Más d 300 personas han partido este pasado viernes hacia la frontera sur –Andalucía y Ceuta– , para denunciar la vulneración de derechos humanos, la criminalización de la solidaridad y el avance de los espacios neofascistas, por la aparición de partidos de extrema derecha como VOX y sus acuerdos con PP y Ciudadanos, en toda España.

El año pasado recorrieron Grecia, Melilla e Italia. Ahora la Caravana Abriendo Fronteras ha decidido que este verano hasta el domingo 21, viajará a la frontera sur de Europa pasando por Granada, Motril, Tarifa, Ceuta, Algeciras, Jerez, Sevilla y Huelva.

Se han fletado cinco autobuses donde participarán “mayoritariamente mujeres en un 70%”, han anunciado los organizadores. Vienen de Catalunya, País Valencia, Euskal Herria, Cantabria, Madrid, Aragón, Castilla-León, Salamanca, Islas Baleares y la propia Andalucía.

En esta ocasión la caravana tiene carácter internacional, “producto de las redes y alianzas que hemos ido tejiendo estos años, y participarán, entre otras organizaciones que desarrollan su labor en la frontera sur, integrantes de la organización italiana Carovane Migranti”.

La explotación de decenas de miles de personas migrantes, especialmente mujeres, en los campos andaluces ha sido uno de los motivos de elección de este destino. Andalucía se ha convertido en la región de Europa con mayor número de llegadas de personas migrantes y esto ha provocado un aumento sustancial de las personas muertas, lo que ha sacado a la luz las deficiencias del sistema institucional de acogida, “así como la involución en la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez”, han denunciado desde la Caravana.

En la elección del destino ha influido el avance de las políticas neofascistas en Andalucía, -y en el mundo-, que “utilizan a las personas migrantes como chivo expiatorio y plantean un gran reto a todas las organizaciones sociales y a quienes pretendemos poner en el centro la vida y la defensa de los derechos humanos.”

Andalucía se ha convertido en la región de Europa con mayor número de llegadas de personas migrantes

El tripartito de la derecha española con la extrema derecha es un germen que se está extendiendo por toda España. Los colectivos y personas de ‘Caravana Abriendo Fronteras’ reivindican la buena acogida y los derechos de libertad de movimiento para todas las personas.

La organización quiere centrarse en el cumplimiento de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales en materia de refugio e inmigración, visibilizando y denunciando las situaciones donde no se respetan y las causas que obligan a las personas a desplazarse.

El conocimiento de las buenas prácticas de acogida y las dificultades que se encuentran colectivos será una referencia, según refiere una de las portavoces. “Nos encontraremos con los precarios medios de atención y acogida mientras crecen los instrumentos de detención-expulsión. Nos acercaremos al conocimiento y denuncia de los CATE (Centros de Atención Temporal de extranjeros), y entablaremos un diálogo de primera mano con profesionales del rescate y Salvamento Marítimo”.

La visibilización y la denuncia de la situación de las y los menores (MENAS), la trata de personas, las devoluciones en caliente en Ceuta, las porteadoras, las empleadas de hogar, las vallas, el homenaje a las personas muertas y asesinadas por la violencia institucional y el abandono humanitario en la Frontera Sur… estarán presentes durante la Caravana.

Andalucía se convierte en 2018 con la región de Europa con mayor número de llegadas de personas migrantes: 51.711. Esta situación saca a la luz las graves deficiencias del sistema institucional de acogida en Andalucía y en España. Como ha explicado la directora de ‘Granada Acoge’, Sylvia Koniecki, aunque muchos siguen su camino, también hay muchos que se quedan en Granada y hay que reivindicar su papel como ciudad de acogida.

El tripartito de la derecha española con la extrema derecha, es un germen que se está extendiendo por toda España

Koniecki ha descrito las minúsculas opciones de acogida de las personas que llegan a frontera sur. Detenidas 72 horas sin acceso a atención legal, traducción o información sobre los recursos de acogida pueden acabar en un CIE o, con mucha suerte en un recurso de emergencia para 3 meses. Después, se intenta expulsarlos o acaban en la calle, sin recursos y con la única opción de recurrir a las redes de acogida, “ciudadanía organizada”.

Ha recordado también las condiciones de esclavitud con las que trabajan en el campo y la situación de niños y jóvenes sin referentes que son “obligados a sobrevivir de cualquier manera”.

Igualmente, desde ‘Amani’, su coordinadora de profesorado Sabina Anna Baltruschat, ha explicado la función del centro de acogida social que gestionan para ofrecer actividades lúdicas y culturales y clases de lengua castellana.

Solicitantes de asilo como el marfileño Lassina Ouattara quedan fuera del sistema de acogida tras los tres meses de emergencia y el contacto con Amani “era la única manera de obtener asistencia sanitaria y comida”.

Por su parte, la exconcejala del Ayuntamiento de Granada, Jemina Sánchez, ha compartido su experiencia con el ‘Protocolo de Emergencia para la acogida ante la llegada colectiva de migrantes’. “Aunque el Ayuntamiento no tiene competencia en extranjería, sí la tiene en atención social”, ha reconocido. El protocolo nace como respuesta a la demanda de colectivos locales y ofrece atención primaria, sanitaria, jurídica, recursos educativos y recursos de salida.

Otro miembro de la mesa de experiencias, Assane Top, de la ‘Red de Acogida de la comunidad senegalesa’ ha expuesto la responsabilidad de las comunidades migrantes locales autoorganizadas siguiendo el concepto de Teranga (hospitalidad), mientras que Hatim Fezcari Azziman, coordinador del Departamento de Emancipación, de la ‘Ciudad de los Niños’, ha compartido su trabajo con niños y jóvenes para que sean autónomos en todos los ámbitos de la vida. “Tenemos una tasa de inserción del 90%”, ha indicado. “Si se invierte un poco en ellos pueden insertarse de forma muy positiva en nuestra sociedad”, ha asegurado. Además, si las administraciones “hacen cuentas”, ha ironizado, verán que “es mucho más caro mantener a una persona en la cárcel que un programa para personas que cumplen la mayoría de edad”.

Finalmente, Roxana Gutiérrez de la ‘comunidad autoorganizada de trabajadoras del hogar Nosotras’, ha reivindicado la visibilización de las tareas de cuidados y del trabajo del hogar, ha señalado que “trabajamos con mujeres desde el reconocimiento como trabajadoras, exigiendo al Estado que se haga cargo de este sector laboral”, ha afirmado.

Por eso, reclaman la aplicación del Convenio 189 para que tras 3 años de residencia y actividad laboral sean reconocidas con inspecciones.

La jornada ha servido también para presentar a las y los testigos de la ‘Carovane Migranti’ como el tunecino Imed Soltani, portavoz de “La terre pour tous” y representante de las luchas de las familias de Túnez por la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y no repetición.

También Leticia Gutiérrez de México, responsable de la coordinación de los Albergues para migrantes que ha promovido la construcción de 66 nuevos albergues; y Souad Zaidi de la ciudad de Sfax, de donde han zarpado y siguen zarpando pateras hacia Europa y madre de una persona desaparecida en su trayecto migratorio.

En la tarde del sábado se realizó una manifestación en Granada, desde el embarcadero de la Plaza Humilladero hasta la Fuente de las Batallas, en la cual se realizaron dos acciones, la primera para recordar a las personas muertas en el mediterráneo y contra el cierre de fronteras, y la segunda para denunciar las devoluciones exprés. Durante la manifestación se leyó el manifiesto de la Caravana 2019 y se dio paso a la lectura de un comunicado de apoyo a la manifestación en Biarritz contra la próxima cumbre del G-7 para construir “alternativas solidarias, ecológicas, feministas, decoloniales y contrarias al racismo y al imperialismo”, para acabar con los cantos de Bella Ciao y A Desalambrar.

El domingo la Caravana se desplazó a Motril donde tuvo lugar una mesa redonda sobre “El rescate” y una concentración ante el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros).

En una de las intervenciones más emotivas en esta mesa, el bombero Miguel Roldán Espinosa, que por su trabajo de rescate ha sido acusado de favorecer el tráfico ilegal de personas, aclaró que “se habla de ayuda humanitaria como si fuéramos los voluntarios los responsables de salvar vidas”, y aclaró que eso “no es lo natural. Tenemos que luchar para que lo hagan profesionales, y de una forma reglada. Si no, se termina en que los rescatadores somos los criminales”, defendió.

Para este bombero, la parte más difícil es “cuando pasas de rescatador a juez. Si el número de personas es demasiado elevado para poder socorrer, sabes que si acudes al lado derecho quizá sea demasiado tarde para salvar a los de la izquierda de la embarcación. Es la parte más dura, tener que decidir quien vive y quién no”, concluyó. Familiares de jóvenes desaparecidos le agradecieron su trabajo. “Ojalá ellos hubieran encontrado en su ruta migratoria a alguien como tú”, dijeron.

Para el delegado sindical de Salvamento Marítimo, Manuel Capa, es imprescindible que el cuerpo “siga siendo público y civil”, y que se pueda revertir la militarización que ha sufrido en el último año tras la designación de un mando único que recae en un general de la Guardia Civil.

Para la activista de la ‘Red Alarma Phone’, Paola Arenas Gómez, una organización ciudadana que recibe llamadas de emergencia y avisos de partida y llegada de pateras en gran parte del Mar Mediterráneo, “los únicos equipos de rescate preparados en el mediterráneo son los europeos. El peso del rescate debe recaer en las autoridades europeas. No podemos dejarlo en mano de países como Libia, o Marruecos”.

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