El Caso Hispano-Almería, en el que se trata en otras cosas una presunta trama de corrupción por la que se financió supuestamente al Partido Popular de esa provincia, ha tomado un nuevo rumbo. La jueza del Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería ha decidido, a través de dos autos, acelerar la investigación en referencia a las piezas de Roquetas de Mar, localidad de la que es alcalde Gabriel Amat, sempiterno presidente del PP de la provincia, y del partido judicial de Almería.
Según esos autos, a los que ha tenido acceso Diario16, se han encontrado indicios de comisión de los presuntos delitos contra la Hacienda Publica, de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y organización y grupo criminal.
Por otro lado, según se indica en el auto, la jueza ha reclamado a la Agencia Tributaria las declaraciones de renta de IRPF y patrimonio e IIV de los años 2000 a 2010 de todos los imputados y del impuesto de sociedades de los años 2000 a 2010, realizadas por Hispano Almeria SA., Alcosan Almeria SL, Gesponiente S.A. y Taller de Arquitectura Almeria S.L. Además, se ha reclamado a Hacienda un informe sobre si los imputados, ya sean personas físicas o jurídicas, habían sido objeto de algún tipo de investigación tributaria.
A esas empresas, la jueza ha reclamado los informes de auditoria de los años 2000 a 2010, junto al nombre o razón social del auditor para que comparezcan ante el juzgado. En este sentido, se ha reclamado también al Registro Mercantil de Almería las cuentas anuales y, en su caso, informes de auditoria del mismo periodo.
La jueza también hace referencia a las personas que supuestamente recibieron las cantidades que se señalan en los recibís (publicados por Diario16 hace dos años) y en los informes de la UDEF fueron declaradas en las declaraciones de Renta.
La Fiscalía, por su parte, en un escrito al que también ha tenido acceso Diario16, solicitó al Juzgado el nombramiento de peritos judiciales por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En este sentido, la jueza ha determinado que se esa decisión se adoptará de manera independiente. Fuentes consultadas por este medio indican que este punto puede provocar un retraso más en una instrucción que ya dura más de 7 años.
Por otro lado, la jueza reclama al Ayuntamiento de Roquetas de Mar la documentación que hasta este momento presuntamente no ha aportado «con el fin de que complete los expedientes remitidos al Juzgado de conformidad con las omisiones señaladas por la Policía judicial, y en el caso de no hacerlo, que justifique el porque no se acompaña dicha documentación», afirma el auto.
Respecto a la pieza del partido judicial de Almería, la magistrada ha reclamado a los ayuntamientos de Carboneras, Vícar y Níjar la presentación de los expedientes de distintas obras cuya adjudicación está siendo investigada en este caso.
La Caja B del PP de Almería
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional presentó al Juzgado un informe en el que ponía el foco en una serie de adjudicaciones del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, presidido desde el año 1995 por el líder del PP en Almería, Gabriel Amat, en las que sospecha una correlación con presuntas donaciones de la constructora Hispano Almería al Partido Popular.
La UDEF encontró sobrecostes superiores al 80%, modificaciones millonarias de los proyectos para favorecer a la constructora y se sospecha de la presunta utilización de información privilegiada a la hora de acudir a los concursos públicos.
En total, se trata de una investigación que señala supuestas irregularidades en 62 obras que ejecutó Hispano Almería, que según la UDEF, queda probada la entrega de 7,3 millones de euros al Partido Popular para conseguir estas licitaciones. Estos contratos sumaron un total de 77,5 millones y fueron adjudicados en el periodo 2000-2010. La UDEF fue clara respecto a uno de los proyectos: «la adjudicación estaba asignada de antemano».
Son muchas las irregularidades detectadas por la UDEF como, por ejemplo, las modificaciones sospechosas aplicadas en alguno de los contratos. En la construcción de una circunvalación concedida en 1998, el monto total del proyecto era de 1,1 millones de euros. 16 meses después, el Ayuntamiento de Amat aprobó un incremento del presupuesto de 900.000 euros. La Policía señaló en su informe que Hispano-Almería pagó solo para este proyecto un total de 252.000 euros en comisiones. Un porcentaje de esta cantidad fue a parar a los funcionarios que aprobaron la subida. La modificación del contrato fue aprobada por Amat.
Otros proyectos que sufrieron modificaciones y sobrecostes fueron la construcción de una residencia de mayores (2,7 millones con un incremento posterior, calificado por la UDEF de misterioso, de 454.273 euros). La obra, de la que no consta documentación que justifique el sobrecoste, fue concedido a la empresa Taller de Arquitectura, administrada por los gestores de Hispano-Almería.
La constructora redactaba los pliegos
Según el informe de la UDEF, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar llegó a incluir en los pliegos de los concursos textos que fueron redactados por la propia constructora. Así, la Policía indicó que se llegaron a cruzar faxes en los que se remitía al arquitecto del consistorio roquetero las características técnicas de un proyecto días antes de que se hiciera pública la adjudicación, una obra por la que Hispano-Almería pagó comisiones por valor de 72.000 euros.
