La Ciudad de la Justicia de Madrid: el cuento de nunca acabar

Isabel Díaz Ayuso se pasa la campaña electoral descalificando a Pedro Sánchez y advirtiendo de que ETA está viva al mismo tiempo que pide la ilegalización de Bildu. No ha habido manera de conseguir que hablase de su programa electoral y las actuaciones pasadas o presentes en su gestión. Y hay una que merece especial atención. La Ciudad de la Justicia cuyo proyecto, según la consejería de Interior y Justicia de Enrique López, quedaría listo para el pasado mes de abril, y ahora, se retrasa hasta que pasen las elecciones sin concretar fecha. La Ciudad de la Justicia de Madrid, que pretende agrupar todas las oficinas judiciales dispersas por la ciudad a excepción de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Económico Administrativo, sigue siendo esa asignatura pendiente que empezó con Esperanza Aguirre, que Ignacio González y Cristina Cifuentes dejaron en un cajón y que a Díaz Ayuso se le llenó la boca diciendo que, antes de que concluyera la legislatura, “el proyecto se pondrá en marcha”, y la realidad es que tampoco se ha visto avance alguno.

En noviembre pasado, el concurso para ejecutar el megaproyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, 18 edificios para albergar las oficinas judiciales de la capital, quedó desierto. La oferta es interesante. Los adjudicatarios se hacen cargo de la construcción y de la gestión de la infraestructura y, a cambio, reciben 40 millones de euros durante 36 años. Tal vez sea porque el modelo es similar al  que  puso en marcha  el gobierno de Aznar para gestionar las autovías públicas, y que acabó en un desastre de tal magnitud que ha obligado al gobierno progresista a hacerse cargo de las concesiones mas ruinosas. Esa puede ser una de las claves. Otras es que las constructoras están actuando con cierta cautela ante la situación económicas mundial con los costes disparados y la alta inflación.

Puede ser por cualquiera de estos motivos o por algún otro inconfesable. Pero lo cierto es que nadie se presentó al concurso público. Eso dejó vía libre al gobierno de Díaz Ayuso para designar, a dedo, a los beneficiarios de ese proyecto que supondrá un endeudamiento de décadas a los madrileños.

Al final, Iridium y Acciona son las elegidas. De las diez candidatas, se han quedado con las de Florentino Pérez y José Manuel Entrecanales. Según la consejería de Enrique López, su oferta “no modifica ningún elemento sustancial como el presupuesto base de licitación [2.547.394.367 euros], el sistema de retribución, los criterios de adjudicación o la fórmula de revisión de precios”. El consejero justifica el sistema empleado porque “la Ley de Contratos del Sector Público permite la fórmula del negociado sin publicidad, si previamente el concurso quedó desierto”. Se habló con diez empresas más. Pero, al parecer, sólo estas dos aceptaron hacerse cargo del proyecto.

El siguiente paso fue que los licitadores debían sentarse a negociar con los funcionarios de la Mesa de Contratación los detalles de la operación. Entonces se dijo que, “muy probablemente, el acuerdo estará listo en abril”. Ahora el proyecto vuelve a retrasarse.

Uno más a añadir a la lista de los innumerables que viene sufriendo este proyecto de la derecha madrileña de albergar las oficinas judiciales en un sólo “campus”. Del viejo proyecto de Esperanza Aguirre sólo quedan dos cosas: el famoso “donut” que alberga al Instituto Anatómico Forense. O sea, una gran morgue al lado del otro siniestro proyecto de Ayuso, el hospital Isabel Zendal, y una investigación judicial abierta donde se están examinando los costes que supuso la promoción y gestión de la idea megalómana de Aguirre: desde contratos de los directivos que llegaron a percibir alrededor de 100.000 euros de sueldo, hasta las facturas de proveedores y las actuaciones de los políticos al frente de las cuales se encontraba el entonces consejero de Presidencia y vicepresidente Alfredo Prada, para el que el fiscal pide 8 años de cárcel por malversación.

Los diferentes gobiernos de la CAM intentaron retomar el proyecto. Lo hizo Ignacio González, y lo paralizó Cristina Cifuentes no sin que las constructoras que se presentaron a la licitación demandaran ante los tribunales que, al final dieron la razón al gobierno regional.

Cuando Isabel Díaz Ayuso se hizo cargo de la CAM, creó su propio proyecto. Este que ahora se ha aprobado. 18 edificios que, según los cálculos efectuados por los expertos de la Comunidad, les reportará a los concesionarios unos beneficios de más de 230 millones de euros gracias a la explotación de los aparcamientos y los locales comerciales que se situarán en los bajos de los edificios. Unos beneficios relativos porque todos sabemos lo que pueden dar de sí este tipo de explotaciones y más en una zona como la de Valdebebas que se encuentra sobreexplotada después del significativo crecimiento de los últimos años.

Además, los expertos judiciales señalan que las experiencias de otras ciudades acerca de la unificación de las oficinas judiciales y fiscales, que es lo que se pretende en Madrid, no “han dado los resultados previstos”. En la memoria colectiva están los desastres de la Ciudad de la Justicia de Málaga con problemas de seguridad y donde lo menos importante es que los sótanos donde se encuentran los archivos y los calabozos se inundan día sí y día también cuando llueve. Tampoco ha sido muy bien aceptado el de Barcelona. Dependencias como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o la Audiencia Provincial se encuentran distantes de la Ciudad de la Justicia. En el otro extremo de la ciudad.

Sólo a las medianas poblaciones parecen satisfechas con la concentración de las dependencias judiciales en una sola zona. Pero la experiencia de las grandes ciudades no es del todo positiva. Vamos a ver lo que ocurre con la de Madrid. Pero primero hay que levantarla y sobre eso, Díaz Ayuso prefiere no hablar en la campaña.