Una de las preguntas que afloran en la problemática de las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares es la responsabilidad que pudiera tener la constructora Dragados, adjudicataria del proyecto y empresa perteneciente al Grupo ACS, es decir, de Florentino Pérez.
El diciembre de 2016 el gobierno de Cristina Cifuentes publicó una orden por la que se acordó «1) Declarar a Dragados, S.A., contratista de las obras ‘Construcción de la Infraestructura de la Prolongación de la Línea 7 de Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares’, responsable de los daños y perjuicios derivados de los vicios ocultos detectados en las referidas obras; 2) Reclamar la cantidad de 15.067.861,30 € en concepto de indemnización por los daños y perjuicios acreditados y cuantificados a fecha de la resolución derivados de los vicios ocultos de las obras referidas, sin perjuicio de posteriores reclamaciones una vez cuantificados los importes correspondientes a las actuaciones que, derivadas de los vicios ocultos detectados, actualmente se encuentran en ejecución».
Dragados impugnó esa orden ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tribunal que dictó sentencia el 9 de enero de 2019.
El contenido del recurso de Dragados es interesante porque, entre otras cosas, señala que documentos clave del expediente de las obras de la Línea 7B de Metro, que debían estar depositadas en la Comunidad de Madrid habían desaparecido o extraviado.
La constructora señala que «el expediente está incompleto y los documentos que no obran al mismo son esenciales, y resultarían determinantes en la decisión del expediente correspondiente, tanto si existen (a la vista de su contenido) como si finalmente se confirma que no existen, o que se han extraviado».
El primero de los documentos presuntamente extraviados o desaparecidos es el «Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares» (PCAP) de 2004, documento clave porque en él se determinaba el régimen de la responsabilidad que pudiera derivarse.
El segundo documento era el encargo de la Comunidad de Madrid a la empresa Intecsa-Inarsa de la redacción del proyecto de 2006 por el que se modificó el trazado de la ampliación de la Línea 7.
Tras la decisión política del gobierno de Esperanza Aguirre de llevar el Metro al Hospital del Henares, la empresa Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA) supervisó y aprobó el Proyecto Modificado que implicaba, evidentemente, el cambio del trazado inicial y dar una mayor profundidad a la excavación.
Por otro lado, Dragados insiste en su recurso en que las aguas que provocaron el movimiento del terreno que derivó en la situación actual se comenzaron a filtrar a través de uno de los pozos. Esto es grave, puesto que el diseño de dichos pozos era permeable y «no es un método apropiado para configurar una obra como impermeable, mientras que sí existen otras técnicas que permitirían obtener dicha impermeabilidad, pero éstas resultarían más costosas para MINTRA, motivo por el cual se han configurado el pozo y el túnel como permeables, a pesar de que no resultase adecuado para las características del terreno […] para lograr la impermeabilización existen técnicas que MINTRA, para reducir costes, decidió no utilizar».
Además, los daños se produjeron por deficiencias del propio proyecto, tanto el de 2004 como el de la Línea 7B de 2006, puesto que no contenían los tratamientos adecuados a la problemática geotécnica e hidrogeológica, en su caso, de modo que si parte de la documentación que forma parte del proyecto identifica ciertos materiales y la parte que define la obra a ejecutar no lo tiene en cuenta, lo que constituyó un defecto del proyecto.
