La banca encuentra la complicidad del BCE para legalizar la falta de transparencia

Diario16 lleva años denunciando la opacidad de los organismos económicos de la Eurozona en relación con el Caso Banco Popular. Este medio ha tenido acceso a documentación que demuestran que la falta de transparencia es, en realidad, un proceso institucionalizado con el fin de proteger a las élites y a los grandes bancos de las reclamaciones de la ciudadanía.

En concreto, la documentación manejada por Diario16 corresponde a la respuesta a un ciudadano de la Unión que reclamó información sobre el escándalo de manipulación de balances del banco alemán WireCard, algo que pasó muy desapercibido en España pero que tiene unas implicaciones muy serias, sobre todo por la negativa de la Junta Única de Resolución (JUR) de actuar del mismo modo en que se hizo con el Banco Popular. Debe ser que en el Banco Central Europeo (BCE) hay un doble rasero de medir cuando se trata de una entidad alemana y una española.

El día 30 de junio de 2020, un ciudadano español remitió al BCE una solicitud de información sobre el escándalo WireCard, según indica la documentación a la que ha tenido acceso Diario16: «Solicito la documentación relativa al caso Wirecard disponible por el BCE. También les solicito me faciliten información sobre las implicaciones económicas de este caso en las inversiones hechas por el BCE. ¿Ha invertido algún capital en esta empresa o en empresas afectadas por el escándalo? ¿Me pueden indicar el montante que han perdido con el escándalo los ciudadanos europeos? Y dado que disponen de licencias bancarias les solicito como regulador me expliquen ¿Cómo se les han podido traspapelar casi 2.000 millones de euros?».

El BCE remitió una serie de documentos al ciudadano. Sin embargo, no eran los más importantes y, ante las reiteradas peticiones, el supervisor financiero de la Eurozona indicó lo siguiente: «Lamentamos comunicarle que el BCE no puede divulgar documentos referentes a la decisión sobre la propuesta de adquisición de una participación cualificada en Wirecard Bank AG en el contexto de una reorganización interna prevista del grupo Wirecard en 2019. Estos documentos forman parte del expediente administrativo relativo a la propuesta de adquisición de una participación cualificada en Wirecard Bank AG y no se puede conceder acceso a ellos (ni total ni parcial), ya que tanto los documentos como su contenido están protegidos por la presunción general de confidencialidad».

El BCE se apoya en la jurisprudencia de la UE referente a asuntos de ayudas estatales y la práctica establecida en litigación e investigaciones de competencia de la UE. «Puede estimarse que existe una presunción general de no accesibilidad a un expediente administrativo si: a) los documentos solicitados pertenecen a la misma categoría o son de igual naturaleza, y b) el acceso a los documentos relacionados con determinados procedimientos es en principio incompatible con el buen desarrollo de estos. Por tanto, la presunción general de no accesibilidad permite preservar la integridad del desarrollo del procedimiento limitando la injerencia de terceras partes». Para el BCE, la presunción general significa que los distintos documentos de un expediente de supervisión se tratan de manera uniforme, y carga la responsabilidad al ciudadano ya que, según el documento, «corresponde al solicitante demostrar que la presunción general de no accesibilidad no es aplicable».

Por otro lado, el supervisor se adhiere al argumento de la confidencialidad de la información protegida para no entregar la documentación reclamada por el ciudadano. «Esta prohibición se refiere a la información en poder de las autoridades competentes que: i) no tenga carácter público y ii) cuya divulgación pueda perjudicar los intereses de la persona física o jurídica que haya proporcionado la información o de terceros, o el correcto funcionamiento del sistema de supervisión». En cuanto a los documentos solicitados, el BCE ha determinado que no tienen carácter público y que su divulgación podría perjudicar el interés general en el correcto funcionamiento del sistema de supervisión prudencial. Es decir, los mismos argumentos dados en el Caso Popular.

Además, en referencia a esto último, el BCE señala que «los requisitos de secreto profesional se han establecido para proteger no solo a las entidades de crédito individualmente, sino también el funcionamiento del sistema supervisor en general». En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se niega una información a la ciudadanía, se recurre a la seguridad nacional. En la Unión Europea, al parecer, se recurre a la seguridad del sistema financiero.

Por otro lado, para ahondar aún más en la institucionalización de la falta de transparencia, el BCE indica que los documentos solicitados por el ciudadano «afectar negativamente a la confianza de las entidades en que el supervisor tratará la información de forma confidencial. Esta confianza es esencial para garantizar el flujo de información entre las entidades supervisadas y la autoridad supervisora, que a su vez es de crucial importancia para una supervisión eficaz. Asimismo, la divulgación de esta información podría debilitar la metodología supervisora y la estrategia empleada por las autoridades competentes».

En consecuencia, la protección de los bancos se ha convertido una prioridad para la Unión Europea por encima de la defensa de los intereses de la ciudadanía. Es decir, la banca, la misma que blanquea billones de dólares de dinero negroprocedente de actividades criminales, es prioritaria frente a los hombres y mujeres que sufren desamparados los desmanes y los escándalos del poder financiero.

Y, si creen que ahí acaban los últimos movimientos de Europa para proteger a los bancos, no se pierdan la locura del ECOFIN respecto a la legalización de paraísos fiscales.