Siendo un independentista al que hoy, por ejemplo, le preocupa más que anoche vino el zorro y se nos llevó las gallinas y el gallo (sólo con anotar que el gallo lo crío mi hijo desde que salió del huevo, que nos venía a pedir caricias y que llegó a aprender dos o tres instrucciones sencillas, comprenderán la relevancia del acontecimiento) les diré que, en cierto modo, el 1 de octubre claro que hubo violencia. Si llamarle a un Guardia Civil “hijoputa” o “fuera las fuerzas de ocupación” comporta cierta violencia, si sentarse en el suelo ofreciendo resistencia pacífica comporta cierta violencia, pues sí, la hubo. Pero no es una violencia marcada por un acto en sí, sino por la relación subjetiva que se establece con aquel que amenaza (“a por ellos”) con el uso de otra violencia, la física.
Si yo le doy un puñetazo, la violencia dada en el acto físico exime sus consideraciones subjetivas, se resume en el acto mismo propiciado. Si yo le insulto y le miro con odio, la violencia existente está relacionada con la subjetividad de su percepción. Y este segundo caso es lo que se desprende de la mayoría de declaraciones de los guardias civiles o fuerzas policiales del Estado: más que de hechos o actos, hablan de su percepción sobre éstos. Más allá de las simpatías o antipatías que puedan tener ustedes con la causa soberanista y republicana catalana, es peligroso el precedente que se puede asentar en la jurisprudencia española.
El fin (condenar a los políticos y activistas independentistas) puede llegar a justificar un modo profundamente contrario a las bases de la justicia democrática. Basarse en percepciones (y las “intenciones” son un tipo de percepción futura) se carga el pilar de juzgar hechos y nada más que hechos. Un servidor cree, y disculpen la arrogancia, que todos estaríamos de acuerdo en que, emitir un veredicto basado en la percepción que tenían los inmersos en la caverna platónica sobre las imágenes proyectadas en la pared, es una aberración.
Si convenimos que los políticos independentistas realizaron actos políticos (incluyendo la desobediencia), se corre el peligro que cualquier tipo de sentencia condenatoria lo que haga sea condenar en el futuro la posibilidad de una salida política a la reivindicación catalana. Supongo que, precisamente, eso es lo que desean PP, Ciudadanos y gran parte del PSOE, y es la otra cara de la misma moneda: más de la mitad de la clase política española “no quiere” una solución política a este problema. No quieren “hacer política” al respecto, porque entienden la política como la oportunidad que dan los votos para imponer su ideología (o ausencia de esta), y nada más. Entienden la democracia como el simple hecho que una serie de gente vote cada 4 años, pero no hay un pensamiento democrático sobre qué es la “demos” y quién le otorga legitimidad.
¿Debe, la sentencia, “justificar” cómo actuó el Estado en función de la sentencia misma? Porque parece que, si, por ejemplo, hubiera una absolución, la actitud del Estado alrededor del 1-O quedaría injustificada, y que, si hay una condena, queda justificada. Pero es que las acciones del Estado, una vez aplicó el 155 y se hizo cargo (y responsable) de las instituciones catalanas, no fueron la conducta basada en sofocar una rebelión. Es como si fuera una rebelión “a posteriori” que, en su momento, ni la víctima (el Estado) apreciase.
Lo único claro es que hay una divergencia que oscila entre un 48% (independencia) y un 80% (referéndum) de la sociedad catalana y el Estado, y que éste se refugia en una sola ley para no afrontarla: que no hay democracia que valga por encima de las leyes. ¿Les suena? Es la frase que repite hasta la saciedad el monarca Felipe VI, aquel que otorga un cargo de la manera menos democrática posible: el derecho otorgado por una simple cópula, la de su progenitor, colocado por el franquismo (fruto de un golpe de Estado sobre un gobierno republicano, les guste o no).
Retomando la analogía con el mito de la caverna platónica, podemos plantearnos si Marchena (el Tribunal Supremo) está dentro de la caverna mirando las sombras proyectadas por la Guardia Civil (el Estado) o si es independiente y está afuera. Pero todos estos jueces (y su designación es un ejemplo) forman parte del Estado, son parte, y es hasta cierto punto lógico que den una preeminencia de credibilidad a sus estructuras. Parece, en este juicio, que las percepciones particulares de los testigos del Estado adquieren validez en tanto sustentan lo universal (el clima de violencia) que es usado, a su vez, para justificar y verificar lo particular (esas mismas declaraciones). No es simplemente un sinsentido, sino que es una visión con un trasfondo totalitario: es la aceptación de la totalidad lo que lo sustenta todo.
La mayoría de declaraciones de los Guardias Civiles vemos que no se ajustan a los hechos que hemos presenciado o visto en tantos vídeos. No me estoy refiriendo a sus percepciones, que son subjetivas (el miedo, las miradas de odio…) y que conforman la mayoría de sus argumentos, sino al estricto relato de los hechos. El no visionado de las imágenes en paralelo no permite contrastarlo, y que esto ya sea definitivamente así, no impide que nos planteemos una pregunta: ¿por qué no coinciden sus relatos con los hechos que nosotros hemos visto? Allá cada uno con su respuesta, pero hay una cosa que se queda al margen: ningún cargo, ni político ni policial, se ha hecho responsable de su actuación, sino que la han trasladado a los manifestantes y a los acusados como responsables de éstos. Me dirán que no se juzga a las fuerzas del Estado, cierto, pero opino que lo anterior es relevante, una condición sine qua non para establecer dónde se sostiene el argumento de violencia organizada de la acusación.
Es evidente que el fin o intención (la independencia de Cataluña) de los acusados, por sí solo, no es lo que los ha llevado al banquillo. Hay muchos independentistas sin acusación.
Lo que les conduce al banquillo es la interrelación de ese fin con el modo de llevarlo a cabo (la violencia organizada que supone sedición o rebelión). Ni modo ni fin, aislados uno del otro, presuponen esos delitos, sino que es necesaria su interrelación. Hemos visto muchas reivindicaciones con actos de violencia organizada, por ejemplo, la reivindicación de los taxistas, y no se les acusa de rebelión. De hecho, no se les ha acusado de nada. Espero que me acepten, entonces, que es la interrelación entre modo y fin u objetivo lo que permite el encarcelamiento preventivo y acusación de los políticos y activistas independentistas.
Ahora bien, la acusación debe “probar” que hubo esta violencia organizada con el objetivo de la independencia, y no como una reacción a la intervención policial (como en tantas otras manifestaciones). Ni es suficiente demostrar que hubo violencia ni lo es demostrar que estaba organizada: “debe” ser organizada “con el fin” de la independencia. Tiene que constituir parte del modo para llegar a esta. Por ejemplo, en el 23-F de Tejero, la irrupción armada y violenta en el congreso era un modo que perseguía el fin de hacerse con el poder. Es fácil, pocas dudas hay, no necesitamos meses dándole vueltas al asunto. La actuación de esos Guardias Civiles que el 23-F tomaron el congreso era independiente de la reacción que tuviesen los diputados.
La violencia era el modo. Pero, el 1-O, ¿hubo un modo violento en los 2,3 millones de ciudadanos que fueron a votar? La violencia que pudo haber, ¿fue el modo de ir a votar para declarar una independencia? ¿Se usaba la violencia como modo de votación con ese fin? No: la prueba es que donde no intervino la Guardia Civil, no hubo violencia. La violencia que pudo haber radica en la interrelación entre la Guardia Civil y los ciudadanos disidentes o desobedientes, no con el fin reivindicativo. Fíjense que esto es más parecido a cuando, en una manifestación, se producen incidentes en el momento que la policía decide disolverla, pero no actúa esta policía para evitar la reivindicación en sí.
No sé si me explico: si la Guardia Civil actúa contra los taxistas no es para evitar o no que se prohíban a Uber o Cabify, esto les importa un pepino, ya lo decidirán los políticos. Pregunto: ¿estaba la Guardia Civil con su intervención evitando la independencia de Cataluña? No: simplemente usó la fuerza contra unos manifestantes desobedientes que, antes de la intervención policial, llevaban a cabo un acto político de desobediencia civil pacífica. Aquel 23-F, la violencia de la Guardia Civil golpista que tomó con armas el congreso, era independiente de cualquier interacción ajena.
La violencia que nos relata la Guardia Civil actual (con su dirigente, De los Cobos, que fue simpatizante de los golpistas aquél 23-F) no tiene nada que ver con una independencia o no de Cataluña: no había ninguna intención de llegar a ese fin “mediante” el uso de la violencia. Los mismos Guardias Civiles relatan que les gritaban insultos, o que la gente proclamaba “votarem!”, pero no que gritaban “independencia”, ni se dirigían a alguna Bastilla para tomarla, sino a una urna para depositar un papel.
¿Por qué actuó con tanta virulencia la Guardia Civil ante un acto de desobediencia ciudadana y pacífica? Si pensaban que ese acto iba a propiciar que los políticos hicieran efectiva una independencia de Cataluña “ilegal”, ¿no era suficiente con esperar a que se produjera el acto y detener a los políticos (tal como indicó Trapero que los Mossos estaban dispuestos a hacer)? A los políticos se les detuvo bastante después del 1-O y ante una declaración de independencia no efectiva ni publicada ante la cual, el mismo presidente español (Rajoy) pidió por carta que le explicasen si la habían declarado o no.
Es aquí cuando me pregunto si los miembros del Estado veían todo lo que sucedía como monstruos proyectados en la pared de la caverna… o si cobra más relevancia el “a por ellos”: se trataba de dar una lección ejemplarizante, un castigo, un correctivo duro e inapelable con una intención claramente política (como las policías en una dictadura ante una manifestación disidente). Y esto es, precisamente, donde no quieren entrar los testimonios de la Guardia Civil y que, con el no visionado en paralelo de los vídeos, el juez Marchena les permite sortear. ¿El juez evita los vídeos porqué no es relevante para el esclarecimiento de los hechos? Opino que no: lo hace para evitar la interrelación entre el modo violento y el objetivo de las acciones de la Guardia Civil, que era puramente político y no de orden cívico.
Lo que no desea es dejar en evidencia el uso político que hizo el Estado de la fuerza policial, porque eso teñiría el juicio con lo que vemos que es: un juicio sobre intenciones políticas y no sobre hechos concretos, lo cual nos lleva, a mi parecer, a lo siguiente: desde el Estado se evita afrontar el derecho de una parte importante de ciudadanos de disentir (y pretender cambiar) el orden establecido. Los únicos movimientos del Estado son los de imponerse sobre esa reivindicación haciendo juegos de manos (policiales, mediáticos, judiciales) sobre la pared de la caverna, pero fuera de esta continúan habiendo un mínimo de 2,3 millones de ciudadanos disintiendo y, con bastante probabilidad, a largo plazo, aumentando.
Las innumerables veces que los media y los políticos de Madrid han finiquitado esta reivindicación, que han dicho que el suflé independentista se desinfla, ¿miraban la sociedad catalana o relataban las sombras que querían ver o proyectar en la pared de la caverna?
Dilucidar si un hecho ha existido o es una imagen proyectada en esa caverna, sería bastante fácil; y, de hecho, se supone que el Tribunal simplemente dirime si ese hecho se ajusta a una ley o queda fuera de esta, y si el acusado es el que ha propiciado ese hecho. Ahora bien, ¿qué sucede si se juzga un acontecimiento constituido por un conjunto de hechos? ¿Deben estar, todos estos hechos, propiciados por el acusado? Aquellos hechos autónomos del acusado (propiciados por otros) ¿deben mantenerse al margen o incorporarse? Aquí es donde la caverna crea, todavía, más confusión. Porque está claro que la violencia que hubo el 1-O no es un hecho procurado por los acusados. Opino que esto es demostrable, pues , repito, donde no hubo Guardia Civil ni Policía Nacional, no hubo violencia.
Por tanto, esta violencia o hechos violentos, no fueron procurados por los acusados, sino por la interpretación del mandato judicial por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y que podía interpretarse de manera diferente, tal como hicieron los Mossos. No importa qué interpretación les guste más o menos, encuentren más acertada o menos, pero sí importa si ésta es la causa de la violencia. Cosa aparte, deberíamos preguntarnos si ante situaciones de tal trascendencia una orden judicial tiene que ser interpretable o no, cosa por la que hemos pasado de largo sin pedirle explicaciones al juez que la cursó, y cuál cree el juez que es la interpretación que se ajusta a su mandato.
Por otro lado, frente al acontecimiento del 1-O, ¿son los acusados procuradores de éste? Vemos que el acontecimiento es una suma de hechos: convocarlo, comprar las urnas, imprimir papeletas, publicitarlo, ir a la mesa electoral los que les toca, ir a votar los votantes, etcétera. De todos los hechos que forman el acontecimiento, hay algunos que son independientes de los acusados: la compra de urnas privada, su ocultación en domicilios particulares, su traslado a los colegios, la decisión personal de ir a votar los que lo hicieron.
Que sean todos ellos necesarios e indispensables para el acontecimiento 1-O, no significa que sean producidos por los acusados, ni que estos sean causa. Los acusados, cierto, desobedecieron al no desconvocar el referéndum (no al convocarlo) una vez fue declarado ilegal y, cierto, informaron de él. Se ha de demostrar si lo publicitaron con fondos públicos, pero está claro que pidieron a la gente que “comprase el producto”: ir a votar. Pero ese producto no estaba hecho exclusivamente por ellos, y la responsabilidad de comprar “algo ilegal” sabiéndolo, suele recaer también sobre el comprador, todos y cada uno de los votantes.
La imagen proyectada en la caverna distorsiona todo lo anterior con un único fin: responsabilizar absolutamente de todo el acontecimiento a los acusados, desde que un servidor decidiese ir a votar a sabiendas que era ilegal o al vecino que tuvo las urnas escondidas en su casa, hasta que la Guardia Civil interpretase el mandato judicial de una manera concreta que les permitió entrar en las escuelas repartiendo porrazos y patadas a manifestantes pacíficos (por mucho que uno se resista pacíficamente e, incluso, insulte o mire mal, ¿cuándo ha sido esto una justificación de tamaña violencia policial?).
Me temo que este modo de “caverna platónica” no se restringe al juicio del “procés”, sino que es un modo de proceder del Estado Español. Tenemos ahora a la vista el caso de la información proyectada en la caverna por las cloacas del Estado, por donde se movía el ministro de interior Fernández Díaz como pez en el agua (o rata en las heces, a su elección). No solamente respecto a desacreditar un partido político (Podemos), sino también la “Operación Cataluña”, las mentiras previas a unas elecciones respecto a Trias y Mas. ¿No es esto el mismo proceder cavernario? Parece que la “era de la información” consiste en proyectar sombras en la pared de la caverna, y que la sociedad actúe (vote) como si fueran reales y verdaderas. Ahora le llaman Fake News, para no decir “mentiras”.
Se ha comentado que es un caso Watergate sin consecuencias, pero sí hay una grave consecuencia: vemos como los medios importantes de la capital son partícipes, son parte, y, al contrario que el Washington Post, propician esas proyecciones en la pared del fondo… y vemos como a la mayoría de la sociedad española ya les está bien, se conforman. Una sociedad que no se escandaliza ante su propia manipulación no es una sociedad democrática, por mucho que vote, sino una sociedad que clama un régimen totalitario (aunque sea moderno, limpio y disfrazado de mensajes súper-democráticos). Cuando una sociedad acepta la manipulación y la mentira en aras de un fin, acepta su denigración democrática.
El modo de la política española, sumida en que el fin justifica los medios, propicia tanto el caso Gal como la corrupción, fenómenos Villarejo o Bankia o las puertas giratorias para retiro de sus líderes. Si este modo se acepta, siempre hay “un fin” que las élites puedan colocar como pared donde proyectar sus imágenes (tal como sucede en el juicio del Supremo). Difícilmente algo que no sea radical podrá solucionarlo.
En el juicio del “procés”, las acusaciones parece que se basen en las imágenes mentales que proyectan sus testigos en la pared de la caverna, constituyendo en esa pared un “marco” que sustente sus argumentos. Esto lo pueden hacer así gracias a la connivencia del Tribunal que, al impedir el visionado de vídeos que demuestran la irrealidad de esas proyecciones, permite establecer ese marco. Si todo se basa en esas “apariencias”, el juicio es una farsa.
Farsa (en la 2a acepción del diccionario de la RAE): <<Acción realizada para fingir o aparentar>>.
También cabe subrayar que, los medios que sostienen esos marcos y que apuntalaron las mentiras sobre Podemos y los políticos catalanes, no hacen periodismo, sino publican una farsa por entregas. Como la apariencia democrática de la monarquía. Todo en un cóctel de esta gran democracia española, solo que es pura apariencia, la farsa de una democracia.
