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La corrupción del PP en la trama Gürtell vuelve a poner en el banquillo a Correa, Crespo y otros 19 imputados

El Juez José de la Mata propone juzgarles por delito continuado de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho pasivo, falsedad en documento mercantil, cohecho activo, insolvencia punible y malversación de caudales público

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a Francisco Correa,  Pablo Crespo y otras 19 personas, entre ellas cargos públicos y autoridades, por la pieza del caso Gürtel de Arganda del Rey en la que se investigan las actividades desplegadas por aquellos y otras personas, a través de a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública de valiosos regalos o importantes cantidades dinero.

En dos autos, el juez acuerda la formación de la pieza separada denominada Arganda y al mismo tiempo dictar el auto de pase a procedimiento abreviado relativo a esta causa, que comprende la actividad desarrollada, de forma ininterrumpida entre 1998 y 2009, por Correa y las personas y sociedades integradas en su grupo, en el municipio madrileño de Arganda del Rey, “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad”.

Los hechos investigados en esta pieza serían constitutivos de delito continuado de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

Además de contra Correa y Crespo la causa se dirige contra José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Pablo Collado, Ginés López, Benjamín Martín Vasco, Juan Fernández Caballero, César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado, Álvaro García del Río, Alfonso García Pozuelo, José Luis Martínez Parra, Fernando Martín Álvarez, Ramón Blanco Balín, Manuel Salinas, Amanda Mayo y Joaquín Martín Vasco. El auto acuerda también el archivo respecto de tres personas.

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A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones tienen un plazo de 20 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

 

Contratación pública en Arganda

En su resolución, De la Mata explica que para sus fines, Correa contó con la colaboración de Pablo Crespo, José Luis izquierdo, Isabel Jordán y Pablo Collado, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos de este municipio como Ginés López, Benjamín Martin Vasco y Juan Fernández caballero y que, en la práctica, «llegaron a dirigir toda la contratación pública de Arganda del Rey».

El grupo favoreció, a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos, la adjudicación irregular de contratos

El grupo favoreció, siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos, explica el instructor, la adjudicación irregular de contratos a distintas personas y sociedades, contando para ello con la colaboración, en distintas actuaciones de dichos procesos de contratación, de los siguientes funcionarios públicos: César Tomás Martín Morales; Isaac García Requena; Luis Bremond; José Ramón Gutiérrez Villar; María Josefa Aguado del olmo; y Álvaro Garcia del Río.

Por su parte, las empresas favorecidas por las adjudicaciones irregulares, gracias a la intermediación del grupo Correa (y a los pagos y comisiones efectuados), fueron: del grupo correa, DOWN TOWN CONSULTING SL (denominada desde el 01.03.2005 Easy Concept Comunicación sl), GOOD&SETTERSL SERVIMADRID INTEGRAL SL y DISEÑO ASIMÉTRICO Sl;  TECONSA, gestionada por el investigado José Luis Martínez Parra; CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA, gestionada por el investigado Alfonso García Pozuelo y MARTINSA, gestionada por Fernando Martín Álvarez, y en cuyo interés habrían intervenido también Manuel Salinas y Amando Mayo Rebollo, así como su asesor fiscal Ramón Blanco Balín.

Según el juez, para torcer su voluntad y a modo de pagos y comisiones ilícitas, Correa efectuó distintos regalos en efectivo y en especie a algunos de los miembros del grupo, en consideración a su integración en el mismo, al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel y a las otras mercantiles mencionadas, En concreto a Ginés López (545.328,98 euros)  a  Benjamín Martin Vasco (363.295,63 euros) y a Juan Fernández Caballero (13.700,00 euros).

 

Comisión de al menos 25 millones de euros

El auto también explica que Correa, Crespo y Blanco Balín habrían convenido con, al menos, Ginés López y Benjamín Martín Vasco, el cobro de una comisión por la adjudicación de las parcelas integradas en la unidad de ejecución 124 pertenecientes al Ayuntamiento de Arganda del Rey. Esta comisión habría ascendido, señala el magistrado, al menos, a un total de 25.000.000 de euros y habría sido pagada por Fernando Martín, Manuel Salinas y Amando Mayo con motivo de la adjudicación a favor de MARTINSA, “conociendo que iba a ser distribuida entre al menos los investigados anteriormente referidos”.

La comisión de 25.000.000 de euros se distribuyó entre algunos de quienes habían intermediado a favor de MARTINSA, en concreto, entre al menos Correa y Blanco Balín, y los cargos públicos con quienes se habría acordado la adjudicación a favor de esa empresa, al menos, Ginés López y Benjamín Martín Vasco.

La comisión se habría abonado en sendos pagos de 12.000.000 y 12.870.000 euros efectuados en diciembre de 2004 y junio de 2006, respectivamente, en cuentas que Correa mantenía en Mónaco y en Suiza y en un tercer pago de 130.000 euros transferido directamente a Blanco Balín en una cuenta que mantenía abierta en Suiza a nombre de la sociedad panameña DARWIN INTERNATIONAL CONSULTANTS.

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