El Partido Popular suplica una especie de “pacto de estado” con el PSOE para reformar la ley del “sólo si es si”. Contradicción permanente la de la derecha que busca el acuerdo en algunas materias mientras bloquea la justicia en España. Se podrían acabar muchos de “los males” que aquejan al Tribunal Supremo sólo con que diese luz verde al pacto al que llegaron con los socialistas para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
En un solo pleno se cubrirían las 19 plazas vacantes de magistrados sin necesidad de buscar atajos al límite de la ley como los que sugieren las asociaciones de jueces y magistrados conservadores. De paso, podrían influir en las asociaciones de los letrados de la administración de justicia para paralizar la huelga que llevan a cabo en lugar de estar incordiando por detrás como hacen los dirigentes madrileños. A ver si así se acaba con el colapso en los juzgados producto de la convocatoria.
Y lo más importante de todo. Que dejen de boicotear al Tribunal Constitucional con maniobras torticeras como la que acaba de protagonizar la magistrada Concepción Espejel. Génova ha desautorizado la iniciativa de recusación de cuatro magistrados presentada por Federico Trillo y otros antiguos diputados del PP. Y el pleno ha rechazado dicha recusación por entender que quienes la habían presentado no están legitimados para recusar a los jueces que debaten la inconstitucionalidad de la ley de plazos sobre interrupción voluntaria del embarazo porque ni siquiera forman parte de la institución parlamentaria autorizada para llevar a cabo este tipo de acciones.
Pero por mucho que Génova desautorice la iniciativa de Trillo y compañía, lo cierto es que se les ha visto el plumero con la acción llevada a cabo por Espejel. Esta magistrada no sólo ha apoyado la recusación de sus compañeros, sino que también ha pedido abstenerse en los debates y la votación. Argumenta Espejel que, cuando se aprobó la ley de plazos, ella era vocal del Consejo General del Poder Judicial que se pronunció en contra de la norma aprobada por el Parlamento. Y va más lejos. Dice que su ideología, su forma de pensar, impide estudiar jurídicamente una legislación que va en contra de sus principios.
Pero la realidad es distinta. Concepción Espejel no es que se quiera abstener “por principios”. Su estrategia está diseñada desde Génova. Consiste en que si ella se abstiene y se lograba la recusación de los dos magistrados nombrados por el gobierno, Díaz y Campo , a los cuales se les señala por haber sido altos cargos de la administración cuando se aprobó esa Ley, no se habría alcanzado el mínimo de magistrados necesario para poner en marcha la deliberación.
De su historial no se puede deducir que la jueza Espejel haya sido un modelo de neutralidad. Casos como el del bar Chinaski donde un falangista solo fue condenado a tres años de cárcel por apuñalar a un joven de izquierdas, o el incendio de Riba de Saelices, donde se intentó procesar a altos cargos de la Junta de Castilla y La Mancha gobernada por el PSOE cuando ella presidía la Audiencia Provincial de Guadalajara, son dos ejemplos de su controvertido hacer judicial. Pero no los únicos. Cuando presidió la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, condenó al rapero Valtònyc a tres años y medio de cárcel por “incitación a la violencia e injurias a la corona”. En la pieza separada del Caso Gürtel, en la que se condenó al PP por financiación irregular, Espejel formaba parte del tribunal que debía juzgar dicha pieza. Al final prosperó una recusación contra ella.
Concepción Espejel está tan significada que todas las acciones que lleva a cabo son interpretadas en “clave Génova”. Un caso muy parecido al del juez Enrique López, hoy consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid. Son esos ejemplos que contradicen lo que predica el PP de la necesidad de acabar con las interferencias del poder político en la judicatura.
Conclusión. Toca bloquear lo más posible un Tribunal Constitucional “de izquierdas”. Y para ello cuentan con “instrumentos” como Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Les ha salido mal en el debate sobre la inconstitucionalidad de la ley de plazos en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Veremos cuando empiece a debatirse la LOMCE, llamada ley Celaá.
