La Comunidad de Madrid ignoró una denuncia de 120 familiares contra la residencia Los Nogales

En el sector sanitario se conoce a este centro como “Los Negrales” por las malas condiciones que tienen sus trabajadores

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales, ignoró y archivó una denuncia contra la residencia de los horrores, Los Nogales, firmada por 120 familiares, según han denunciado los sindicatos. Tampoco las inspecciones anuales obligatorias dieron pistas al gobierno popular de Madrid que se estaban cometiendo vejaciones, malos tratos y auténticas crueldades contra ancianos dependientes e indefensos, tal y como ayer se conoció a través de los medios de comunicación entre los que se encontraba diario16.com .

Tres vídeos, grabados por el hijo de una de las víctimas del mal trato, y por profesionales de la propia residencia, permitieron a la Fiscalía iniciar una investigación contra esos trabajadores crueles.

En el visionado de las cintas, los investigados Mónica Moya Pérez, Bryan Israel Noboa Calle y María Josefa Trueba López tratan a las ancianas con desprecio. Les golpean en la cabeza, propinan bofetadas, insultan, maltratan y meten miedo aludiendo al infierno. Un maltrato que, según un empleado del centro que pidió no ser identificado, es más frecuente de lo que se piensa.

Según ha podido saber nuestro diario digital, a través de sanitarios, en los foros de profesionales de Enfermería Geriátrica esta residencia es conocida como ‘Los Negrales’ por las malas condiciones laborales que tienen los profesionales.

De hecho, nos confirman que “para ser cara, como dicen, para los residentes, pagan muy mal, a los trabajadores”.

Multa elevada

La Comunidad ha iniciado, tarde y después de años de malos tratos a los mayores, dos expedientes sancionadores por los hechos denunciados por la Fiscalía y propone una sanción económica contra la gestora de la residencia por una cuantía de hasta 600.000 euros, cinco veces más que la máxima sanción interpuesta hasta ahora, que era de 120.000 euros.

Además, tras comprobar que la dirección del centro había ocultado a la Consejería de Políticas Sociales las denuncias y quejas de los familiares de los residentes, va a proponer una inhabilitación de su directora para el desempeño de funciones relacionadas con los servicios sociales por un plazo de cinco años.

En ambos casos, estas propuestas estarán supeditadas a la resolución judicial, puesto que la actuación de la Administración regional está vinculada a la misma.

Compartir
Artículo anteriorEl juez del Caso Popular no quiere dilatar más la instrucción
Artículo siguientePistoletazo de salida a la campaña más dura de la democracia
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

uno × 3 =