Extradir a Carles Puigdemont se ha convertido en una obsesión para la judicatura española, representada por el juez Llarena que, por fin divisa una posibilidad de conseguirlo después de los intentos fallidos anteriores, cosa que le ha debido provocar tener piedras en el hígado.
Lo curioso del caso es cómo Llarena busca la forma de adaptarse al nuevo código penal para salir triunfante de este quebradero de cabeza que lo agobia desde hace bastante tiempo. Llarena ahora, elimina la sedición y mantiene la busca y captura de Puigdemont por medio de la malversación y desobediencia. Los fiscales del ‘proceso’ tienen que pronunciarse sobre cómo se aplica la reforma del Código Penal a los condenados por el Tribunal Supremo.
La Sala de lo penal está valorando considerar que lo sucedido en Cataluña en el otoño de 2017 puede enmarcarse en el nuevo delito de desórdenes públicos agraviados, según han informado varias fuentes judiciales.
La fiscalía, que en el juicio apostó por el delito de rebelión, y no sedición, como acabó declarando el Supremo, no comparte, íntegramente, los postulados del magistrado instructor y está estudiando que, en vez de sustituir la sedición por una desobediencia, pueda ser aplicado el delito de desórdenes públicos agraviados tanto para los que fueron condenados como para los prófugos de la justicia.
A pesar de que el delito de malversación distingue entre el beneficio personal o no, según se desprende por noticias no confirmadas, su procesamiento quedaría limitado a una desobediencia y una malversación del tipo más grave, que está penada con hasta 12 años de prisión.
El gobierno español se ha quedado descolocado por la interlocutoria de Llarena porque esperaba que se juzgara Puigdemont por el nuevo delito de desórdenes públicos y se le redujera la malversación El Ejecutivo se revuelve contra algunas apreciaciones del juez y le recuerda que el ejercicio de la política corresponde en el Gobierno.
El tribunal Supremo presidido por Marchena descartó la rebelión, y el Congreso acabó con la sedición. Sin poderse aferrar a estos dos delitos, el juez Pablo Llarena, se ha limitado a reclamar la extradición de Puigdemont y el resto de políticos exiliados o bien por malversación o bien por desobediencia. Ha renunciado a hacerlo, por desórdenes públicos, el delito que el gobierno español cree que se adapta mejor a los hechos del otoño del 2017.
Todavía no es definitiva la interlocutoria de Llarena y todo apunta que él, antes de seguir adelante las extradiciones, esperará la resolución de la Justicia Europea. En este sentido, igualmente se ha manifestado Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye. Vean -en catalán- la declaración de Carles Puigdemont ante la actual situación.
Sobre todo, conociendo a Llarena que seguirá buscando la forma para conseguir lo que hace cuatro años intenta y se ajustará todo lo que haga falta al nuevo código penal, en busca de una rendija que le permita salir victorioso.
Sobre este último comentario, permítanme queridos lectores que les mencione dos opiniones que considero son muy adecuadas al respecto.
Después de renunciar a todo durante años, de haberles aprobado todo a los socialistas, de haber contradicho las cosas que ERC siempre había defendido, de haberse tragado sapos de la medida del Micalet (Campanario de la catedral de Valencia), de haber conseguido desconcertar el país, ahora resulta que un solo juez puede hacer más que el parlamento y los negociadores. Y desmontado una maniobra política de años. (Vicent Partal – Vila Web).
“En este país la voluntad popular democrática expresada en la ley está sometida a la voluntad de los jueces. Es igual la ley que apruebe el Parlamento, un juez puede reinterpretarla cómo quiera y usar sus decisiones para criticar políticamente el legislador. Y nadie se escandaliza” (Joaquín Urías, Profesor de derecho constitucional y ex magistrado del Tribunal Constitucional).
