El consejo de Ministros ha desestimado la prórroga del Plan Prepara, dejando a cerca de 19.000 desempleados de larga duración, sin la ayuda mensual que rondaba los 400 o 450 euros.

La medida trataba de paliar la situación extrema de colectivos concretos, como los mencionados desempleados de larga duración o aquellos con responsabilidades familiares. El plan contaba con una gran cantidad de requisitos a cumplir, como el hecho de que solo podría solicitarse en una ocasión, y para un periodo de 6 meses.

La realidad jurídica de esta norma era en cierto modo compleja. La idea de su creación buscaba la reinserción laboral de las personas desempleadas, pero desde un aspecto de subvención económica, con el fin de que de que los beneficiarios pudieran adquirir una formación especializada durante los meses de duración.

Entre las dificultades establecidas por la falta de reinserción de los usuarios benefactores, se unía la baja capacidad de infraestructuras y medios necesarios para estas ayudas. Sin embargo, el golpe fatal fue asestado por el Tribunal Constitucional, quien dictó que la medida invadía competencias autonómicas.

A pesar de las dificultades del Constitucional, el gobierno ha tratado de mediar para que el plan continúe, pero ha decidido paralizarlo hasta que las partes: Sindicatos, Patronal y CC.AA, se pongan de acuerdo.

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