Felipe VI Tribunal Supremo
Los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo junto a Felipe VI. Foto: Casa Real

Ni propósito de enmienda ni asumir los errores por la presión de las denuncias interpuestas contra España por las sentencias del Supremo favorables la banca. Las dos últimas decisiones adoptadas en relación con el pago de gastos hipotecarios en los que se condena a la banca a hacerse cargo de ellos no son más que daños colaterales asumibles. Sin embargo, la historia demuestra que cuando se trata de que las entidades financieras tengan que devolver decenas de miles de millones de euros por sus cláusulas abusivas el Supremo siempre inclina la balanza hacia el mismo sitio y tiene que ser la Justicia europea, como si fuesen los Cascos Azules de la ONU, la que venga al rescate de la ciudadanía española.

En los últimos días el Supremo ha decidido, por un lado, imponer las costas del procedimiento al banco cuando se ha producido una reclamación extrajudicial y éste se niega a solucionar la reclamación del consumidor, obligando a acudir a la vía judicial y, cuando se interpone la demanda, entonces el banco se allana, es decir, decide pagar al consumidor las cantidades reclamadas sin llegar a celebrarse el juicio ni esperar la sentencia judicial.

En concreto, la situación que generaban los bancos era la siguiente. El cliente presentaba una reclamación extrajudicial contra su entidad bancaria. Éste se negaba a negociar con su cliente, por lo que el consumidor se veía obligado a presentar una demanda frente a la entidad bancaria. Una vez iniciado el procedimiento, para el cual habitualmente se contaba con el asesoramiento de abogado y procurador, el banco, antes de celebrarse el juicio, decidía llegar a un acuerdo con el cliente y pagar las cantidades reclamadas. De esta manera, la banca dilataba el momento de pago a su cliente y, además, se ahorraba el pago de las costas si así era condenado por el juez. El Tribunal Supremo dictaminó que cuando esto ocurra, es decir, si obliga al consumidor a llegar la vía judicial, pese a que decida allanarse, el banco deberá pagar los gastos del procedimiento en los que hubiera incurrido el consumidor.

La semana pasada, el Alto Tribunal declaró que es el banco y no el cliente quien debe afrontar el 100% los gastos de tasación en aquellos préstamos hipotecarios firmados antes de la entrada en vigor de ley de créditos inmobiliarios. La Sentencia es coherente con lo que siempre han defendido las asociaciones de consumidores, primero ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como consecuencia de una de las cuestiones prejudiciales que dieron lugar a la Sentencia de 16 de julio de 2020 y segundo, conforme al fallo de dicha resolución: es el banco el que debe afrontar el 100% del gasto de tasación en todos los préstamos anteriores a la vigente ley de créditos inmobiliarios.

Sin embargo, el Supremo toma decisiones absolutamente contrarias a los intereses de los consumidores víctimas de las cláusulas abusivas del sector financiero cuando los asuntos tienen como consecuencia que las entidades tengan que devolver decenas de miles de millones de euros a sus clientes. El Alto Tribunal español siempre va a rebufo de lo que le ordenan desde la Justicia Europea cuando se trata de ese tipo de cláusulas con las que los bancos se enriquecieron a costa de la inclusión de cláusulas abusivas.

En esos casos, como es el IRPH o las cláusulas suelo, el Supremo retorció la ley y la jurisprudencia para evitar dictar una sentencia contraria a los intereses de la banca e, incluso, como en el caso del IRPH, llegó a incumplir con lo indicado por el TJUE, es decir, con el Derecho de la Unión.

Esto ha provocado que se presentara una denuncia ante la Comisión Europea contra el Estado español que ha sido admitida a trámite. En consecuencia, el Supremo ha provocado que la UE investigue a España por culpa de su afán protector hacia las entidades financieras.

Por tanto, las dos nuevas sentencias del Supremo que condenan a los bancos no son más que la coartada que justifica las decisiones que adoptan en los temas más complejos para el sector financiero.

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