El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dicta medidas cautelares a tres de los investigados en el marco de la pieza separada 4 (proyecto Pit) de la denominada “Operación Tándem”, por la que se encuentra en prisión el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Para el hijo del excomisario, José Manuel Villarejo Gil, el juez le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales, prohibición de salida del territorio español sin autorización judicial y entrega de pasaporte.
En el caso de Antonio Bonilla, el magistrado le deja en libertad provisional condicionada al ingreso de una fianza de 15.000 euros que deberá depositar antes del 24 de julio. El juez le advierte que de no consignarse la fianza ingresará en prisión. Además, como medidas aseguratorias, el magistrado fija la prohibición de abandonar el territorio español sin autorización judicial, entrega de pasaporte y presentaciones quincenales en el juzgado más cercano a su domicilio..
En el caso del exembajador Julio Ligorría, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 igualmente le prohíbe abandonar el territorio español sin previa comunicación al juzgado y comparecencias mensuales.
En sus autos, el juez recuerda que esta causa se sigue por delitos de cochecho internacional, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental, encubrimiento, blanqueo de capitales y organización criminal.
García Castellón relata cómo los ya investigados Villarejo y Rafel Redondo, en el marco de la organización criminal de la que formaban parte, recibieron pagos a través de dos de las mercantiles de su compleja estructura societaria a cambio de la prestación de servicios incompatibles con la función de comisario del Cuerpo Nacional de Polícía que en aquella época ostentaba Villarejo.
Los servicios contratados con sus clientes tenían un contenido manifiestamete ilícito, según el juez, “al menos por lo que respecta a la obstaculización de una orden internacional de detención para extradición y otros servicios de carácter delictivo que se enmascaran bajo el eufemismo <la adecuada defensa legal en el sentido más amplio> a desarrollar en Guatemala, en los Estados Unidos y en España”.
Describe el juez el papel del policía Bonilla y del exembajador Ligorría, que en el caso del primero vendría dar cobertura a los servicios contratados facilitando los datos necesarios para llevar a efecto sus fines criminales.
Si sr, sres. jueces prision, fianza ,libertad condicional todo muy bien.Pero que pasa sres jueces con los ladrones del Banco Popular? para estos no hay prision despues de robar a mas de 300.000 familias españolas.Mucho rollo por cuatro pelagatos pero nada por solucionar el mayor roba en la historia de europa.