En noviembre de 2018, las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón con los votos a favor de PSOE, Podemos, CHA e Izquierda Unida, afirmando el Gobierno de Aragón “que esta ley era estrella de la legislatura que acababa”.
Sin embargo, sólo pocos meses después el acuerdo de constitución del nuevo gobierno cuatripartito (PSOE, Podemos, CHA y PAR) no recogía ni un solo punto dedicado a Memoria. Hoy, la ley aún no se ha desarrollado y continúan los incumplimientos por parte del Gobierno de Aragón (resignificaciones, banco de ADN, Censo de Víctimas, actualización del Mapa de Fosas de Aragón…).
A finales de febrero de este año se convocó por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón a las asociaciones memorialistas aragonesas, agrupadas en la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), a una reunión que tuvo lugar a comienzos de marzo.
Los técnicos de dicha Dirección General solicitaron a aquellas asociaciones que tuvieran previsto realizar exhumaciones en 2022 que les enviasen a la mayor brevedad posible a través de PAMA una pequeña descripción de estos proyectos y un presupuesto de cada actuación. Así se hizo, excepto en el caso de las fosas de Belchite que lo remitieron ellos directamente a la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Tras la celebración de la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, PAMA conoció a través de la prensa que a Aragón le correspondía en el reparto financiero 161.643 euros, una cantidad ya de por sí inferior en más de 30.000 euros al año 2021.
El 6 de junio en una nota de prensa del Gobierno de Aragón, decía que a Aragón le corresponden 115.988 euros, de los cuales al parecer 30.000 euros se dedicarán a la segunda fase de las exhumaciones en Belchite.
Desde PAMA entienden que esta información parcial representa una falta de respeto y una afrenta a las demás asociaciones, que siguieron las indicaciones establecidas por la propia Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y que aún no han sido notificadas.
A día de hoy tanto la mayor parte de las asociaciones aragonesas, como los técnicos encargados de muchos de esos trabajos, desconocen cuales son las exhumaciones aprobadas por Aragón para ese II Plan de Fosas financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como las cantidades asignadas.
De los dos técnicos que estuvieron en la reunión de marzo, que eran los únicos que llevaban los temas de Memoria en la Dirección General de Patrimonio Cultural y con los que teníamos una fluida comunicación, uno ha dimitido y el otro se halla con una baja médica de larga duración, por lo que PAMA solo conoce los datos publicados en prensa.
Uno de los primeros acuerdos del actual gobierno autonómico, a comienzos de agosto de 2019, fue traspasar las competencias de Memoria Democrática del Departamento de Presidencia, como establecía la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón, al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, yendo finalmente a pasar las competencias a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Pese a que así se establecía nuevamente en la Ley 14/2018, nunca se creó un órgano de gestión en materia de Memoria y, como se ha señalado, actualmente se desconoce si hay algún funcionario adscrito a estos cometidos..
Desde PAMA aseguran que «a pesar de lo prometido en la última reunión con la Directora General, marzo pasó y sigue sin constituirse el órgano para el desarrollo de la ley, y no reaccionan ante los incumplimientos de la ley por parte de muchos ayuntamientos; también esas «resignificaciones» deberían ser perseguidas y no permitir un incumplimiento tan burdo de la ley; que miran para otro lado cuando la ciudadanía toma acciones por no hacerlo ellos (caso de las placas y los compañeros de CNT); nos ningunean, no contando con las asociaciones que, de alguna manera, representamos a las víctimas del franquismo, en ninguna de las acciones que llevan a cabo; no nos dan el local prometido, ni trabajan en él; las exiguas partidas que a veces te conceden (por ejemplo ahora con la imagen de la memoria) las reducen unilateralmente sin dar explicaciones».
Además, desde hace un tiempo no hay ningún tipo de comunicación entre la actual Directora General ni con PAMA, ni con la mayor parte de las asociaciones, ni con los equipos técnicos.
«Ya el I Plan de Fosas del año 2021 nos pilló a todos por sorpresa al ver el listado aprobado, del que nos enteramos cuando fue publicado en el BOE, sin ningún tipo de consulta previa a las asociaciones. Hasta bien pasado el verano no tuvimos ninguna comunicación por parte de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural (en algunos casos a través de las asociaciones y en otros directamente a los equipos técnicos) de que podíamos utilizar los fondos aprobados y que debíamos realizar las intervenciones antes de final de año. Como ya había muchas exhumaciones comprometidas con financiación de otras administraciones y apenas 4 meses para trabajar, varias fosas se quedaron por exhumar, como el caso de las 2 fosas de Gurrea de Gállego (Huesca) o la de Ródenas (Teruel)», explican las asociaciones memorialistas.
Además, este año 2022 aún ni se han convocado las subvenciones que el Gobierno de Aragón dedica a materia de Memoria Democrática. El año pasado fueron convocadas a finales de mayo y la resolución definitiva fue publicada en el BOA el 5 de octubre, cuando a finales de julio ya estaba resuelta, finalizando el plazo de ejecución como es habitual el 15 de noviembre.
Todo ello a pesar de que las asociaciones y PAMA llevan años reclamando, en las múltiples reuniones mantenidas con la administración autonómica, una serie de mejoras en los plazos y en las bases de esta línea de ayudas que permitan resolverlas con prontitud a inicios de año y optimicen la ejecución de la partida presupuestada, pues habitualmente de los 200.000 euros consignados tan sólo se ejecuta poco más de la mitad.
PAMA reconoce que en estos momentos hay más posibilidades de financiar las exhumaciones de víctimas del franquismo a través de las administraciones central, autonómica, provinciales y comarcales.
Sin embargo, la caótica gestión del gobierno autonómico impide a casi todas las asociaciones memorialistas y a sus equipos técnicos una mínima planificación de los trabajos de exhumación a desarrollar.
