miércoles, 22septiembre, 2021
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La campaña publicitaria de Abogados Cristianos animaba a los contagiados por covid-19 a demandar al Gobierno “negligente”

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid (ALA) ha interpuesto una denuncia ante el Colegio de Madrid para que abra expediente disciplinario a la presidenta de la asociación ultracatólica, Polonia Castellanos, y depure responsabilidades disciplinarias

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La Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid (ALA) ha interpuesto una denuncia ante el Colegio de Madrid (ICAM) para que abra expediente disciplinario a la letrada y presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia María Castellanos, así como a todos los profesionales del Derecho “que formen parte de la junta directiva” de esta organización ultraconservadora, tras la puesta en marcha de una supuesta campaña de publicidad para la captación de clientes afectados por el coronavirus. Según el código deontológico, este tipo de prácticas propagandísticas van contra la ética profesional de la abogacía.

Tal como consta en la denuncia de ALA, el pasado 24 de marzo la página web de la Asociación de Abogados Cristianos ofertaba sus servicios jurídicos a las “víctimas directas e indirectas (familiares de las mismas) como consecuencia de la pandemia del virus llamado covid-19”. Ese día ya habían fallecido en España casi 3.000 personas y más de 40.000 se encontraban contagiadas como consecuencia de la pandemia. Además, la mayor parte de los hospitales de España estaban colapsados por la avalancha en UCIS y Urgencias. La situación era de auténtica tragedia nacional pero donde solo había dolor y muerte, algunos por lo visto ya veían un buen filón publicitario para el bufete y una forma de erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez, contra quien Abogados Cristianos ha emprendido una dura batalla legal a cuenta de asuntos como el aborto.

La supuesta campaña denunciada por ALA aseguraba: “¿Te has visto afectado por el covid-19 o has sufrido la pérdida de algún familiar? Sabemos cómo lo estás pasando. Y no podemos ni imaginarnos lo duro que ha sido no poder dar a tu familiar una calurosa despedida en familia. Imaginamos que ahora te encuentras roto y no sabes qué hacer. Nos gustaría apoyarte en estos duros momentos. Queremos poner nuestro granito de arena para superar esta crisis sanitaria. [Palabras escritas sobre una imagen de unas camas de hospital vacías]. Desde la Asociación Española de Abogados Cristianos creemos que la gestión del Gobierno podría ser considerada jurídicamente como negligente y, por ello, derivar en compensaciones económicas para las víctimas”.

Según los abogados de ALA, Abogados Cristianos informaba a los futuros clientes sobre su derecho a exigir responsabilidades patrimoniales, penales, administrativas y contables. “Si quieres hacer justicia, nosotros te ayudamos a presentar tu demanda totalmente gratis. Si has perdido un familiar por el covid-19, puedes reclamar responsabilidades. No te quedes callado y exige lo que te corresponde: una indemnización. Nosotros podemos defenderte. Estamos especializados en la defensa jurídica de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la vida (artículo 15 de la Constitución). Nuestro asesoramiento jurídico es gratuito. No publicaremos tu información. Para atender tu solicitud necesitamos conocer los hechos, por eso te pedimos que rellenes un formulario. Sin embargo, la información que nos envíes será totalmente confidencial”, recoge la denuncia ante el ICAM.

La campaña publicitaria iba más allá. “Cuéntanos tu caso y nosotros te ayudamos. Demanda. Mantenemos abiertas más de 20 causas jurídicas en defensa del derecho a la vida. Ejercemos presión política para exigir a nuestros gobernantes que protejan el derecho a la vida. Coordinamos la presión social para defender la vida humana desde la concepción”. Con esta oferta, Abogados Cristianos trataba de comparar su supuesta defensa del derecho a la vida en los pleitos que en los últimos años ha abierto contra clínicas que practican el aborto de forma legal con la dramática pandemia de coronavirus.

En su formulario web se recogían, bajo el texto “envía ahora tu solicitud de ayuda legal”, una serie de casillas para que el cliente consignara su “nombre, apellidos, email, teléfono y hechos denunciados”. “Detalla tu caso relacionado con una pérdida familiar por el covid-19, fecha de los hechos, ciudad, centro sanitario… ¿Estás directa y personalmente involucrado en los hechos? ¿Estás siendo representado por un abogado en este asunto? Si hubiera opciones de un proceso legal, ¿cómo quieres que comencemos el proceso?”, proponía el citado formulario.

Además, ALA asegura que el mismo día 24 de marzo la agencia de noticias Europa Press informaba de que la Asociación Abogados Cristianos había lanzado la web www.ayudalegalconronavirus.es “para ofrecer asistencia legal gratuita a los familiares de los fallecidos” por la pandemia, recogiendo supuestas manifestaciones de su presidenta, Polonia María Castellanos: “Se trata de poner su granito de arena para ayudar a las familias afectadas a que se haga justicia y a evitar más muertes por desatención. Creemos que la gestión del Gobierno podría ser considerada jurídicamente como negligente y, por ello, derivar en compensaciones económicas para las víctimas”.

La información de Europa Press añadía que la organización ultracatólica recogía que “todas esas personas que han perdido un familiar tienen derecho a exigir responsabilidad patrimonial, penal, administrativa y contable” y garantizaba que Abogados Cristianos se encargaría de presentar las demandas “totalmente gratis”. La nota de agencias fue rebotada por diferentes medios de comunicación.

Para ALA, estas prácticas van contra la deontología profesional amparada por el Colegio de Abogados de Madrid, de modo que solicita a la organización colegial que incoe expediente deontológico contra Polonia María Castellanos, presidenta de la asociación, y contra el resto de las abogadas y abogados que formen parte de la junta directiva, “depurándose las oportunas responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir, y requiriendo que estas personas realicen todas las actuaciones que sean necesarias para que cese la publicidad directa o indirecta, incluyendo en su caso que las denunciadas realicen un comunicado público en los términos que se consideren oportunos para neutralizar dicha publicidad”.

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