. La empresa Aceinsa, contratada por el Ayuntamiento para responsabilizarse de los trabajos de señalización vial y de eventos, lleva más de 3 años y 3 meses en prórroga ilegal (periodo en el que se habría realizado este pago innecesario). Por esta razón, la formación granate llevó el asunto a los Tribunales (octubre de 2017) e interpuso una denuncia por presunta prevaricación del alcalde Mañueco.
Esa prórroga de 3 años y 3 meses se suma al hecho de que la empresa Aceinsa cuenta en este momento con dos grandes contratos firmados con el Ayuntamiento salmantino, es decir, señalización vial y eventos (firmado en 2011, con un coste de un millón de euros al año y adjudicado según criterios “de carácter subjetivo”) y alumbrado público (adjudicado en 2012 por el PP, pese a todos los informes en contra del interventor y secretarios del Ayuntamiento, e incluso de la propia Mesa de Contratación, y anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León).
