La Plataforma por las Ayudas Sociales de la Comunidad de Madrid denuncia los retrasos e incumplimientos que se están produciendo en cuanto a la resolución y pago de la convocatoria de subvenciones para 2018 con cargo al 0,7 por ciento del IRPF destinado a programas sociales en la Comunidad de Madrid. La entidad califica como “nefastas” las consecuencias en el tejido social y “en los servicios que dejan de prestarse a las personas más desfavorecidas de la ciudadanía”, según explica Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Minusválidos de Madrid (FAMMA). A su juicio esta falta de actuación por parte de la Comunidad demuestra una “falta de transparencia, confianza en interés del Gobierno de la Comunidad de Madrid por las personas más vulnerables de la ciudadanía a quienes deben servir”.
Las consecuencias directas de estos retrasos se traducen en un grave perjuicio para las personas con discapacidad de la Comunidad “ya que no disponen en la actualidad los servicios que las entidades sociales les estaban prestando durante años”. Y del mismo modo, cientos de trabajadoras y trabajadores de estas entidades sociales están abocados en estos momentos a la incertidumbre y al desempleo.
Recordemos que esta subvención del IRPF es una herramienta de Solidaridad que proviene del 0,7 por ciento del IRPF de la ciudadanía, la cual supone más de 26 millones de euros y que además de destinarse a mitigar el efecto de desigualdad en la región, es una herramienta gestionada íntegramente por las entidades sociales.
Hasta el año pasado era el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales el encargado de valorar y repartir estas subvenciones, pero sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional han cambiado el criterio y son ahora las Comunidades Autónomas las que realizan esta gestión de adjudicación del 80 % de lo recaudado por decisión de los contribuyentes que marcan la casilla para destinar el 0,7 % a fines sociales.
Con este cambio de modelo la Comunidad de Madrid se comprometió ante el denominado “Tercer Sector” a adjudicar estas subvenciones antes de final de año y pagarlas en los primeros días del presente ejercicio, “pero no ha cumplido con este deber y está poniendo en una grave situación al siempre frágil tejido asociativo y los imprescindibles servicios que presta”, explica Font, quien ya anticipa que el próximo pleno de la Asamblea de Madrid, el jueves, más de 130 discapacitados acudirán al mismo a acompañar la presentación de una Proposición no de Ley, planteada por PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Detrás de esta Plataforma hay más de 700 asociaciones y se atienden a más de 1,7 millones de personas en la Comunidad de Madrid.
