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La Audiencia Nacional se niega a investigar las presiones políticas que derivaron en la «Doctrina Botín»

Un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido no anular el auto que provocó que el Tribunal Supremo aplicara la «Doctrina Botín» que salvó al entonces presidente del Santander de ser juzgado por delitos contra la Hacienda Pública

José Antonio Gómez
Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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Tal y como publicamos en exclusiva en Diario16, el día en que se cumplía el séptimo aniversario del repentino e inesperado fallecimiento de Emilio Botín se presentó en la Audiencia Nacional una solicitud de nulidad de actuaciones que reclamaba la anulación del auto dictado por el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez que acordó el sobreseimiento libre de la causa de las cesiones de crédito que dio lugar a la Doctrina Botín.

Un escrito de más de 180 páginas presentado por Eduardo Martín-Duarte Rosa, abogado y accionista del Banco Santander, al que ha tenido acceso Diario16, denunció la nulidad de la Doctrina Botín que, según el escrito, fue la consecuencia de presuntas presiones sobre magistrados, fiscales y abogados del Estado intervinientes en la causa que se produjeron por la actuación de los gobiernos del Partido Popular de José María Aznar y del Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, capitaneadas, según la denuncia, por los exvicepresidentes de Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y Rodrigo Rato.

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido no investigar dichas presiones con un auto que, presuntamente, incurre en conceptos oscuros, errores, defectos y omisión de pronunciamientos.

El auto de la Sala de lo Penal no tiene mención alguna al ponente que propuso y redactó la resolución, además de que, en la terna de magistrados y magistradas, no aparece siquiera la actual presidenta de la Sala, Concepción Espejel. Teniendo en cuenta la gravedad del asunto tratado, resulta, cuanto menos sorprendente, que no fueran llamados a formar Sala todos los magistrados que la componen o por qué se recurrió al magistrado Fermín Javier Echarri Casi, en comisión de servicio en la Audiencia Nacional, en vez de formarse Sala con sus miembros titulares, es decir, la propia Espejel, Francisco Javier Vieira Morante o Juan Ramón Sáez Valcárcel.

Argumentos arbitrarios

El auto de la Sala de lo Penal, además, sostiene la decisión de no investigar las presiones políticas ejercidas sobre la Audiencia Nacional para salvar a Emilio Botín haciendo una mención reiterada a artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y a conceptos de indefensión que no fueron invocados en la solicitud de nulidad de actuaciones y que no son aplicables a la nulidad solicitada por intimidación a través de presuntas presiones, injerencias y coacciones.

En concreto, según el escrito de aclaración remitido a la Audiencia Nacional, al que Diario16 ha tenido acceso, «a la nulidad invocada sólo y exclusivamente le es aplicable el artículo 239 LOPJ que es el precepto especial y específico que se refiere a la tramitación de la nulidad por violencia o intimidación (léase presiones, injerencias, etc.)».

Sin embargo, en el auto dictado por la Audiencia Nacional no se incluye ningún argumento señalado en el artículo mencionado que, además, no hace ninguna mención a plazos de prescripción o caducidad, por lo que lo indicado en el auto no es aplicable a la solicitud de nulidad. En concreto, en el escrito de aclaración se señala que «al ser una nulidad de pleno derecho resulta perpetua e insubsanable por el transcurso del tiempo».

Nulidad del auto, no de la Doctrina Botín

El auto, además, señala que la solicitud de nulidad del auto que derivó en la «Doctrina Botín» está sustentada en «informaciones periodísticas» que la Sala de lo Penal califica de «inocuas» y que no existe «constancia fehaciente del más mínimo indicio» de las presiones e injerencias políticas sobre los magistrados de la Audiencia Nacional.

Por otro lado, el auto señala falta de competencia para anular la «Doctrina Botín», a la que se refiere como doctrina procesal consolidada. Sin embargo, según indica el escrito de aclaración, «es evidente que la Ilma. Sección Primera ha confundido cual es la pretensión impetrada y su obligación legal (ex art. 239 LOPJ), ya que no es la modificación de una doctrina procesal consolidada”-como erróneamente dice el auto-, sino que “declare la nulidad del Auto de 20-12-06 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Roj AAN 265/2006) dictado en el Rollo de Sala nº 4/06 dimanante del Procedimiento Abreviado nº 53/92 así como las solicitudes de sobreseimiento interesadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y demás resoluciones y actuaciones cuya nulidad derivase de la del AAN 265/2006 y de las presiones, injerencias, intromisiones denunciadas”como expresa y literalmente se interesa en el suplico de nuestro escrito y establece el artículo 239 LOPJ».

Además, el auto esgrime esos argumentos sin haber admitido a trámite la petición de nulidad y realiza una serie de unas consideraciones en las que evita entrar a examinar sobre los razonamientos jurídicos planteados en la solicitud de nulidad a los que ni siquiera se hace mención.

Indicios evidentes de presiones e injerencias políticas

El escrito de aclaración señala que, en primer lugar, sería procedente la admisión a trámite del incidente de nulidad antes de resolver sobre el mismo «máxime existiendo indicios sobrados, conocidos por todos los españoles, sobre las innegables presiones, injerencias e intromisiones políticas y económicas que se llevaron a cabo para que se dictase» el auto que archivó el caso de las cesiones de crédito.

El escrito de aclaración señala que el auto elude reparar en que la nulidad reclamada se sustenta en indicios y motivaciones puramente jurídicas, no periodísticas. En primer lugar, se señalan los votos particulares de la propia sentencia del Tribunal Supremo o las sentencias contra la Doctrina Atutxa que demostrarían que la Doctrina Botín no está tan consolidada como señala el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Por otro lado, el auto no hace mención ninguna a las cartas remitidas por Emilio Botín presionando al entonces secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, las grabaciones de la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o la declaración judicial de Rodrigo Rato.

El mejor ejemplo de ello se halla, precisamente, en la grabación a María Teresa Fernández de la Vega en la que se escuchaba perfectamente cómo la número 2 del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero manifestó al jefe del departamento de estudios de Banco Santander, Ignacio Rupérez, que ya se había encargado de solucionar el asunto de las cesiones de crédito que tanto preocupaba a Emilio Botín y que «no habrá problemas» al respecto.

Rodrigo Rato, en declaración judicial ante el juez José María Sierra Fernández, acusó a Fernández de la Vega de favorecer a Emilio Botín «al haber ordenado el sobreseimiento de la causa de las cesiones de crédito», señala el escrito de aclaración.

Otras presiones

Por otro lado, tal y como publicamos en Diario16, una serie de documentos presentados recientemente en una denuncia indican presuntas presiones contra un magistrado que, supuestamente, podrían haber condicionado su decisión respecto a una querella presentada contra un exfiscal.

En concreto, se trataría del magistrado Carlos Granados quien, presuntamente, recibió una nota en la que se indicaba lo siguiente: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un depósito de 1.000.000 € que Emilio Botín le abrió en Suiza el pasado mes de febrero en compensación por tus gestiones acerca del problema personal del banquero con la justicia».

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