Las aulas andaluzas podrán seguir cerradas en septiembre si no se aumentan las medidas de seguridad.

La comunidad educativa andaluza ha pasado de asumir con asombro y estupor el plan de la Junta de Andalucía para una vuelta al colegio en septiembre con “presencialidad segura”, como la describió el consejero de Educación, Javier Imbroda, a dar un paso al frente para evitar que la pandemia se cebe en unos centros escolares saturados, sin instalaciones adecuadas ni tampoco acondicionadas ex profeso para asumir con garantías sanitarias la vuelta a los casi 7.000 centros escolares públicos y concertados de casi dos millones de alumnos andaluces y más de 120.000 docentes, además del personal administrativo. Y lo peor, según Ampas, directores de colegios y otros movimientos asociativos, es que Educación ni siquiera contempla un plan B pese a que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla habla ya incluso de que “no le temblará la mano” para ordenar un confinamiento masivo en caso de que se dé una extensión de los rebrotes. Si todo sigue así, las Ampas están dispuestas incluso a aconsejar a los progenitores para que no lleven a sus hijos a los centros educativos si se mantiene el mismo plan de la Junta.

El proyecto de vuelta al cole de la Consejería de Educación presentado el pasado 30 de junio por el consejero Javier Imbroda, con un coste estimado de 600 millones de euros, se basaba a grandes rasgos en la contratación de 6.000 profesores (menos de un docente por centro escolar), la creación de perímetros de seguridad en los accesos a los centros para evitar aglomeraciones y posibles contagios por coronavirus y mantener la ratio por aula tal y como estaba, es decir, con la recomendación de no superar los 20 alumnos según las posibilidades de cada centro escolar, algo que se supera con creces en la inmensa mayoría de los colegios de Andalucía, con horquillas que van de los 25 a los 35 alumnos por aula, algo que hace totalmente imposible impartir clases con normalidad manteniendo la “presencialidad segura” de la que habla Imbroda.

El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, no contempla un plan B a su proyecto de “presencialidad segura” en las aulas.

Creciente malestar de la comunidad educativa

Este malestar creciente de la comunidad educativa andaluza en general se ha visto acrecentado estos días después de conocerse que los alumnos y profesores de un instituto de Benalmádena, en Málaga, integrante del plan de refuerzo estival puesto en marcha por Educación con escaso seguimiento en estos dos años de funcionamiento, han tenido que ser aislados ante la sospecha de que un alumno ha estado en contacto con contagiados por coronavirus, según ha informado la Delegación de Educación de Málaga, que también ha ordenado la suspensión de las clases en el resto de grupos mientras se acometen las tareas de limpieza y desinfección.

Las Ampas aconsejarán a los progenitores que no lleven a sus hijos a los centros escolares si se mantiene el plan de la Junta en las mismas condiciones

Desde la asociación Fampa Nueva Escuela se preguntan que si esto ha ocurrido en seis grupos con diez alumnos cada uno de ellos, qué consecuencias podría acarrear una situación como esta tras la vuelta al colegio en septiembre con aulas de más de 20 alumnos.

A todo esto se suma que el Gobierno andaluz está a la espera de recibir un informe de los expertos en epidemiología para proceder en los próximos días al cierre de los locales cerrados de ocio nocturno, ya que la probabilidad de contagio en estos lugares es un 19% mayor que en espacios abiertos. Actualmente, estos bares y discotecas tienen reducido su aforo al 40% de su capacidad total.

La comunidad educativa andaluza se queja de que si esta realidad es incuestionable, especialmente después del brote registrado en una discoteca de Córdoba entre los alumnos de un colegio que celebraban una fiesta, qué podría ocurrir en una vuelta al colegio sin espacios seguros ni nuevas medidas adicionales de prevención, más allá de una más que improbable distancia de seguridad en aulas saturadas entre el alumnado y los profesores, además del uso de gel hidroalcólico y de las mascarillas.

Recientemente, el Gobierno de Moreno Bonilla ha aportado un total de 25 millones de euros del Fondo de Emergencia Social y Económica (FESS) contra el Covid-19 a la Consejería de Educación y Deporte para adecuar los espacios de los centros docentes públicos a las nuevas necesidades generadas por la crisis del coronavirus.

A esta dotación para mejorar las instalaciones podrán optar los institutos de Educación Secundaria, los centros de enseñanzas de Régimen Especial –a excepción de los conservatorios elementales de Música– y las residencias escolares. Las actuaciones se destinarán principalmente a obras de acceso, cerramientos, reparación de fachadas y cubiertas; trabajos de pintura y rotulación; adecuación de espacios; mejora de la red eléctrica y de comunicaciones, o implantación de medidas sanitarias y de seguridad. Cada centro interesado puede solicitar la financiación de uno o dos proyectos, con un importe máximo de 25.000 euros por cada uno. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 26 de julio.

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2 Comentarios

  1. Con respecto a las aulas, donde los alumnos pasan 6 horas encerrados, naturalmente existe la costumbre de cerrarlo todo cuando hace frío, y como no se airean, los profesores apreciamos al entrar un fuerte olor a «humanidad». Obviamente algunos abrimos la puerta y alguna ventana durante unos minutos para que entre aire puro. Ya se pueden imaginar qué sucedería si algún alumno estuviera infectado y encerrado con sus compañeros 6 horas diarias…

  2. La solución pasa por turnos de mañana y tarde(4 horas de mañana y 4 de tarde)…así se limitan al 50% las aulas….y sobre las horas necesarias de los docentes para preparar las clases se sacan de los meses/semanas no lectivas ….primera quincena septiembre, puentes, dos semanas de navidad, semana santa, julio…etc, etc…..seguro que no llegan a las 1.600 horas de trabajo al año de cualquier otro sector.

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