Las empresas del Íbex 35 tienen un grave problema con la corrupción. Algunas de ellas cuentan con protocolos, acuerdos y rutinas internas para detectar y depurar las prácticas corruptas que se generan en las entrañas de esos monstruos empresariales pero no se aplican. Otras ni siquiera han puesto las medidas necesarias para combatirlas. Y en general rara vez aportan información sobre los expedientes abiertos a sus directivos cazados en “asuntos turbios”. Esa tolerancia y desidia con la corrupción está alimentando prácticas como grupos de presión que terminan controlando los órganos de dirección de las grandes sociedades, financiación ilegal de partidos políticos, puertas giratorias, sobornos, compra de voluntades mediante regalos y viajes de placer entre los miembros de los consejos de administración, auditorías manipuladas, contactos con paraísos fiscales y otras amenazas que ponen en riesgo la imagen de las principales compañías españolas en el exterior.
Nuestros grandes buques insignia financieros pierden credibilidad en el extranjero y eso es malo para el negocio. La Marca España está en peligro y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dicho basta. Tras recordar que importantes firmas cotizantes están implicadas en graves casos de corrupción, el organismo regulador insta a que las empresas exijan “responsabilidades” a sus directivos y accionistas cuando detectan este tipo de conductas. Así lo comunicó ayer la CNMV en una nota emitida precisamente en horas bajas para el Íbex35, cuando compañías como BBVA e Iberdrola se han visto salpicadas por el caso Villarejo que se instruye en la Audiencia Nacional, según informa Europa Press. Por supuesto, asuntos como la compra del Banco Popular por el Santander a cambio de un euro, que se encuentra bajo investigación por la Justicia y del que viene informando puntualmente Diario16, y otros escándalos como Gürtel y Púnica, que han salpicado a grandes constructoras del país, arrojan más sombra de sospecha sobre la falta de limpieza, el constante quiebro a la ley y la escasa transparencia con las que parecen desenvolverse las multinacionales españolas.
La entrada en vigor en 2017 de un Real Decreto-ley (18/2017) que implementó la Directiva europea 2014/95 para atajar prácticas poco transparentes no ha servido para mejorar la calidad de la información de las empresas del Íbex 35 sobre aspectos tan esenciales como el buen gobierno, la fiscalidad, la corrupción y los derechos humanos. La gran mayoría de las firmas suspenden, tal como parece desprenderse del comunicado de la CNMV y del informe La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del Íbex35. Análisis del ejercicio 2017, elaborado por el Observatorio RSC.
La CNMV no menciona a ninguna multinacional cotizante en concreto, sino que ha instado a los órganos de gobierno de todas las sociedades bursátiles a revisar sus políticas y procedimientos contra la corrupción, así como a verificar si son “suficientemente exigentes y se aplican realmente”.
El organismo regulador ha señalado que, aunque este tipo de situaciones solo afecten a algunas empresas o sean imputables a un número reducido de personas, sí pueden “comprometer la imagen y reputación” del mercado de valores español, especialmente en un contexto en el que los inversores dan cada vez más importancia a aspectos relacionados con la ética en sus decisiones de inversión.
Por ello, el organismo presidido por Sebastián Albella ha recordado a las cotizadas y demás emisores de valores españoles que deben tratar de impedir o reducir al máximo la probabilidad de que se produzcan “prácticas de carácter irregular”. Si se detectan, deben asegurar su cese y exigir responsabilidades, lo que requiere que sus órganos de gobierno cuenten con políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción y demás prácticas irregulares, así «como para identificar, evaluar y controlar los riesgos y potenciales impactos asociados, cerciorándose de que estos se aplican con el máximo rigor».
Según el informe del Observatorio RSC, uno de los elementos imprescindibles dentro del proceso de debida diligencia de una empresa es la evaluación de los riesgos a los que se enfrenta en sus operaciones y actividades, ya sean amenazas reales o potenciales dentro o fuera del país. El abanico de riesgos de corrupción es amplio, e incluye, entre otros: el soborno en todas sus formas, el blanqueo de capitales, los conflictos de interés, la alteración de la competencia de mercado, la financiación ilegal de partidos políticos, sus candidatos o sus fundaciones, o el tráfico de influencias, entre otras conductas. Pues bien, “son mayoría las empresas que no aportan este tipo de información o que remiten únicamente a una identificación o evaluación de riesgos genérica, donde no se identifican de manera individualizada los riesgos de corrupción”, aseguran los informes de RSC.
La CNMV ha resaltado la importancia de que se implique al máximo la comisión de auditorías, que tiene la función de supervisar la eficacia del control y las cuentas, así como el papel de los “consejeros independientes”, a los que corresponde una función de contrapeso y fiscalización con respecto a los consejeros ejecutivos que llevan más de 12 años en sus puestos. En esta línea, asegura que la comisión de auditoría debe supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que tienen las empresas cotizadas, como describir en el estado de información no financiera las políticas establecidas, resultados y riesgos, y hacer referencia en el informe anual de gobierno corporativo a las principales amenazas, incluidas las derivadas de la corrupción.
Por otro lado, la CNMV ha comunicado que está analizando la posibilidad de reforzar las recomendaciones para luchar contra la corrupción, ya que actualmente está realizando trabajos de revisión parcial del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.
